Tras el levantamiento de los cortes de ruta, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez se reunirán el miércoles próximo para comenzar una negociación sobre las papeleras. Lo harán en una estancia de Colonia. En el encuentro, los presidentes buscarán acordar la realización de un estudio de impacto ambiental de carácter independiente. La fecha de la cumbre fue anunciada ayer por el secretario de la Presidencia del Uruguay, Gonzalo Fernández, quien anticipó que su país “no va a tomar ninguna medida hasta que se produzca la reunión”. El parate por 90 días de la construcción de las plantas no fue mencionado y podría concretarse recién después de que los mandatarios se encuentren. Las empresas ayer siguieron con las obras, aunque dieron señales de estar dispuestas a frenarlas: dijeron que harán “los mayores esfuerzos” para facilitar el diálogo.

Al ser consultado sobre el tema, el funcionario uruguayo sostuvo que “en la fase de obras actual una de las empresas está removiendo tierra (Ence) y la otra (Botnia) está haciendo construcción civil, de manera que no hay en este momento ninguna obra que produzca efectos contaminantes”. Fernández agregó que la cumbre no se realiza antes “por problemas de agenda” de Kirchner.

Los mandatarios se verán en la estancia presidencial de Anchorena, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Colonia. Junto a Tabaré y Kirchner estarán Gonzalo Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los cancilleres Jorge Taiana y Reinaldo Gargano.

“La idea de la reunión es que los presidentes armen lo que sería la arquitectura del acuerdo”, indicó en Buenos Aires una fuente de la Cancillería. En principio, se espera que decidan cómo será la comisión que estudiará el impacto ambiental que provocará el funcionamiento de las dos fábricas que se construyen en Fray Bentos. Posteriormente al encuentro, habrá una segunda cita en Mar del Plata.

La descompresión del conflicto llegó luego de que se levantaran los bloqueos en los puentes internacionales de Gualeguaychú y Colón. Ayer, una delegación de vecinos fue recibida en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete. Los asambleístas le plantearon que el estudio sobre los riesgos de contaminación debe ser independiente de las empresas. “Creemos que sus resultados nos van a dan la razón: las papeleras no pueden instalarse frente a Gualeguaychú”, dijo Fabián Moreno Navarro, integrante de la asamblea. Durante la entrevista, también pidieron poder designar veedores que controlen cómo se realiza el estudio de impacto ambiental (ver aparte).

A pesar de que era lo que se esperaba, en un gesto de reciprocidad hacia el levantamiento de los cortes, Botnia y Ence todavía no frenaron sus trabajos. Argumentaron que el gobierno uruguayo no se los pidió; en este sentido, el secretario de la Presidencia coincidió con ellas.

La atención está concentrada en lo que hará Botnia, cuya chimenea, ubicada frente a uno de los balnearios de Gualeguaychú, ya tiene 110 metros. La compañía finlandesa difundió un comunicado de prensa en el que señaló que está “dialogando con el gobierno uruguayo” y está “dispuesta a realizar sus mayores esfuerzos en apoyo a la línea de entendimiento establecida por los presidentes de Uruguay y la Argentina”.

Ence, por su parte, ratificó a través de sus voceros que hace “votos por el diálogo y el entendimiento entre los países”.

A pesar de que el conflicto por la instalación de las papeleras lleva casi un año (la marcha de 40 mil personas al puente de Gualeguaychú-Fray Bentos se realizó en abril de 2005), Uruguay no realizó hasta ahora un estudio de los efectos transfronterizos de las fábricas. Los riesgos para la población del otro lado del río tampoco fueron evaluados en el estudio que encargó el Banco Mundial. En rigor, ni siquiera hay estudios confiables sobre las consecuencias de estas megaplantas para el propio Uruguay. En la Cancillería argentina sostienen que cuando Botnia y Ence solicitaron al gobierno uruguayo la habilitación para instalarse, fueron consideradas como potencialmente contaminantes. Por esto se les pidió que presentaran un plan de gestión ambiental antes de comenzar a construir. Las empresas no cumplieron con todos sus puntos. Sin embargo, el gobierno las habilitó beneficiándolas con un cambio en los plazos: les permitieron entregar el material “antes de entrar en operaciones”. El organismo encargado de controlar las plantas, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, planteó en su momento que la información brindada por las papeleras era insuficiente. El problema se repitió después en la comisión binacional que –creada por Kirchner y Vázquez– trató sin éxito de encontrar una salida.

El diálogo que se inicia ahora entre los presidentes deberá superar esos obstáculos, antecedentes poco alentadores para el futuro de la negociación.