Luego de un largo tira y afloje entre la Legislatura y el Ejecutivo, el gobernador bonaerense Felipe Solá aprobó el uso de tragamonedas en los bingos de la provincia por decreto “dada la diferencia que existe entre los tiempos políticos y los tiempos de la pobreza, ya que me permitiría completar una primera entrega de 50 pesos en becas del Polimodal”, dijo.
Las máquinas tragamonedas que serán autorizadas para que funcionen en 32 bingos aportarán un ingreso inicial de 50 millones de dólares en concepto de canon por la concesión del juego que la Gobernación anunció que destinará, además del pago de becas, a “la actualización en materia de los comedores escolares, ya que la cifra de 60 centavos por chico por día requiere una modificación por el tema de la inflación”.
Los mismos diputados provinciales del peronismo habían postergado el tratamiento en la Legislatura, por lo que Solá decidió autorizar la actividad por decreto y a su vez triplicar el canon cobrado a los empresarios. La polémica entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial iniciada en diciembre pasado había derivado en la suspensión de este tipo de juegos, pero por una presentación judicial de los empresarios, las máquinas pudieron seguir funcionando, pero sin aportar ingresos a la gobernación. Es por eso que Solá justificó que existe “un vacío legal que le impide al Estado apropiarse de esta renta que será destinada a la asistencia social, a becas para estudiantes y a los comedores escolares”.
La medida, fue anunciada en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, en la que se anunció que además que se firmó un acta con los empresarios del sector por la que adelantaron 50 millones de pesos, de los cuales 10 es por el canon adeudado y los restantes 40 en concepto de adelanto a cuenta por lo que resta del año”, detalló.
Si bien la firma del decreto puede generar rispideces dentro del peronismo bonaerense, Solá salió a defender a su tropa, ya que anunció que las denuncias públicas contra los legisladores por presuntos pedidos de coimas “no me constan, pero este decreto termina con ese clima de sospecha”. Por último, Solá estimó que el Estado puede recaudar por esta actividad alrededor de 100 millones de pesos por año y precisó que el decreto “obliga a los dueños de bingos a poner en sistema on line las máquinas en un plazo de 120 días”.