La ministra de Defensa, Nilda Garré, se presentará ante la Justicia para solicitar que los militares acusados por delitos penales pasen a cumplir la prisión preventiva en cárceles comunes. Como adelantó Página/12, Garré estableció mediante la Resolución 444 que el Ministerio solicitará a los jueces que reconsideren “las resoluciones conforme a las cuales se haya dispuesto que las personas que pertenecieron o pertenecen a las Fuerzas Armadas cumplan la detención en dependencias militares”. La medida responde a uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos: que los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad cumplan su detención en las mismas condiciones que cualquier otro.

El encargado de gestionar la recomendación a los jueces –ya que el Ministerio no puede ordenar el pase a cárceles comunes– será el director de Asuntos Jurídicos de Defensa, Héctor Tuja, quien deberá presentarse en cada una de las causas judiciales e instar a los jueces a que trasladen a los militares. En la resolución, Garré consideró que “no parece razonable admitir que la ejecución de detenciones preventivas y de penas privativas de libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectivice en unidades militares cuando lo que está en juego es la comisión de los delitos previstos en el Código Penal y no los previstos en el Código de Justicia Militar”.

La ministra recordó el artículo 16 de la Constitución nacional, que prohíbe la existencia de fueros o prerrogativas especiales, y planteó que “la efectivización de la privación de la libertad en las condiciones descriptas (es decir, fuera de las cárceles comunes) podrá ser apreciada como la existencia de un régimen privilegiado de ejecución penal”. Como había informado este diario, Garré tenía en estudio esta medida desde principios de abril y había señalado públicamente que las unidades militares “no están hechas para ser lugares de detención”.

El argumento está en sintonía con el que utilizó el juez federal Ariel Lijo para enviar al penal de Marcos Paz al represor Pascual Guerrieri, después de que fue descubierto por un programa de televisión violando su prisión domiciliaria. Guerrieri, que formó parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, está preso desde julio de 2002. El juez había señalado que violó la prisión domiciliaria por lo menos cuatro veces. Cuando lo vieron caminar por la calle como si nada, intentó refugiarse en el Regimiento de Patricios, que se comunicó con el juez.

Lijo consideró que tener al represor en custodia de las Fuerzas Armadas “significa una improcedente asignación de tareas”, puesto que esas instituciones “fueron creadas con otros fines”. Se trata de la primera resolución judicial en este sentido, aunque la Fiscalía en Política Criminal, a cargo de Félix Crous, había señalado en un dictamen del año pasado la necesidad de que los represores pasen a unidades penales.

En la actualidad existen abiertas 1004 investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Hay 215 represores detenidos y la gran mayoría se encuentra alojada en dependencias de las Fuerzas Armadas. Uno de los casos más graves es el de Alfredo Astiz, que continúa detenido en la base naval de Zárate, pese a que ya no tiene estado militar, luego de que se le diera la baja deshonrosa en los noventa. Tras el pedido de Garré, los jueces deberán recoger el guante.