Los ánimos entre cada una de las partes venían más o menos encausados, hasta que al final de la tarde algo implosionó. La pequeña botellita de agua mineral de Julio César Strassera pegó un saltó en su escritorio y quedó tumbada antes de que, enérgico, el defensor de Aníbal Ibarra denunciara un complot. “¡Les pido decoro! –dijo–. Dejen de presionar a los testigos para que hablen en contra de Ibarra.” La oportuna intervención de uno de los diputados kirchneristas logró que la declaración no pasara a mayores, pero el clima de tensa calma parece una de las características que tendrá esta segunda semana del juicio político al jefe de Gobierno porteño. Se presentaron ocho de los diez testigos programados y la saga de inspecciones en Cromañón fue parte de los temas más revisados. Hoy declara el secretario de Cultura, Gustavo López.

“Este es un juicio político”, le dijo el legislador Helio Rebot a Strassera. “Para mí es un honor que usted esté presidiendo esta sala -agregó–, pero usted va a respetar al tribunal, si no el tribunal va a tomar la decisión que corresponde.” Le pidió que “guarde la compostura porque ninguno de nosotros tiene que soportar sus berrinches, como usted no tiene por qué soportar los nuestros”.

Caía la noche sobre el final de la agitada primera jornada de sesiones de la segunda semana del juicio. El día había comenzado temprano con las declaraciones de funcionarios o ex funcionarios del gobierno de la ciudad vinculados al sector de inspecciones. A esa altura, el juicio arrastraba casi tres horas de demora sobre el cronograma original, aún faltaba la declaración de tres testigos y la sala acababa de escuchar la durísima intervención del director general de la Dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad, Florencio Varela.

Como su antecesora en la audiencia y adjunta del área Graciela Feijoó, Varela fue convocado por la fiscalía por un incidente del caso Cromañón: un expediente del Sindicato de Músicos (Sadem) contra unos cincuenta boliches por falta de aportes. La denuncia de abril de 2004 incluyó a El Reventón –el mismo local que luego se llamaría República Cromañón– y a Cemento, otro de los locales del empresario Omar Chabán. A la fiscalía le interesaba conocer por qué el sindicato de músicos resignó la denuncia sin una explicación clara y por qué Varela no multó a los dueños de los boliches cuando no concurrieron a una audiencia de conciliación.

La relación del caso con la tragedia de Cromañón no era tan directa como sucedió con los testigos de la semana pasada. Pero contiene el mismo tipo de vínculo –a entender de los fiscales– que los casos que se escucharán los próximos días: los errores, faltas y omisiones de los funcionarios administrativos del Gobierno, causa del juicio a Ibarra.

En el caso del Sadem, la fiscalía cuestionó el tratamiento administrativo de la resolución y un detalle: la presencia de la apoderada del sindicato de músicos en el staff de abogados de la dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad.

–¿No cree que los cargos son incompatibles? –quiso saber un fiscal.

–No, de ninguna manera –dijo Varela y, rápido, se defendió.

Mencionó a algunos funcionarios de primera línea del gobierno nacional que no han dejado de ser apoderados de varios gremios, como, aseguró, el ministro Carlos Tomada. El último punto flojo de su declaración fue el informe sobre una nota del subsecretario del Sadem en la que desiste de la denuncia contra el boliche. La nota quedó incorporada al expediente diez meses después del último movimiento en la causa y cuando la comisión de investigaciones de la Legislatura puso el caso en estudio. A Rebot le llamó la atención. Lo dijo. Hubo una intervención más. Varela levantó la voz. La legisladora Florencia Polimeni pidió moderación. Y el director de Protección al Trabajo lanzó una durísima crítica en defensa de su gremio: los testigos que aguardan durante largas horas su turno en la trastienda del recinto legislativo.

–Hace seis horas que me tienen esperando en una sala sin aire acondicionado. ¡Y con una jarra de agua! –se quejó.

La falta de aire provocó que también se exaltara Strassera. Para aquietar las aguas, hizo falta la mediación del presidente de la Sala Juzgadora, Julio Maier, quien pidió un cuarto intermedio para terminar con los últimos testigos del día.

Fuera del caso Sadem, la acusación señaló como el dato más importante del día la presentación de los inspectores, entre ellos el ex titular de Catastro Norberto D’Andrea, en funciones desde la administración de Fernando de la Rúa en la ciudad. “Nunca vi los planos, nunca estuve en el lugar”, dijo sobre su paso por Cromañón. Cuando le preguntaron cómo, a pesar de contar con numerosas irregularidades, la instalación electromecánica del boliche fue aprobada, contestó: “No debería haber pasado nunca. Habría que preguntarle a quien puso” el sello habilitante.

D’Andrea renunció el 19 de marzo de 2003 por “un desgaste personal” y no por su relación con Aníbal Ibarra de quien, dijo, recibió siempre “apoyo institucional”. Aun así, la acusación lo consideró importante. “Sugestivamente –dijo el fiscal Jorge Enríquez–, las últimas disposiciones de trascendencia que tomó fueron las clausuras del hipódromo y un templo sobre la calle Corrientes. Con posterioridad a su renuncia, fueron reabiertos.”

Otra intervención clave fue la de Víctor Telias, coordinador de inspecciones del área nocturna. Procesado y sobreseído en la causa judicial, reconoció que su área no podía hacer inspecciones de oficio. Y que visitó Cromañón antes de la tragedia. Que fue un día que el local estaba cerrado y que reescribió la constancia luego de la tragedia a pedido de su jefe porque el informe había desaparecido. Al final del día las partes desistieron de la última testigo y aguardan el día de hoy con Gustavo López para el comienzo.