Una semana después del salvaje desalojo que sufrieran unas doscientas familias en la localidad chaqueña de Puerto Vilelas, el Gobierno se involucró de lleno en el caso. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, prometieron a un grupo de los afectados que darán una solución habitacional. Luego repudiaron la represión y aseguraron que la Casa Rosada presionará para que se investigue la actuación de la policía de la provincia. Tras la reunión con Parrilli y Fernández, los vecinos desalojados –que estuvieron acompañados por dos legisladores provinciales del kirchnerismo– criticaron al gobernador, Roy Nikisch, de la UCR, y al intendente de Puerto Vilelas, Alfredo Ortigoza, también radical.

La delegación que representaba a las familias damnificadas estaba compuesta por Claudia Pérez, Leopoldo González y Juan Carlos Vallejos, víctimas de la represión (Vallejos apareció en primer plano en la cobertura televisiva. Era el hombre mayor, ensangrentado, que recibía patadas en el piso), más los legisladores del Frente para la Victoria, Daniel Sancristóbal y María Luisa Chomeak. Llegaron a Buenos Aires el jueves con la intención de hacer una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos. Los recibió el subsecretario del área, Rodolfo Mattarolo, quien se comprometió a garantizar una “investigación independiente”.

Ayer, el propio Mattarolo dijo que ese organismo “se comprometía a colaborar en el seguimiento de la investigación y ver qué ocurre con las denuncias ya presentadas por lesiones”. Luego expresó la “profunda preocupación de la Secretaría para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial”. Inicialmente, el gobernador chaqueño había avalado la acción de la policía y había responsabilizado por los incidentes a un pequeño grupo de “encapuchados”. A las pocas horas, Nikisch cambió de postura: ordenó investigar a los agentes que habían actuado en el operativo y no descartó aplicar sanciones administrativas.

La delegación chaqueña pensaba que había terminado su raid por Buenos Aires cuando recibieron un llamado inesperado de la Casa Rosada. Por orden del Presidente, los invitaron a presentarse en Balcarce 50. Entonces se concretó la reunión con Parrilli y Fernández. Como ya había hecho Mattarolo, los dos funcionarios se comprometieron a investigar el accionar de la policía. Por las familias desalojadas estuvieron Vallejos, Pérez y González. Los acompañaron, nuevamente, Sancristóbal y Chomeak.

En la charla con Parrilli y Fernández, los chaqueños recibieron otra promesa: les aseguraron que el secretario de Obras Públicas, José López, se comprometía a implementar la construcción de viviendas para las doscientas familias reprimidas. Tras el operativo en el barrio Fonavi de Puerto Vilelas, los damnificados quedaron repartidos en distintos lugares: una parte volvió a sus ranchos, otros optaron por alojarse en casas de familiares y unas setenta personas se instalaron en escuelas, desocupadas temporariamente por las vacaciones. El grupo de chaqueños completó su desfile por organismos públicos con una visita al ministerio de Desarrollo Social, donde les prometieron subsidios. “Vinimos a ejercer algún tipo de presión porque la contención de la provincia y el municipio es bastante mala”, resumió Sancristóbal a Página/12. Un dato no debe ser pasado por alto: Chaco es gobernada por un radical, Nikisch, aunque el verdadero jefe político de la provincia es el diputado Angel Rozas, el ex presidente de la UCR.