La ampliación de la denuncia la realizó Carlos Stornelli, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el PAMI. El fiscal actuó en base a información aportada por la interventora de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña.

Según Stornelli, la prestadora Angiocor cometió una “estafa contractual”, ya que a través de una “conducta engañosa” –al decir que tiene capacidad de proveer prótesis cuando no era así– cerró un acuerdo con el PAMI que significó una cápita estimada de tres millones de pesos mensuales.

En ese sentido, el fiscal consideró que “debería profundizarse la pesquisa” respecto de los responsables de la Unión Transitoria de Empresas a la que pertenece Angiocor como de los funcionarios de la obra social que accedieron a otorgar una contratación directa a esa UTE.

De esta manera, Stornelli puso la mira en el titular de Angiocor, Luis Pisano, y del ex subgerente de Insumos Médicos del PAMI, Enrique Gustavo Libertini, entre otros. Pisano está procesado junto a otras dos personas que hicieron gestiones en nombre de Angiocor para puentear a Ocaña y asegurar la continuidad del contrato de esa prestadora. En una cámara oculta que le realizó el actual secretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D’Elía, uno de ellos manifestó que su preocupación por la finalización del contrato estaba dada porque de la suma importante que se pagaba “la parte política se llevaba el 20 por ciento”, en alusión a Barrionuevo y Nosiglia.

En tanto, Libertini –a quien Ocaña señaló como “médico personal de Barrionuevo”– fue quien desde el PAMI facilitó la contratación directa con Angiocor con un proceder dudoso y sin explicar certeramente las razones por las que evitó un llamado a licitación. Pero hay más: según la denuncia de Stornelli, Libertini habría fijado un sobreprecio del valor de la cápita que el PAMI abonó mensualmente a Angiocor aparentemente para derivar ese excedente como un posible retorno a Barrionuevo y Nosiglia, consistente en un 20 por ciento de los beneficios totales.

“El direccionamiento de la contratación directa, el sobreprecio dado a la cápita sin estudios técnicos que avalara su monto, sumado a los incumplimientos de las entregas de las prótesis (...) demostrarían que tanto los entonces funcionarios del PAMI denunciados como los responsables de la firma adjudicataria habrían pergeñado desde el inicio de las negociaciones de contratación directa para que les reporte un negocio millonario”, remató Stornelli en su escrito.