Con fecha 13 de marzo, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación presentó ante la Justicia un escrito en el que amplía los fundamentos por los cuales el Estado impugna sistemáticamente los balances de Aerolíneas Argentinas, de la que es socio minoritario. El texto firmado por el colaborador de Julio de Vido acusa al accionista privado, Air Comet-Marsans, haber utilizado indebidamente el dinero que la estatal española SEPI le asignó para saldar créditos contraídos antes de octubre del 2001 y hasta sugiere la posibilidad de un eventual vaciamiento. En términos igualmente duros se expidió en estos días el Tribunal de Cuentas de España, al juzgar que hubo “irregularidades” en el manejo del dinero que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales asignó en aquel momento a los compradores privados. Estas realidades complican la estrategia oficial de promulgar un decreto en ciernes, que permitiría oxigenar las cuentas de todo el sector aerocomercial, empezando por las de una de las primeras empresas privatizadas en el país.

Bajo la firma del director encargado de asuntos legales, Alberto García, Planificación amplió los fundamentos de una demanda que el Estado ya interpuso contra la empresa el 13 de septiembre pasado, objetando los balances. En este último escrito, el abogado estatal destaca que los fondos asignados por la vendedora SEPI al accionista español resultaron “subrogados” a su favor en lugar de utilizarse para la cancelación de los pasivos comprometidos. Simplificando la compleja ingeniería financiera sugerida en esos papeles, los socios privados habrían comprado deuda con el dinero del Estado español, transformándose en acreedores. Los términos resultan más duros aún cuando el texto directamente le imputa al grupo comandado por Antonio Mata la “apropiación de fondos públicos del Estado español por parte del grupo Marsans”.

Más allá de esas acusaciones, lo cierto es que se emparientan con la que realizó el Tribunal de Cuentas de España en su reciente informe sobre la fiscalización de las operaciones realizadas por el sector público español en la venta de Aerolíneas. Las objeciones medulares son el supuesto desvío de aquellos dineros –que involucran un monto superior a los 600 millones de dólares–, que no habrían sido destinados a liquidar las deudas preconcursales ni para el plan industrial. Transgresión a la que, según interpreta ese órgano estatal, la SEPI no habría sido ajena.

A través de García, el Estado no sólo cuestiona los estados contables presentados por la compañía privatizada por considerar que los pasivos declarados no son auténticos. También subraya la derivación negativa de haber capitalizado como aportes irrevocables los créditos subrogados: se fue licuando la participación de los trabajadores y del Estado, que hoy detenta sólo el 1,3 por ciento. Finalmente, Planificación también mostró una coincidencia importante con los dos gremios en conflicto dentro de la compañía, los técnicos (APTA) y los pilotos (APLA), al sugerir un virtual vaciamiento.

Cielos del Sur, Austral, fue “gradualmente absorbiendo pasajeros, vuelos, rutas y, en consecuencia mercado e ingresos en detrimento de ARSA (Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima)”, de lo que resultaría que la participación de esta empresa en el cabotaje pasó del 70 por ciento al 52 por ciento entre el 2001 y el 2005. La clave de ese sospechado traspaso es que Aerolíneas sólo “le pertenece mayoritariamente” a ARSA, mientras que Austral es totalmente de Marsans-Air Comet. Hay más. Planificación también reclama dilucidar si la “cesión de rutas en Europa a otras compañías del Grupo Marsans como Air Plus Comet fue a título gratuito u oneroso”, fundamentando más la idea de que podría existir una política adversa a los intereses de la compañía.

Para nadie es un secreto que el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, es enemigo acérrimo de Aerolíneas, empresa con la que confrontaba duramente cuando era dirigente de APTA. Su compromiso con el sindicalismo, a veces más notorio que el que tiene con su rol en la función pública, provoca cierto escozor en algunas áreas del Gobierno. Pero ni lo uno ni lo otro fue hasta ahora razón para apartarlo del cargo que ocupa bajo el comando de De Vido. Si se evalúa este dato a la luz de la silenciosa embestida judicial que hace la dirección de Asuntos Jurídicos, cualquiera podría conjeturar que desde el Gobierno se promueve algún cambio de manos, en lo posible, a favor de algún inversor nacional. Por ahora, son sólo especulaciones.

En la Casa Rosada hay vocación de corregir con la mayor discreción posible las situaciones presuntamente irregulares, pero sin ahuyentar a un grupo privado que promete remozar su flota y seguir incorporando personal en un rubro sensible, que amaga reactivarse después de una crisis severa, en la que quedaron varias compañías en el camino, LAPA, Dinar, por citar ejemplos resonantes.

Tan así es, que se está trabajando en un decreto que permitiría subir el techo de la banda tarifaria en dos ajustes sucesivos del 10 por ciento cada uno, el primero a aplicar después de Semana Santa, y que habilitaría una subvención a las rutas menos rentables, pero que el Gobierno juzga importante cubrir con vuelos. Una norma que está esperando con ansias no sólo Aerolíneas sino la chilena LAN, con firmes planes de expansión en el mercado local.

Lo que nadie podría negar es que todas estas decisiones se analizan en un clima muy enrarecido, también por la drástica fractura entre los gremios que nuclea al personal aeronáutico. APLA y APTA, embarcados en un conflicto salarial y por cuestiones convencionales que parecen no tener fin, denuncian a la compañía por “violencia sindical” y vaciamiento. En el otro extremo, Aeronavegantes, sindicato comandado por Ricardo Frecia, al que también pertenece la ex azafata Alicia Castro, cuyo discurso está absolutamente emparentado con el de la empresa. “Desde el 2001, se renovó más del 50 por ciento de la flota de Aerolíneas... y la masa salarial se incrementó en un 90 por ciento”, defiende la ex diputada.