Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

Las denuncias por el manejo de los planes sociales en Córdoba preocuparon al gobierno de José Manuel de la Sota al punto que ayer salió a anunciar que ampliará el presupuesto para que actúe la Fiscalía Anticorrupción y pidió a sus funcionarios que no se pusieran a la defensiva frente a las investigaciones. A las sospechas por la supuesta distribución de planes de empleo entre recomendados políticos se sumó la desaparición de 3600 bolsones con alimentos de los que reparte la Agencia Córdoba Solidaria, organismo que hace las veces de Ministerio de Acción Social en la provincia. Tres funcionarios fueron separados de sus cargos.
“He tomado la decisión de liberar a la Fiscalía Anticorrupción de las restricciones de gastos que imperan hoy en la administración pública”, anunció ayer De la Sota. En la imprevista conferencia de prensa se lo vio alterado y preocupado por pasar el mal trago: “Aún en la organización más perfecta puede existir alguien infiel que cometa un hecho delictivo. Lo importante es que se lo hagamos difícil, que le cueste mucho hacerlo y que sepa que si lo hace y lo agarramos, va preso”, señaló. Consultado por la actitud de su esposa, Olga Riutort, la funcionaria más nombrada en las denuncias presentadas, De la Sota respondió: “Yo soy quien conduce el gobierno; quiero decirles a los funcionarios que se equivocan si creen que deben defenderse frente al accionar del fiscal Anticorrupción, lo que deben hacer es cooperar, colaborar”. Un mes atrás, Riutort había dicho públicamente que le daban “pena” las investigaciones que emprendía el titular de la fiscalía, Luis Juez, en relación con la impresión de los lecop de Córdoba en Chile a un valor superior del precio de mercado.
Una empleada, que pidió a la fiscalía la protección de su identidad, fue quien aportó el dato de que el cargamento con 3600 cajas de alimentos de cinco camiones no había llegado a las seccionales 12º y 13º de la ciudad de Córdoba, donde tenían que repartirse. Hasta el momento, el gobierno separó a dos agentes y a una funcionaria de rango menor, María Aguilar, encargada de la distribución de la ayuda alimentaria en capital.
“Voluntad política”
En diálogo con Página/12, Juez señaló que llegar a la verdad “no es un problema de plata sino de voluntad política”. Dijo que De la Sota lo apoya pero que “pareciera que la orden no se transmite como corresponde”. Sobre la desaparición de los bolsones, anunció que en los próximos días hará una presentación penal que involucra a funcionarios de acción social. “Ayer estaban más preocupados por saber quien había hecho la denuncia que por determinar dónde se perdió lo que falta”, afirmó el fiscal, y reveló que se están persiguiendo a los empleados jerárquicos que fueron a declarar.
La semana pasada, el ex subdirector de Empleo de la provincia, Alberto Villa Uría, complicó las cosas puertas adentro del gobierno cuando presentó gran cantidad de documentación en la justicia federal y en la fiscalía Anticorrupción que, a su juicio, demostraría que miles de planes de empleo en Córdoba se otorgaron con favores políticos mediante. Según Villa Uría, existían dos vías para ingresar las solicitudes de los subsidios, una aparente donde las fichas quedaban cajoneadas y otra paralela donde se les daba curso, según la prioridad del dirigente, empresa o funcionario que las “apadrinaba”.