Fue un fin de semana de definiciones para la jueza Graciela Ruata de Leone. La magistrada que investiga el asesinato del policía santacruceño Jorge Sayago –en medio de una protesta de trabajadores petroleros frente a la comisaría de Las Heras– dictó tres nuevos procesamientos por el crimen; ordenó otras tres prisiones preventivas por “coacción agravada” y sobreseyó a diez de los “sospechosos”, además de levantar el secreto de sumario sobre el expediente y confirmar la exhumación del cadáver del policía para extraer una muestra de ADN, que cotejará con manchas de sangre y otros elementos secuestrados a algunos de los detenidos. En tanto, cinco de los presos por el crimen del policía comenzaron el domingo una huelga de hambre en la alcaidía de Puerto Deseado para reclamar por su libertad, y la abogada Claudia Ferrero, que patrocina a los tres nuevos procesados por el homicidio, afirmó que “no hay elementos de prueba suficientes” para dictaminar la culpabilidad de sus defendidos.

La jueza de Pico Truncado decretó el procesamiento con prisión preventiva de José Enrique Rosales, Pablo Daniel Mansilla y Carlos Omar Mansilla, “por haberlos encontrado prima facie autores penalmente responsables de los delitos de coacción agravada en concurso real con el homicidio calificado”, además de trabar embargo sobre sus bienes de hasta 40 mil pesos. También procesó “sin prisión preventiva” a Néstor Aguilar, Daniel Eduardo Aguilar y Rubén Leopoldo Bach, por “el delito de coacción agravada”, a quienes embargó bienes por valor de 10 mil pesos a cada uno.

“Mañana (por hoy) viajo a Santa Cruz para informarme de los fundamentos de la jueza, aunque considero que no hay elementos de prueba suficientes para considerarlos responsables”, dijo a Página/12 Ferrero, la defensora de Rosales y los hermanos Mansilla, los únicos obreros petroleros que la magistrada Ruata de Leone vinculó al asesinato de Sayago.

La abogada insistió en que la decisión procesal se basa en el testimonio “poco confiable” de Flavio Torres, quien primero denunció que declaró bajo tormentos y luego se desdijo, “después que el jefe de la policía santacruceña lo desmintió” ante la propia jueza. “Como puede considerarse como válido el testimonio difuso sobre los hechos que sucedieron en Las Heras de un testigo que detalló minuciosamente la tortura que denunció y que después terminó negando”, remarcó Ferrero ante este diario.

Los otros cinco detenidos en la alcaidía de Puerto Deseado iniciaron el domingo al mediodía una huelga de hambre. Víctor Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortéz, Juan Pablo y Juan Domingo Bilbao reclaman su libertad inmediata y proclaman su inocencia en el asesinato de Sayago, ocurrido el 7 de febrero en Las Heras.

“Están haciendo uso de su derecho”, dijo la jueza sobre el ayuno de los presos y aclaró que en ningún momento “pidieron hablar” con ella. Ruata de Leone afirmó que “las condiciones en las que se encuentran son las que corresponden” y sostuvo que “esa alcaidía –ubicada a 400 kilómetros de Las Heras– está muy organizada y funciona muy bien”. También decretó la falta de mérito a Oscar Daniel Morales, Juan Nolasco Córdoba, Mario Bastias, Ramón Alcides Miranda, Adrián Marciano Saucedo, Juan Oscar Barrientos, Franco Gómez y Avelino Andrade y sobreseyó a Nelson Méndez.

En tanto, confirmó que hoy se concretar la exhumación del cadáver de Sayago. “Surge la necesidad de contar con referentes indubitables probatorios que puedan surgir a partir de un ADN”, explicó Ruata de Leone, mientras Alberto Marucco, flamante titular de Secretaría de Derechos Humanos provincial, viajará mañana a Las Heras para analizar las denuncias sobre apremios ilegales que pesan sobre la policía durante los allanamientos que ordenó la jueza.