Sáb 22.04.2006

EL PAíS  › ESCRITO DEL GOBIERNO POR LA REFORMA DEL CONSEJO

Una advertencia a los jueces

El Gobierno sostuvo que ningún juez puede saber si la reforma del Consejo de la Magistratura perjudicará al país. Lo hizo al exhortar a la Justicia a rechazar las impugnaciones a la modificación de ese organismo con el argumento de que la Constitución “evita fijar la composición numérica” del cuerpo.

“Es simplemente imposible que un juez conozca desde ahora que la ley (de reforma del Consejo) va a producir efectos disvaliosos para la República. Esa será (...) la tarea del soberano, a través de sus representantes”, consigna el escrito de 59 carillas que el Gobierno remitió ayer a la jueza en lo Contencioso Administrativo Claudia Rodríguez Vidal. A través del Ministerio de Justicia, y con el patrocinio del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, la administración Kirchner contestó la demanda promovida contra el Estado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), que planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.080, de reforma del Consejo. La norma, aún no reglamentada, redujo de 20 a 13 el número de consejeros y alteró la paridad entre representantes de distintos sectores –abogados, legisladores, académicos y Poder Ejecutivo– por lo que fue rechazada por la oposición política y las asociaciones de abogados.

“El texto constitucional evita, deliberadamente, fijar la composición numérica” del Consejo y “hace posible que la ley resuelva con menor rigidez el punto”, refiere la presentación. Y resalta que “equilibrio entre representaciones no equivale a igualdad. La desproporción política es evidente y se incrementa respecto de los senadores”, ya que los candidatos a jueces elegidos por el Consejo deben, luego, someterse a la aprobación de la Cámara alta.

El Gobierno sostuvo que la AABA carece de legitimidad para plantear la inconstitucionalidad de la ley, dijo que la norma “no produce ni la supresión ni la ablación de la representación de estamento de abogados” y señaló que la acción de amparo es, en realidad, una propuesta para que “el Poder Judicial sustituya al Legislativo, propiciando la desnaturalización de nuestro sistema republicano de división de poderes”.

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