Por Fernando “Pino” Solanas

¿La sociedad permitiría que Jorge Rafael Videla asumiera como senador de la Nación? Seguramente no, porque una gran movilización social lo hubiera impedido. La paradoja es que otro ex presidente, responsable de tantas o más muertes que aquél y con varias causas penales en curso, logró que la Comisión de Asuntos de Constitucionales del Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner aprobara su mandato. Carlos Saúl Menem, el símbolo y paradigma del saqueo en la Argentina, pudo prestar juramento en el Senado sin una seria oposición en la Justicia y sin ninguna movilización en su contra: como si el silencio fuera una forma de aceptación o perdón. Tampoco se escucharon voces de protesta en la Cámara de Diputados, donde se desarrolló una correcta acción para impedir que asumiera el ex comisario torturador Patti. ¿Cómo fue posible que el hombre que huyó de las elecciones de 2003 y hasta hace pocos meses pedía refugio en Chile acosado por los reclamos de la Justicia argentina pudiera regresar y que las causas penales se durmieran permitiéndole ser electo senador para gozar de inmunidad parlamentaria hasta que los procesos caduquen? ¿De qué forma fue cambiando su imagen mediática por la de un anciano pintoresco complicado por asuntos conyugales, hasta lograr esta suerte de olvido y perdón? ¿Qué hizo que el asombro o la indignación no se manifestaran en la calle? ¿Dónde quedó el reclamo masivo “que se vayan todos”?
Se dirá que Menem y sus cómplices no fueron iguales a los jefes del terrorismo de Estado, ni los únicos responsables, en tanto meros ejecutores de un plan concebido por grandes corporaciones y organismos internacionales. El terror represivo fue reemplazado en democracia por una violencia cotidiana y silenciosa que mata a largo plazo. Menem, junto a otros como Cavallo, Juan José Llach, Roque Fernández, Fernando de la Rúa, José Luis Machinea y también los Camdessus, Ficher, Krueger y Rato, deberán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Ellos diseñaron y/o ejecutaron políticas de ajuste que terminaron ocasionando decenas de miles de muertes por desnutrición y enfermedades curables, como dan cuenta las estadísticas oficiales. Más muertos que todas las víctimas del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas: un genocidio social del que la sociedad y los medios no se hicieron eco.
En Carlos Saúl Menem se concentran, además, tantos delitos contra la Nación que puede ser juzgado como uno de “los infames traidores a la Patria” de acuerdo con la Constitución Nacional (art. 29 y 119) y al Código Penal (art. 214 y 215), como expone la denuncia que presentamos ante el procurador General de la Nación, con Bernardo Alberte h., Norberto Galazo, Ana Lorenzo y otros ciudadanos. Recordemos que, entre otras acciones, Menem multiplicó varias veces la deuda externa soslayando al Congreso Nacional; destruyó un patrimonio público acumulado por generaciones de argentinos; remató sin tasación ni balance y a la quinta parte de su valor real los yacimientos hidrocarburíferos y las empresas de servicios públicos. Fue quien cedió tierras, lagos, usinas, caminos, puertos, la flota mercante y la mayor fábrica de aviones del Hemisferio Sur. Destruyó el más extenso sistema ferroviario del continente, que fabricaba rieles, vagones y locomotoras, iniciando la mayor ola de quebrantos, despidos y pobreza de la historia nacional que culminara con la extranjerización de la economía. Conculcó derechos sociales adquiridos destruyendo el sistema jubilatorio; entorpeció la investigación del atentado a la AMIA; constituyó una asociación ilícita con sus ministros para otorgarse sobresueldos y ejecutar acciones mafiosas como el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero con cientos de víctimas inocentes. Es posible seguir enumerando la historia de su impunidad: ¿cuántos asesinatos y falsos suicidios ligados a los accionares ilícitos del menemato quedaron sin condena?; ¿quién indemnizará a las víctimas sociales de sus planes de ajuste?
La violación de los derechos sociales es también una forma de la violación de los derechos humanos. ¿Puede haber olvido o perdón frente a tantos ultrajes? Si estos actos no son gravísimos delitos contra el pueblo y la Nación, ¿cuáles otros hubieran hecho falta para hacer intervenir a los ministros de Justicia, procuradores y fiscales, para impedir que Carlos Menem llegara a senador? Si una sociedad no es capaz de juzgar los delitos contra el Estado y su patrimonio, ¿puede reconstruirse una conciencia ciudadana solidaria que sea custodia de una administración transparente de los bienes públicos? Se ha bajado con firmeza el retrato de Videla y las leyes de impunidad fueron anuladas, pero la imagen de Menem sigue en la pared: las mafias de la patria financiera y contratista continúan sobreviviendo a los gobiernos y no hay señales de que se pretenda investigar el saqueo del patrimonio público. ¿Cuántas movilizaciones harán falta para que los argentinos podamos juzgar a los responsables de la más perversa agresión en democracia? ¿Cuánto más deberemos soportar la impunidad y vergüenza que, otra vez, expresa el Senado de la Nación?