La conducta del secretario de Inteligencia, Carlos Soria, será investigada por la Justicia porque los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan consideraron que existen indicios suficientes para imputar al funcionario, acusado de haber reclamado a jueces federales el arresto del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y de los banqueros Carlos Rohm y Eduardo Escasany, bajo amenaza del Gobierno de colocarlos en comisión. Esto ocurrió a mediados de enero en reuniones de las que participaron dos camaristas, seis jueces federales y miembros de la Corte Suprema, además de Soria. Además, a partir de esta revelación, publicada el 7 de abril por Página/12, la jueza María Servini de Cubría podría ser apartada de la causa en la que puso preso a Rohm. Por su parte, el Consejo de la Magistratura analiza el posible juicio político de esos jueces.
“Un ministro del Gobierno nacional reclamó a dos camaristas (Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo) y a seis jueces federales (Juan José Galeano, María Servini de Cubría, Jorge Ballestero, Jorge Urso, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío) la detención de Domingo Cavallo, y de los banqueros Eduardo Escasany y José y Carlos Rohm, y los amenazó con la puesta en comisión si no lo hacían. La intimación se formuló en enero y Carlos Rohm fue detenido días después. Su hermano José logró escapar, primero a Suiza y luego a Estados Unidos. Cavallo fue detenido por el juez en lo penal económico Julio Speroni; Rohm, por la jueza Servini de Cubría.” Así comienza el artículo publicado hace dos meses por Horacio Verbitsky en este diario. Aunque Cavallo acaba de recuperar su libertad, inició una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la manipulación de la Justicia que evidenciaría este caso.
Los fiscales Amirante y Marijuan impulsaron tres denuncias, una de ellas presentada por el abogado Hugo Wortman Yofré como apoderado del ex ministro de Economía, y en su dictamen establecieron la necesidad de investigar la presunta conducta delictiva de Soria, aunque aún sin calificarla. También recusaron al juez del caso, Claudio Bonadío, porque figura entre los asistentes a las reuniones con el secretario Soria. El único ausente en el encuentro fue el juez Norberto Oyarbide, pero las fuentes judiciales consultadas por Página/12 estimaron que la causa finalmente quedará en manos de la Justicia ordinaria porque el ahora imputado jefe de los espías participó del juicio político de ese magistrado y debería excusarse de intervenir al igual que el resto de sus colegas. De hecho, cuando los jueces federales fueron acusados de enriquecimiento ilícito, los investigó el juez de instrucción, Ismael Muratorio.
Además del Consejo de la Magistratura, también pidió copias de la causa la Sala II de la Cámara Federal porque tiene que resolver la apelación de los abogados de Rohm al rechazo de la jueza Servini de Cubría de apartarse de la investigación contra los hermanos dueños del Banco General de Negocios. Los letrados la recusaron por haber participado de una de las reuniones en la que Soria pidió la detención de su cliente, pero la magistrada adujo que eso ocurrió en un segundo encuentro, al que dice no haber asistido, que se concretó en la casa de Riva Aramayo y al que concurrió el juez Sergio Torres. “A mí ya me pusieron en comisión los militares. De nuevo no me joden”, le replicó la camarista a Soria. La primera reunión había tenido lugar en el departamento del administrador de la Corte, Nicolás Reyes.