La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comprometió a hacer un seguimiento de la investigación del violento desalojo que sufrieron las familias que habían ocupado un barrio del Fonavi en la ciudad de Puerto Vilelas, Chaco, y a supervisar que la Justicia actúe en forma “imparcial y exhaustiva”.

Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, luego de recibir a dos vecinos damnificados, Graciela Pérez y Juan Carlos Vallejo, quienes fueron acompañados por los diputados chaqueños María Chomeak y Daniel Sancristóbal. El funcionario le envió además una carta al vicegobernador chaqueño, Eduardo Moro, ofreciendo asistencia para la formación policial en materia de derechos humanos y “en el empleo de armas de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad”.

El diputado Sancristóbal sostuvo que hay “sospechas sobre la existencia de presiones por parte del gobierno chaqueño a la Justicia”. Agregó que el desalojo de los vecinos que habían ocupado las viviendas del Fonavi luego de que sus casas precarias fueran arrasadas por un temporal, fue realizado a partir de “una habilitación de feria, sin fundamento; no se notificó a las partes y el procedimiento se realizó sin supervisión”.

En ese sentido, cuestionó la actuación del fiscal de feria Miguel Fonteina, quien había solicitado el desalojo, que se realizó en forma violenta y con la utilización de balas de goma. La mayor parte de las familias desalojadas ya regresó a sus viviendas reconstruidas o se reubicó en casas de familiares pero quedan grupos que permanecen en escuelas, en condiciones precarias.