El año que siguió a la tragedia de República Cromañón fue el de la intensificación de los controles: el Estado, que hasta ese momento había presentado falencias o no había sido lo suficientemente estricto en el contralor de actividades críticas, con riesgo para la seguridad de las personas, puso énfasis en la sanción de normas más rigurosas, primero, y en la ejecución de inspecciones sistemáticas: en total hubo 22.300 verificaciones en locales con riesgo potencial para las personas, desde discotecas a hoteles, pasando por shoppings, restaurantes, geriátricos y escuelas privadas. De ellas, 1480 (el 7 por ciento) terminaron en clausuras, por presentar falencias serias. Pero aún quedan asignaturas pendientes: el sistema para atender catástrofes –coordinado entre la Nación y la Ciudad– aún no está preparado para responder a hechos de gran magnitud, como el que se recuerda hoy, según admite una alto funcionario del gobierno porteño. Desde el Ejecutivo, reclaman la sanción de un nuevo Código de Faltas, con penas más duras, “para que las sanciones a los infractores dejen de ser simbólicas”, y nuevas normas para las habilitaciones comerciales y la construcción de edificios. Para los legisladores consultados por este diario, aún falta incrementar y modernizar la planta de inspectores y sancionar normas que regulen el funcionamiento de microestadios y locales como Cromañón, para que las bandas de rock puedan volver a tocar pero en forma segura.
El incendio que provocó la mayor tragedia por causas no naturales en la ciudad de Buenos Aires obligó a barajar y dar de nuevo en materia de habilitaciones. Todos los boliches fueron clausurados hasta que se adecuaron a las nuevas normativas: salidas de emergencia, capacidad de público, seguro de responsabilidad civil y cobertura de emergencias médicas. Resultado: de los 105 boliches bailables que había hace un año solo alcanzaron a cumplir los requisitos 67. Los otros 38 nunca pudieron reabrir.
Los controles se hicieron extensivos, de inmediato, a otras potenciales bombas de tiempo que funcionaban en la ciudad: estaciones de servicio, cines, teatros y sho- ppings cayeron bajo la lupa oficial y en muchos casos sufrieron clausuras hasta que pusieron en orden sus condiciones de seguridad. En marzo, la Secretaría de Seguridad elaboró una “matriz de riesgo”, que incluyó a todos los establecimientos y actividades capaces de poner en peligro la integridad física y la salud de la población. El objetivo: en un año debían ser fiscalizados todos los locales incluidos en ese universo de riesgo. Para eso, se reestructuró el cuerpo de inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control, con la creación del Area Especiales, que agrupa, además de los locales bailables, a hoteles geriátricos, sho-ppings, clubes, cines, teatros, escuelas privadas, clínicas y sanatorios, estaciones de servicio, fábricas y grandes locales. “Se han inspeccionado ya el 100 por ciento de las estaciones de servicio y los colegios privados. Para marzo estará completa la inspección a todos los locales que están funcionando”, dijo a Página/12 el secretario de Seguridad porteño, Diego Gorgal (ver recuadro).
Al margen de las nuevas normativas para boliches, no ha habido demasiados cambios en la reglamentación para habilitaciones. Para la diputada Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), la Legislatura se ocupó más de la investigación de las responsabilidades que de la modificación de la normativa vigente, para adaptarla a la realidad posterior a Cromañón”. Como ejemplo, destacó la ausencia de normativas para el funcionamiento de salas para conciertos de grupos musicales. “No se puede restringir la producción cultural, que es esencial para los jóvenes. Debe haber espacios aptos para que las bandas recorran el camino que va desde el garage de su casa al Estadio Obras”, opinó. En cuanto a la tarea del Ejecutivo, la legisladora kirchnerista destacó como positiva la implementación de un sistema de control más eficaz, “ya que la norma sola no garantiza laseguridad”, y subrayó como asunto pendiente el control del personal de seguridad privada, los denominados patovicas.
Para el diputado Martín Borrelli, de Compromiso para el Cambio, “no es imprescindible cambiar las normativas porque con las leyes vigentes Cromañón debió estar cerrado”. El legislador macrista sostiene que “debería incrementarse el cuerpo de inspectores, que actualmente cuenta con 240, un número insuficiente para controlar a todo el universo de locales de la ciudad”. De los 240 inspectores, 150 están dedicados al control de las Areas Especiales, las de mayor riesgo, que involucran en total cerca de 90 mil locales. Para este año, la Legislatura aprobó un incremento presupuestario como para aumentar la cantidad de personal entre el 40 y el 50 por ciento. “Los inspectores serán seleccionados por concurso”, adelantó Gorgal.
Borrelli también sugirió la implementación de “nuevas tecnologías” para realizar las inspecciones y “almacenar los datos en archivos digitales, con el historial de cada local y de cada comerciante”. El legislador admite que “debería modificarse el Código de Habilitaciones, para permitir que en los bares, cafés, restaurantes y pubs puedan organizarse bailes”.
Justamente este tipo de locales son los que más dolor de cabeza le dan a las autoridades de control. No contemplados en el Registro Público de Locales Bailables, los inspectores de Fiscalización y Control detectaron en 370 oportunidades que, en esos lugares, después de correr mesas y sillas, se conformaban verdaderas pistas de baila. En total, hasta el 7 de diciembre se realizaron 370 clausuras en 322 locales, con lo cual en algunos de ellos se realizaron hasta tres o cuatro clausuras durante el año.
La impresión que existe en el Ejecutivo es que las sanciones no son suficientes para disuadir a los empresarios para no trasgredir las normas. “Con multas de 300 a 500 pesos, les conviene más pagar y seguir cometiendo infracciones”, dice el secretario Gorgal, quien reclama a la Legislatura la sanción de un Código de Faltas “más severo y ágil”. Hoy, las penas a los infractores son impuestas por los controladores de la Dirección de Infracciones, que pueden aplicar desde un apercibimiento hasta una multa. “Los empresarios que ponen en riesgo la integridad física de las personas deben recibir sanciones fuertes”, como la inhabilitación, dijo Gorgal a Página/12. Para el funcionario, “el Código de Faltas es, en materia de seguridad, más importante que el Código Contravencional, ya que se refiere a las normas de seguridad alimentaria, de la industria y del tránsito”.
El macrista Martín Borrelli coincide en que el Código actual es “demasiado laxo y permisivo, ya que el pago voluntario de una infracción elimina automáticamente el antecedente, con lo que no se aplican los agravantes por reincidencia”. “Las sanciones deben llegar hasta la pérdida de habilitación para los infractores que reinciden”, agregó.
En cambio, para la kirchnerista Silvia La Ruffa “el aumento de penas no necesariamente disminuye la comisión de infracciones”. Reconoce, no obstante, que los montos de las multas quedaron retrasados, con valores de los años de la Convertibilidad.
Entre los asuntos pendientes, Gorgal se refirió a la sanción de un nuevo Código de Habilitaciones y de un Código de Edificación. “Sobre la base del trabajo que este año hizo un equipo de especialistas del INTI, la Universidad Tecnológica Nacional, el Centro de Ingenieros y la Sociedad Central de Arquitectos, convocados por el jefe de Gobierno, un equipo está redactando los proyectos de ley que serán enviados a la Legislatura”, dijo el secretario. “Habrá tres tipos de habilitaciones: la de baja criticidad, (por ejemplo, una mercería), que se habilitará sólo con una declaración jurada; las de media (un restaurant), que podrá funcionar con la habilitación en trámite, y la alta, como los geriátricos, que solo podrán trabajar con la habilitación otorgada”, explicó.
Todo indica que el próximo año la seguridad estará nuevamente en el primer lugar de la agenda porteña.