Mientras continúa avanzando la causa judicial por el espionaje en Trelew, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso ayer que se revisaran en veinte días los reglamentos, manuales y planes de inteligencia militar en todos los niveles y se compatibilizara cualquier reglamentación que pueda contradecir lo dispuesto por la Ley de Defensa. Con esta medida, la ministra busca reforzar la prohibición de hacer inteligencia interna que fija esa norma a las Fuerzas Armadas. Así se lo hizo saber al director de Inteligencia Estratégica Militar, Carlos Aguilar, que deberá encarar la tarea junto a los jefes de las distintas armas. La resolución se produjo tras el escándalo por el descubrimiento de una red de espionaje político en la base Almirante Zar, que terminó con la separación del cargo del director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi, y del número tres de la Armada, el jefe del Comando de Operaciones Navales, vicealmirante Eduardo Avilés.

Garré ordenó que se produjeran modificaciones en la reglamentación “si es preciso para compatibilizar, adecuar y actualizar los documentos” en relación a lo que exige la Ley de Defensa. En un comunicado del ministerio, la funcionara remarcó que las Fuerzas Armadas tienen “absolutamente prohibida” la realización de tareas de inteligencia interna “por ser una violación a las leyes de defensa nacional y seguridad interior”. Para asistir en la revisión al director de Estrategia Militar –un funcionario civil, designado por Garré–, la ministra ordenó a los jefes de los cuatro Estados Mayores de las Fuerzas Armadas (Aérea, Armada, Ejército y el Estado Mayor Conjunto), que “deberán poner a disposición del director de Inteligencia Estratégica Militar toda la documentación que les sea requerida”.

La ministra mantuvo una reunión el lunes con el jefe de la Armada, el almirante Jorge Godoy, que, luego de que se descubriese el espionaje en Trelew, ordenó el cierre de las diez dependencias del cuerpo de inteligencia de la Armada y distribuyó al personal en otros organismos, mientras que dejó en disponibilidad a los militares de la base Almirante Zar. También participaron de la reunión con la ministra –de la que no se difundió el contenido– el vicealmirante Enrique Olmedo, jefe de Personal e Inteligencia Naval, y el vicealmirante Benito Rottollo, que conduce la investigación militar de la causa del espionaje y que tendrá una reunión esta semana con el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger.

El juez Pfleger, mientras tanto, definía ayer el cronograma de citaciones de los seis principales imputados en la causa, mientras continúa en su juzgado el análisis de las bases de datos de las cinco laptop secuestradas de la unidad naval de Puerto Belgrano. “Ya existen elementos de prueba para citarlos a todos”, destacó una fuente judicial. Sin embargo, todavía queda una gran cantidad de material que no se ha terminado de analizar.

Las 26 carpetas con archivos de Puerto Belgrano, que se sumaron a la documentación de Trelew, contienen seguimientos a políticos, militantes de derechos humanos y detallan los movimientos de los funcionarios provinciales y nacionales. En particular, una serie de documentos se centraban en la conmemoración de la masacre de Trelew –en la que podrían ser imputados oficiales de la Marina– y en la reactivación de la causa judicial. Incluso se encontró información sobre el propio juez, lo que obligó a Pfleger a determinar el lunes que no se apartará de la causa, aunque la decisión final quedará en manos de la Cámara de Apelaciones. Entre los documentos que todavía no se han podido revisar existen dos archivos encriptados: existe uno con el título de “estudiantil” y otro que dice simplemente “Pfleger”.