Doce talleres textiles fueron clausurados ayer, a partir de un total de 40 allanamientos efectuados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajaban en ellos unas 300 personas, todas de nacionalidad boliviana, de las cuales alrededor de 120 residían en esos mismos locales. Lo que determinó las clausuras fue la constatación de condiciones de trabajo “precapitalistas”, donde las personas eran “claramente esclavizadas” en lugares “peligrosos, con riesgo de derrumbe e incendio”, según explicaron ministros del gobierno porteño. En cambio, en los casos en que las infracciones se limitaron a incumplimientos de la legislación laboral, los establecimientos no fueron clausurados y se intimó a los responsables a regularizar su situación. El Gobierno aseguró que dará asistencia social a las personas que trabajaban en los talleres clausurados; no obstante, el representante legal de la comunidad boliviana advirtió que “a estas personas les resulta humillante recibir subsidios: sólo aceptarán que, bajo condiciones legales, se les restituya la posibilidad de seguir trabajando”. De hecho, ayer centenares de personas de ese origen se movilizaron porque “queremos trabajar” y “no podemos generalizar por unos paisanos mafiosos”, y se manifestaron divisiones: mientras que un grupo de empresarios e incluso el cónsul pidieron –y no obtuvieron– un plazo de seis meses sin inspecciones, otros dirigentes declaraban: “No nos negamos a las inspecciones, pero queremos trabajar”.

En el taller de Concordia 520, “había una pieza de dos metros por dos donde dormían, ‘a cama caliente’, siete personas; también vivían chicos allí. Al mismo tiempo, el patrón que los explotaba tenía en ese local maquinaria valuable en 150 mil dólares”, contó Enrique Rodríguez, ministro de Producción de la Ciudad de Buenos Aires, y subrayó que “los locales que clausuramos presentaban violaciones de ese tipo, que se aproximan a las condiciones precapitalistas. Con el resto, en los que se registran otras violaciones a la legislación laboral, queremos ser prudentes para preservar las fuentes de trabajo pero, por supuesto, los estamos intimando a cumplir la ley. Procuramos hacer un censo para determinar qué establecimientos pueden regularizarse mediante reformas y cuáles deben mudarse a lugares más adecuados”.

En la mañana de ayer se inspeccionaron 20 locales, de los que ocho quedaron clausurados: funcionaban en Concordia 520 –vivían cinco familias, con menores–; Condarco 1683 –once familias con menores–; Del Barco Centenera 1828 –tres familias con menores–; Goya 669; Alagón 60; Tres Arroyos 3042 –diez familias con menores en compartimientos separados por divisiones de cartón– y Tres Arroyos 3041 –cinco familias con menores–. En total, según una fuente del Ministerio de Producción, “había entre 10 y 40 trabajadores por local, de los cuales aproximadamente el 40 por ciento vivía en el mismo lugar”. Rodríguez anticipó que los allanamientos continuarán, pero “no anunciaremos ni cuándo ni dónde para preservar la necesaria sorpresa”.

Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad, destacó que los lugares allanados “corren riesgo de derrumbe y de incendio; hemos visto cocinas al lado de paredes de cartón, son lugares realmente peligrosos”. No obstante, “las familias todavía no han querido irse –admitió Cerruti–. Con ayuda de psicólogos y asistentes sociales, seguimos explicándoles que lo mejor es que lo hagan por su propia voluntad, antes de que deban hacerlo por orden de desalojo de la Justicia; la Ciudad les ofrece desde ya lugares de alojamiento transitorio y buscamos salidas más estables mediante subsidios o su inclusión en planes sociales”.

Ayer, en el marco de esta crisis, centenares de personas de origen boliviano se movilizaron, primero hacia la Jefatura de Gobierno y después en Parque Avellaneda (ver página 2). En relación con la primera de esas manifestaciones, por la mañana, algunos empresarios y dirigentes de ese origen se reunieron con Jorge Telerman, jefe de Gobierno porteño, para solicitarle un plazo de seis meses “para regularizar su situación” antes de los allanamientos. Fueron acompañados en este pedido por Albaro González Quint, cónsul de Bolivia en Buenos Aires. En cambio, Gabriel Juricich, representante legal de la Federación Boliviana en la Argentina, sostuvo que “los allanamientos deben continuar para constatar las condiciones en que funcionan esos talleres y prevenir la reiteración de sucesos como el incendio del jueves pasado” (donde murieron cuatro chicos y dos adultos).

La continuidad de las inspecciones y allanamientos fue ratificada por Telerman, quien además se reunió con los titulares de los distintos bloques de la Legislatura para acordar medidas que combatan el “trabajo esclavo y en negro”.

En cuanto al destino de las personas que venían trabajando en los talleres clausurados, Juricich previno contra la posibilidad de una solución basada en subsidios: “Para la cultura que comparten estas personas, nada es más humillante que recibir subsidios: lo que necesitan es preservar su trabajo: algunos ya se están organizando en busca de lugares alternativos donde puedan instalar talleres pequeños bajo control comunal”.

A la tarde se efectuó otra movilización de centenares de residentes bolivianos, esta vez hacia el local de la cooperativa La Alameda en Parque Avellaneda. “Trabajo y dignidad”, coreaban; “Trabajo no es robar”; “Vivan los pueblos originarios”. Rolando Nogales, uno de sus dirigentes, afirmó que “no nos negamos a las inspecciones pero queremos trabajar”. Luis Ayala apuntó a “los grandes empresarios textiles que nos pagan migajas y nos quitan el trabajo que encargan si pedimos precios justos”. Los manifestantes también censuraban al dirigente Gustavo Vera, de La Alameda (ver aparte).

De hecho, los talleres de costura que emplean a inmigrantes bolivianos abarcan dos categorías, tal como lo precisó Cerruti: “Por un lado, están los regenteados por personas que han traído gente de Bolivia mediante engaños y la someten a trabajo esclavo, delito por el cual deben ser perseguidas penalmente. Pero también hay talleres correspondientes a grupos de familias, que trabajan en ellos en condiciones inseguras y precarias. No deben seguir funcionando en estas condiciones, pero queremos acompañar a estas personas para que puedan seguir ejerciendo su derecho al trabajo”.

“La mano de obra boliviana es muy calificada y buscada por los empresarios textiles; son trabajadores muy prolijos, limpios y rápidos –agregó Cerruti–. Pero estos trabajadores también deben ocuparse 12 o 14 horas por día”, puntualizó la funcionaria, pero no porque un patrón los esclavice sino porque “los empresarios que compran su producción les pagan ridículamente poco, en forma tal que la única posibilidad que les queda es trabajar en casas tomadas, en malas condiciones y sin beneficios sociales”. La ministra anunció el propósito de “buscar todos los mecanismos para que estos empresarios textiles de la ciudad dejen de obtener ganancias mediante esta explotación”; admitió que “no es fácil” pero reconoció que “es un importante eslabón en esta cadena”.

También Alicia Pierini, defensora del Pueblo porteña, destacó que “en la ciudad se ha constituido un circuito de trabajo textil en negro y no alcanza con cortar un solo eslabón”.