Hace pocos días la ministra de Defensa Nilda Garré dijo estar estudiando el dictado de una resolución para pedir que los militares acusados de masivas violaciones a los derechos humanos sean alojados en cárceles comunes, en lugar de bases militares. El 27 de diciembre de 2005 la Cámara Federal de Buenos Aires había resuelto que los militares debían ser controlados y custodiados por personal penitenciario, pues esa no es función de las Fuerzas Armadas. Tampoco lo es que sus bases sean destinadas al alojamiento de imputados en causas criminales. La propuesta de la ministra Garré no es consistente. Veamos un ejemplo: el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, había solicitado al Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– que recibiera a militares acusados en esa causa. El SPF alegó que no tenía lugares adecuados para alojarlos, así que esos imputados fueron a parar a bases militares. Este ejemplo –uno de tantos– demuestra cabalmente que una decisión integral no corresponde a la órbita del Ministerio de Defensa. Quien sí se halla en condiciones de dar una orden –sólo una– es el Presidente de la Nación, jefe de ambos ministerios involucrados. En marzo de 2004 representantes de varios organismos de derechos humanos habíamos conversado con Néstor Kirchner y uno de los planteos que le hicimos fue el alojamiento de los militares en cárceles comunes. Pasaron dos años y la única respuesta del Poder Ejecutivo fue a través del Ministerio de Defensa que, como dije, nada soluciona, sino que se limita a ser una expresión de deseos. Si realmente se quiere dar una solución a este debate, el jefe de ambas oficinas es quien tiene la palabra y los medios para llevarla a cabo.

* Abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.