La Justicia uruguaya ordenó el arresto de los responsables del asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman. Las detenciones se realizaron por pedido del juez argentino Guillermo Montenegro. A partir de ahora comenzará el proceso de extradición. El embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, informó que realizará mañana la solicitud formal para que los represores sean traídos a la Argentina para ser juzgados.

José Ricardo Arab, “El Turco”, ex militar uruguayo y represor del centro clandestino argentino Automotores Orletti, fue detenido el viernes a la noche cuando llegaba a su casa en Montevideo. Fue el primero de los responsables del asesinato de María Claudia en ser arrestado por personal de Interpol. A Arab le siguieron los militares retirados José Gavazzo,

Ernesto Rama y Jorge Silveira. Al cierre de esta edición se esperaba que el militar Gilberto Vázquez se entregara. Mientras que el ex policía Ricardo Medina permanecía prófugo. Los cuatro detenidos declararon ayer ante la jueza Aída Vera Barreto, quien ordenó las detenciones en forma provisoria hasta que llegue a Montevideo el pedido de extradición.

El ayudante del jefe del ejército uruguayo, coronel Milton Ituarte, manifestó la intención de que, mientras dure el proceso judicial, los acusados cumplan los arrestos preventivos en unidades castrenses. Medios uruguayos especulaban también con que las defensas solicitarían que los represores aguarden en libertad la resolución de fondo acerca de la extradición a la Argentina que, de producirse apelaciones, podría demorar varios meses.

María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta. Tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses. Marcelo fue ejecutado y su cuerpo fue encontrado en Buenos Aires. La mujer fue llevada desde el centro clandestino Automotores Orletti a Montevideo, donde dio a luz. Pero todavía continúa desaparecida. La hija de María Claudia, María Macarena, fue encontrada por Gelman en Uruguay. Había sido entregada a un policía uruguayo.

El gobierno de Tabaré Vázquez excluyó el caso de María Claudia de la Ley de Caducidad –el Punto Final uruguayo– por considerar que la nuera del poeta fue asesinada con el objetivo de apropiarse de su hija, pero la Justicia de ese país decidió archivar la causa. Ante esa situación, la Justicia argentina –a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– reiteró los pedidos de detención contra algunos de los represores uruguayos responsables del secuestro y la muerte de María Claudia.

Hace dos semanas la Justicia uruguaya extraditó a Chile a tres militares: Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Ellos están siendo investigados por el asesinato del bioquímico Eugenio Berríos, un ex agente de la policía secreta pinochetista que fue llevado a Uruguay para evitar que declarara contra Augusto Pinochet. Este caso es un antecedente importante para el pedido de extradición relacionado con el secuestro de la nuera del poeta.

En esa oportunidad, la Corte Suprema uruguaya, en un fallo unánime, basó su decisión en que “los delitos por los cuales se les incriminó, asociación ilícita y secuestro” tuvieron su comienzo de ejecución en Chile y por lo tanto las autoridades judiciales de ese país eran competentes para intervenir en el tema. También señaló que no podía argumentarse que el crimen estaba prescripto porque así lo había establecido la Justicia chilena. Además, afirmó que “un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento del tratado” de extradición firmado entre Uruguay y Chile.

José Luis González, abogado de Juan Gelman, consideró que el mismo criterio puede usarse para el caso de la nuera del poeta, ya que se trató de un crimen que comenzó a producirse en Buenos Aires y siguió en Montevideo, en el marco del llamado Plan Cóndor. El tratado de extradición entre Uruguay y Argentina, que rige desde 2001, establece que los delitos tipificados deben ser considerados como tales por las leyes de ambos países. Los jueces uruguayos no podrían alegar que el caso fue comprendido por la Ley de Caducidad porque se trata de una norma que sólo se aplica en la jurisdicción interna.

El gobierno de Tabaré Vázquez dio señales acerca de que no trabará una eventual decisión judicial favorable a la extradición. Luego de que se conocieran las detenciones de los represores por el asesinato de la nuera del poeta, la ministra de Defensa, Azucena Berrutti aseguró que el gobierno actuará frente a este tema “con la mayor prudencia” y “respeto a las garantías individuales y dentro de la legalidad”. También aseguró que “se dará cumplimiento” de lo que “vayan resolviendo los distintos órganos del gobierno que les toque actuar y otros poderes” y consideró “positivo” que se avance en la verdad y la justicia, “sea en Uruguay o en el exterior”. El ministro de Educación y Cultura, Jorge Bovetto, anunció que se acatará la decisión del Poder Judicial y que se dará cumplimiento siempre que “se ajuste al derecho nacional e internacional”.