Una organización formada por gestores, policías, policías falsos y escribanos se dedicó durante al menos siete años a fabricar jubilados truchos. La maniobra consistió en falsificar la edad de personas que no habían cumplido los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres, lo requerido para obtener la jubilación. Con la falsificación, aumentando la edad de manera fraudulenta a través de DNI truchos, certificados por policías y escribanos, conseguían el beneficio de la jubilación, estafando a la Anses en una cifra que, por ahora, supera los 8 millones de pesos, pero que podría trepar al doble de ese monto. La artimaña fue descubierta mediante un cruce informático ordenado por el titular de Anses, Sergio Massa, y la investigación corrió a cargo del fiscal especializado en temas previsionales, Guillermo Marijuán.

De acuerdo con la causa judicial, un solo jubilado trucho, Carlos María Costa, cobró desde 1999 en forma indebida 293.695,71 pesos. Ahora se calculó esa cifra en valores actualizados, incluyendo los intereses, lo que lleva a que, por ese caso, la estafa a la Anses sume 719.482 pesos. La mayoría de esos jubilados truchos cobró en forma ilegal más de 100 mil pesos, pero hay varios que superan los 300 mil pesos y algunos pasan de los 400 mil.

La investigación de Massa-Marijuán detectó un total de 1400 jubilados demasiado jóvenes para serlo y que registran diferencias entre la edad que figura en su trámite en la Anses con la que surge del Registro Nacional de las Personas y del padrón electoral. De ese total, una vez chequeada la documentación, se verificó que la diferencia de edad respondía a un fraude –es decir que no se trataba de un error sino que había una clara maniobra dolosa– en 139 casos, de los cuales 68 ya dieron lugar a causas judiciales. Hay otros treinta casos con prueba contundente, pero que todavía no pasaron a la denuncia penal porque están siendo analizados por la Gerencia de Detección de Anses.

La documentación para pedir el beneficio jubilatorio se presenta en las Unidades de Atención Integral (IDAI) de Anses. Supuestamente deben presentarse fotocopias del DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, certificadas por una dependencia policial o un escribano. Como es obvio, para hacer esa certificación, el policía o el escribano tienen que tener ante sus ojos el original de documento, porque ésa es la forma en la que pueden certificar que la fotocopia es efectivamente copia del original. Cuando se citó a los beneficiarios de las jubilaciones truchas, todos exhibieron documentos originales que no se condicen, al menos en la edad, con las fotocopias presentadas.

La defraudación es grave porque se les concedió la jubilación a beneficiarios que no tenían la edad requerida y, una vez terminado el trámite, todos ellos empezaron a cobrar mes a mes un haber que no les correspondía. Algunos de ellos, por ejemplo, vienen cobrando más de 2 mil pesos todos los meses desde 1998.

En el análisis hecho por la Anses y la fiscalía se descubrieron los siguientes datos:

- La gran mayoría de los beneficiarios truchos trabajó en ferrocarriles o subterráneos. Allí parece haber un gestor o un abogado que se dedica a reclutar a gente que tiene 30 años de aportes jubilatorios, pero no cumplió la edad requerida para jubilarse.

- En una cantidad apreciable de casos, cuando se llamó a declarar a los beneficiarios ilegítimos, dijeron que el trámite se los había ofrecido una gestora de apellido Lombardo, aportando algunos recibos y facturas de lo que le pagaron a esa gestora. Sin embargo, en los papeles del trámite la tal gestora Lombardo no aparece, pero sí algunos abogados que resultaron desconocidos para los declarantes. En la gerencia de Actuaciones Penales de Anses sostienen que la gestora Lombardo existe y que tendría iniciadas varias causas penales en su contra por distintas irregularidades.

- Hay algunos casos en que los beneficiarios que no tenían edad suficiente exhibieron recibos de pagos de cancelación de deuda provisional por montos elevados. O sea que el trabajador le entregó al gestor o abogado dinero para pagar aportes atrasados. Sin embargo, según los primeros pasos de la investigación, los recibos son apócrifos, lo que significa que el gestor o abogado se quedó con la plata.

- La investigación de Massa-Marijuán también intenta detectar si hay empleados de Anses comprometidos en la maniobra. Para ello se hizo un estudio de las UDAI por las que se ingresaron los trámites.

- Los 139 casos ya comprobados suman un perjuicio para la Anses de 8 millones de pesos, sin incluir los intereses de las sumas mal cobradas. Pero el monto sería mucho mayor, ya que todavía están en estudio otros expedientes en los que se sospecha que se hizo la misma maniobra.

- El análisis de los abogados o de los que intervinieron demuestra que el nombre que más se repite es el de Marcelo Ricardo Leyenberger, habilitado para iniciar trámites en Anses. Pero figuran también la doctora Fabiana Altman, con matrícula suspendida por denuncia penal; Yolanda Agüero y Elisa Georgetti, también con las matrículas suspendidas.

- El punto clave de la maniobra es la certificación de las fotocopias de los documentos de identidad. En 32 casos, esa certificación apócrifa fue hecha por policías. En un caso, el del oficial Pedro Ramón Aguirre, de la Policía Federal, se comprobó que ese efectivo directamente no existe. Pero hay otros oficiales –Andrés Delicia, José Figueroa, Claudio Sernágoras, Jorge Borean y Próspero Conde– que efectivamente existen y habrían certificado las fotocopias en forma fraudulenta.

- El resto de las certificaciones fue hecho por escribanos. La nómina de esos profesionales se mantiene en reserva porque se los está investigando. Según el trabajo realizado por el fiscal Marijuán, está claro que esos escribanos nunca tuvieron el original del documento de identidad del beneficiario delante de sus ojos, porque en todas las fotocopias la edad está alterada e incluso existen algunos beneficiarios truchos en que se falsificó hasta la foto que figura en el DNI.

El delito que se investiga es el de defraudación contra la administración pública, que tiene una pena que va de dos a seis años de prisión, por lo que, en principio, es excarcelable. Sin embargo, habrá que ver cómo juegan en este caso, además, las certificaciones falsas, que seguramente sumarán otro delito al principal.

En Anses y algunas otras reparticiones públicas se está utilizando el sistema VAIC, un mejoramiento del software conocido como Excalibur y que se usó, por ejemplo, en el esclarecimiento del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. El nuevo sistema, el VAIC II, se utilizó en la investigación del caso del asalto al Banco Río y permitió detectar qué celulares y nombres falsos fueron utilizados en la zona de la entidad bancaria el día del robo y durante las horas que duró el asalto. En realidad, el VAIC no es un software especializado para investigaciones criminalísticas sino que sirve a muchos otros fines. Es un software que permite entrecruzar dos o más bases de datos de gran tamaño y, en Anses, por ejemplo, se hacen esos cruces buscando irregularidades durante el fin de semana, cuando el sistema no se usa para el trabajo habitual.

Desde el punto de vista del perjuicio económico para la Anses y el Estado hay un punto clave que tendrá que resolver la Justicia. Cuando gestionaron la jubilación, los beneficiarios no tenían la edad requerida, pero tarde o temprano esos ex trabajadores ferroviarios o de subte la cumplen, por lo que sí les corresponderá la jubilación. Según una instrucción de la gerencia general de Anses, se hará un seguimiento caso por caso de manera que, si la Justicia lo permite, a esos haberes jubilatorios se les retenga una parte para recuperar lo que se llevaron en forma fraudulenta.