Muchos se encuentran procesados e incluso algunos cargan con sentencia firme. Pero gracias a los favores de la edad, la mayoría de los represores no está en prisión. Se trata de un reclamo que tiene larga data entre los organismos de derechos humanos y que podría, por primera vez, tener una repuesta concreta desde el Gobierno, con un proyecto que está elaborando la Secretaría de Derechos Humanos para anular el beneficio de la prisión domiciliaria. Su presentación se prevé en los próximos meses y podría afectar a un gran número de ex militares que gozan de esa situación.

La medida viene siendo elaborada por la secretaría que encabeza Eduardo Luis Duhalde. Si bien desde esa cartera evitaron dar información, la idea es dar curso a un viejo reclamo de las organizaciones que exigen “prisión común” para los represores. Según pudo saber este diario, la iniciativa podría tomar forma definitiva para marzo, en coincidencia con el 30º aniversario del golpe de Estado. La intención es reformar el sistema penitenciario y dejar sin efecto el arresto en sus casas, con el que varios represores han sido beneficiados por tener más de setenta años o enfrentar algún tipo de enfermedad. Tal es el caso de Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Eduardo Massera o Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Recientemente la cuestión fue eje de debate a raíz de un fallo de la Cámara Federal, que decidió cambiar la custodia de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros ocho imputados en la causa ESMA, por oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Si bien los ex miembros de la Armada continuarán detenidos en sedes militares, la decisión de los camaristas alteró sustancialmente su condición de reos, ya que sus horarios y condiciones pasaron a regirse de acuerdo con el reglamento penitenciario. El cambio de las custodias se concretó a partir del planteo presentado por los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, querellantes de la megacausa de la ESMA en manos del juez federal Sergio Torres. “Habrá de receptarse favorablemente la petición en relación con la custodia que debe prestar el SPF, pues mantener la que actualmente vienen prestando las Fuerzas Armadas, cuyo destino ha sido creado para fines diferentes, significa una improcedente asignación de tareas”, destacó el fallo de la Sala II de la Cámara.

Sin embargo, la medida fue criticada por los organismos de derechos humanos, que la consideraron insuficiente. Fundamentalmente, el tribunal rechazó alojarlos en celdas comunes argumentando cuestiones de seguridad.

En ese sentido, el fallo constituye un avance en la materia pero aporta un antecedente que puede ir en contra de las intenciones que tiene la secretaría de Duhalde. Asimismo, para esta semana la Cámara de Mar del Plata debería expedirse sobre el caso del general retirado Pedro Mansilla, acusado por la desaparición de Carlos Labolita y sobre quien pesa una apelación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense para dejar sin efecto el arresto domiciliario que le fue concedido a raíz de una enfermedad terminal.