El Gobierno y la Iglesia decidieron relanzar la Mesa del Diálogo Social, una iniciativa que comenzó con muchos bríos a principios de año pero luego se fue desdibujando hasta caer en el olvido. Luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, los integrantes de la Mesa decidieron que para el 9 de julio –o antes– harán firmar a los gobernadores y los jefes de los bloques parlamentarios los “Consensos para la Reforma”. Este documento es el resultado de los encuentros realizados en estos meses y, entre otras cosas, establece la caducidad de todos los cargos electivos nacionales, provinciales y municipales, una idea que la mayoría de los políticos esquiva elegantemente.
Preocupado por las quejas de los obispos, el presidente Eduardo Duhalde buscó la forma en mantener a la Iglesia en la Mesa y no se rompa lo que fue la primer iniciativa política de su gestión. Dado el perfil crítico que han adoptado últimamente el Episcopado, el Presidente entiende que es mejor mantenerlo participando de un ámbito que les permita bajar sus quejas a hechos visibles. Por eso encomendó a Atanasof que se reúna con los encargados del Diálogo y se acelere la firma del documento que todos tienen en su poder pero nadie quiere rubricar.
El encuentro se realizó ayer en la sede de las Naciones Unidas y participaron el coordinador de la ONU, Carmelo Angulo, los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Artemio Staffolani; y los representantes del Gobierno: el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, el senador Antonio Cafiero y el diputado José María Díaz Bancalari. El Gobierno ya había tenido una señal de distensión con la decisión del Episcopado de duplicar el número de representantes en el Diálogo. A los tres obispos que vienen trabajando desde enero, a partir de ayer se sumaron tres más: Domingo Castagna, de Corrientes; Agustían Radrizzani, de Lomas de Zamora y Marcelo Palentini, de Jujuy.
Atanasof ingresó promediando el encuentro. Todos coincidieron en que –como todo el país– el trabajo de la Mesa se había paralizado a la espera del acuerdo con el FMI. Y que ahora que las negociaciones parecían encaminadas, era el momento justo para relanzar el Diálogo con algunos pasos concretos. Por ejemplo, el jefe de Gabinete anunció que la semana que viene pondrá en marcha la Mesa de Reforma del Estado, algo que el Episcopado venía reclamando. Otras mesas, como la de vivienda, salud y reforma judicial, están “avanzando mucho”, al decir de un funcionario, pero el problema es siempre el mismo: los políticos que pertenecen a los partidos que adhirieron al Diálogo no quieren saber nada cuando tienen que poner la firma.
Esto se verifica en el caso de los “Consensos para la Reforma”, el proyecto que elaboró la Mesa del Diálogo para forzar la renovación paulatina de la dirigencia política. Pero como la iniciativa establece el fin de todos los mandatos y que se elija todo de nuevo, todavía ningún político lo suscribió. Por eso, la Mesa se comprometió a realizar “fuertes gestiones” para que el documento pueda lanzarse el 9 de julio o antes en un acto público en el que –imaginan– podrían participar gobernadores, legisladores, sindicalistas, empresarios y representantes de asociaciones civiles que actuarían como “garantes”. Aunque a esta altura muchos ven el acuerdo como utópico, Atanasof aseguró que el Gobierno lo pondrá en marcha cuanto antes.