“No se prestó oídos a las alertas, hubo banalidad y desinterés por el tema”, disparó la ex defensora del Pueblo Alicia Oliveira, acerca de las advertencias que hizo la Defensoría porteña sobre el peligro de los boliches con irregularidades. Oliveira aseguró que hubo 19 “alertas institucionales” al gobierno porteño por los locales bailables mal habilitados que no fueron respondidas. “No puedo creer que sobre situaciones de riesgo no se tomaron las medidas pertinentes”, sostuvo en su testimonio durante el juicio político a Aníbal Ibarra. Por su parte, el gobernador Felipe Solá consideró que el juicio “es una carnicería política”.

Oliveira fue secretaria parlamentaria del bloque del Frente Grande cuando el suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, lo conducía. Luego pasó a la Defensoría porteña –que condujo entre 1998 y 2003–, donde se enfrentó muy duramente con Ibarra. Por último, pasó por el área de derechos humanos de la Defensoría y en los últimos tiempos acompañó la cruzada contra el jefe de Gobierno desarrollada por el legislador porteño Milcíades Peña desde Cromañón.

Al entrar al recinto, se cruzó con el abogado defensor Julio César Strassera, al que saludó con cariño. Luego, cargó contra el gobierno porteño: “Siempre hubo una relación de tirantez. El gobierno tenía 19 resoluciones de la Defensoría que informaban de las deficiencias en los locales de baile”. Los fiscales aprovecharon para leer una del 8 de mayo de 2003: “Miles de jóvenes asisten a lugares sin habilitación y sin normas de seguridad”, decía. “Con el jefe de Gobierno no hablé nunca de este tema”, mencionó Oliveira. La ex funcionaria dio detalles sobre casos puntuales. “Había un local en la calle Gascón que tenía cortinas inflamables”, dijo. “Hubo otro caso en la calle Sarmiento, que fue parecido a Cromañón, aunque no tuvo las mismas consecuencias. Fue en una fiesta de fin de año, donde alguien prendió una bengala o una bomba de humo. Hubo casos de principio de asfixia”, contó.

“Tuve muchos problemas con algún local que fuimos a inspeccionar y tenía faltas de seguridad graves. Envié al gobierno muchas resoluciones en las que explicaba que estaba muy preocupada”, destacó e indicó que no tuvo respuesta. Por último, describió la situación de otros establecimientos, como los hoteles que alquila el gobierno: “Son para gente de bajos recursos y tenían graves problemas: había hacinamiento, faltaban matafuegos, tenían malas instalaciones eléctricas o de gas”, enumeró. Cuando terminó se acercó a Strassera, le dio un beso y se retiró.

Por fuera del recinto, Solá, que nunca se mostró muy cercano al suspendido jefe de Gobierno, criticó ayer el juicio a Ibarra. “No estoy de acuerdo, porque el gobierno de Ibarra puede haber tenido responsabilidades, pero no hay que confundir responsabilidades con culpas”, aseguró. “En las democracias los juicios políticos deberían servir para que la sociedad juzgue a sus gobernantes en procesos claros, pero esto es una carnicería política”, concluyó.