EL PAíS › EL JUEZ OYARBIDE RUMBO A ANULAR TRES INDULTOS
› Por Irina Hauser
El juez federal Norberto Oyarbide resolvió reabrir una causa contra el dictador Jorge Rafael Videla, en la que analiza anular el indulto con que lo benefició Carlos Menem. Se trata de la investigación por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, en noviembre de 1976. Es el mismo caso que el magistrado desarchivó la semana pasada para revisar los decretos con los que fueron indultados el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y el ex general Albano Harguindeguy.
Gutheim era dueño de la empresa Sadeco, una productora de algodón que había conseguido importantes contratos para exportar. Estuvo detenido junto con su hijo durante cinco meses, entre 1976 y 1977, a disposición del Poder Ejecutivo. Después de que los liberaron volvieron a ser atrapados por unos días más. Durante el cautiverio fueron obligados a renegociar acuerdos con Hong Kong por los que Martínez de Hoz buscaba acceder a créditos millonarios.
Martínez de Hoz y Harguindeguy estuvieron procesados con prisión preventiva por la privación ilegal de la libertad y la extorsión a los Gutheim en 1988, pero luego fueron perdonados con los decretos de Menem. En una presentación que hicieron días atrás en Tribunales, la abogada Alicia Palmero, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, y el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, le pidieron a Oyarbide que declare inconstitucionales los indultos porque los delitos en juego, dijeron, son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.
El magistrado decidió avanzar con el estudio del planteo y extenderlo también a Videla. Este represor, explicaron allegados al juzgado, fue sobreseído en la causa del secuestro del empresario después de ser indultado, pero consideran que es posible dar marcha atrás. El indulto a Videla, que ya cumple arresto domiciliario, también sería declarado inconstitucional por la Cámara Federal en la famosa causa que en 1985 condenó a las juntas militares. Las salas I y II del mismo tribunal ya anularon los indultos en las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la ESMA y en el Primer Cuerpo de Ejército. Esas resoluciones están bajo la revisión de la Cámara de Casación y luego llegarán a la Corte Suprema.
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