Ahorristas damnificados por la confiscación de depósitos provenientes de todo el país se reunieron ayer en Buenos Aires. Alrededor de 3000 personas autoconvocadas coparon el teatro Metropolitan. Los ahorristas decidieron hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agruparse “por banco” para demandar a las casas matrices de las entidades, tanto en los tribunales nacionales como extranjeros. También resolvieron realizar una marcha el próximo 19 de junio en defensa del orden constitucional y por el respeto de la propiedad privada. Las medidas, aprobadas por aclamación, fueron explicadas por algunos de los participantes como una etapa diferente en la lucha contra el corralito, donde la protesta de las cacerolas comienza a ser reemplazada por otras formas.
La reunión estaba convocada desde tiempo atrás, pero el fallo de la Justicia española habilitando el reclamo de ahorristas argentinos ante la casa matriz del Banco Río, el Santander Central Hispano –detallada por Página/12 en su edición de ayer– cayó en suelo fértil. Los expositores fueron los abogados Raúl Maldonado y Juan José Guareschi, y ahorristas mexicanos que lucharon contra las confiscaciones generadas por la crisis del Tequila.
Además de copar el teatro, alrededor de tres cuadras de ahorristas aguardaron afuera los acontecimientos. Finalmente, los manifestantes completaron el encuentro marchando hasta el Obelisco. Aunque se trataba de encontrar formas nuevas para vivificar los reclamos, el sentimiento generalizado era simple. Las voces se unieron en un solo coro: “Chorros, chorros, chorros, devuelvan los depósitos”.
En su exposición, Maldonado se abocó a demostrar que la responsabilidad jurídica de las filiales locales de los bancos extranjeros puede hacerse extensiva también a las casas matrices. Para ello, el abogado –quien también es un damnificado del grupo canadiense Scotiabank, la matriz que abandonó a su suerte al local Scotiabank Quilmes– recordó la profusa jurisprudencia existente en la legislación argentina, entre la que destacó la sentencia de quiebra contra el frigorífico Swift dictado por el juez Salvador María Lozada en noviembre de 1971.
Según explicó Maldonado a este diario luego de su exposición, en el caso Swift se rechazó el acuerdo alcanzado entre el frigorífico y sus acreedores, pues el 40 por ciento los créditos verificados correspondía a empresas del Grupo Deltec, la firma multinacional que controlaba Swift.
El fallo reconoció que Deltec actuaba como un “grupo económico”, en el cual “...una pluralidad de sociedades jurídicamente autónomas está sujeta a la iniciativa económica y financiera de un solo controlante”. La conclusión del juez Lozada, reseñó Maldonado, fue que la personalidad jurídica de las empresas del Grupo Deltec había sido utilizada con abuso y fraude a los acreedores e intereses de terceros.
En 1974 la Corte Suprema validó la quiebra del Grupo Deltec. De acuerdo a la opinión de Maldonado, vivamente compartida por los ahorristas, basta con cambiar “Swift” por el nombre de cualquier filial bancaria argentina y “Grupo Deltec” por el de la casa matriz del banco en cuestión para reconstruir una situación similar. Por último, Maldonado también recordó jurisprudencia más cercana, como la del fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro determinando que el grupo internacional Banca Nazionale del Laboro sea financieramente solidario con su sucursal argentina.
La exposición de Maldonado dio lugar a que los ahorristas decidieran, votando por aclamación, la necesidad de agruparse entre los damnificados de cada banco para accionar conjuntamente contra las matrices. En ello también fue un aliciente el fallo de la jueza española María de los Desamparados Delgado Tortosa, conocido el pasado lunes, que habilitó a ahorristas argentinos a litigar en España, y a hacerlo contra las matrices españolas de los bancos argentinos. Además de por esta vía judicial directa, también se decidió continuar con la internacionalización del problema del corralito iniciada en España. Luego de la exposición brindada por el abogado Guareschi acerca de las posibilidades de accionar ante los organismos internacionales de justicia, los ahorristas acordaron hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.
Otro de los damnificados por el corralito que se contó entre los principales impulsores del encuentro del Metropolitan fue el actor Nito Artaza. El cómico fue quien confirmó a este diario que se decidió realizar una marcha el próximo 19 de junio. Para entonces, los organizadores esperan que unos 10 mil ahorristas marchen a las 17 desde el Congreso hasta Tribunales. El lema será “la defensa del derecho de propiedad y la defensa del orden institucional”.
La masiva reunión de ahorristas de ayer muestra que, superado el shock inicial y la protesta espontánea de los cacerolazos, a la que la desesperación de los más afectados sumó los reclamos más o menos violentos contra las fortificadas sucursales bancarias, ahora se abre la etapa de una nueva organización que el Plan Bono parece no poder desactivar. La posibilidad abierta en España fue el primer paso. La lógica de los organizadores de la asamblea de ahorristas de ayer es que, aunque se trate de un avance que los bancos extranjeros intentan neutralizar, en cada negación de la relación entre filiales y matrices los bancos agregarán nuevos elementos a las demandas por presuntos fraude y publicidad engañosa iniciados ya ante la Justicia.