La Corte Suprema podría revertir las consecuencias del fallo que firmó la semana pasada el propio tribunal, pero integrado por suplentes, y que ratificó el régimen de privilegio que exime a todos los jueces de pagar el impuesto a las Ganancias. La decisión, que fue motivo de brindis y algarabía para unos cuantos magistrados, fue razón de malestar para varios de los supremos. Uno de ellos, Ricardo Lorenzetti, intenta convencer a sus pares de derogar o modificar el sistema vigente, basado en una disposición de la mayoría automática menemista que excluyó a Sus Señorías de un tributo que pagan todos los demás ciudadanos.

El debate sobre las obligaciones tributarias de los magistrados llegó a la Corte por el reclamo de un juez jubilado de San Juan a quien, por las normas provinciales, la Anses le descontaba el impuesto a las Ganancias. Todos los miembros del máximo tribunal, excepto Carmen Argibay, se excusaron en la causa por razones de decoro y lo mismo hicieron varios camaristas. El tribunal de conjueces quedó formado por Argibay, cinco camaristas y tres abogados. El fallo que firmaron resuelve un caso puntual, pero hace una referencia de amplio espectro: dice que las remuneraciones de los jueces no pueden ser disminuidas. Aunque una ley los obliga a pagar Ganancias (sobre la idea de que abonar impuestos no viola la intangibilidad salarial que prevé la Constitución), la resolución suprema priorizó la vigencia de una acordada de 1996 que los exceptuó del tributo.

Cuando la decisión de los conjueces salió a la luz, los “verdaderos” supremos reaccionaron con preocupación, una paradoja, dado que se habían negado a intervenir aun tratándose de un tema institucional delicado. “Ahora la sociedad piensa que nosotros reafirmamos el privilegio por más que lo haya hecho un grupo de conjueces. Para la gente es todo lo mismo”, se quejó ante Página/12 uno de los miembros más antiguos de la Corte. “¡Es una locura lo que firmaron! ¡Ni siquiera tuvieron timing político!”, continuó.

En sus respectivas audiencias públicas ante el Senado antes de desembarcar en la Corte, los cuatro jueces nombrados por el actual gobierno se pronunciaron a favor de que los magistrados paguen el impuesto a las Ganancias, como ocurre prácticamente en todo el mundo. Palabras más, palabras menos, Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y la propia Argibay coincidieron en ese concepto. Cuando comenzó la renovación en la Corte, su presidente, Enrique Petracchi, dejó trascender que intentarían suprimir la prerrogativa, pero nunca pasó nada.

Después del fallo del caso de San Juan, Lorenzetti inició una rueda de contactos informales con sus compañeros del tribunal. El santafesino impulsa que la Corte tome alguna medida que obligue a todos los jueces a tributar Ganancias. Uno de los primeros en darle apoyo fue Juan Carlos Maqueda. Una salida que plantea Lorenzetti es que se derogue la acordada de los tiempos de Julio Nazareno. Es lo que piden hace varios años las ONG nucleadas en el documento “Una Corte para la Democracia”. Y una opción que, en cierto modo, plantean los dos votos en disidencia de la semana pasada: para el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti y el abogado Héctor Méndez, si los jueces no pagan Ganancias se viola la igualdad ante la ley.

El tema no fue hablado en el plenario de ayer, pero el debate interno está abierto. “Aun pagando Ganancias se puede llegar a una remuneración intangible, el asunto es lograr un equilibrio y evitar perjudicar a jueces del interior del país que tienen los sueldos más bajos”, explicó un allegado a la Corte. “Los jueces porteños ganan arriba de 8000 pesos, pero en otras provincias ganan 3000 pesos, como en Mendoza o Corrientes. Hay que ver sobre qué base se calcula el impuesto”, añadió. Para limar esos puntos los supremos podrían pedir consejo a la AFIP. El resto, o la mayor parte, es una decisión política.