Desde afuera se ve un tapial pintado de rojo y un portón. La casa está atrás, escondida. El techo apenas sobresale. Queda en la calle Frías Silva, en San Miguel de Tucumán. Fernando Araldi Oesterheld sabe que en 1976 vivía ahí con sus padres, Diana y Raúl, que están desaparecidos. Tiene guardada una foto donde se lo ve en brazos de su mamá, en la puerta. “Me muero de ganas de entrar, pero no puedo”, dice. La propiedad es objeto de disputa en una investigación sobre violaciones a los derechos humanos y apropiación de bienes de víctimas de la dictadura. El entonces jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC) de la policía provincial, Roberto “el Tuerto” Albornoz, no sólo está acusado de la desaparición de la pareja. Varios testimonios apuntan a que se instaló en la casa con una mujer que también pertenecía a la fuerza. Ella sigue viviendo en el lugar. Sin embargo, pese al reclamo de la fiscalía y los querellantes, el juez de la causa hasta ahora se negó a desalojar y restituir el inmueble.

Diana Oesterheld, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld -creador de El Eternauta– fue secuestrada en julio de 1976. Estaba embarazada de seis meses cuando se la llevaron de la casa, que en aquel momento no estaba oculta tras un muro. Su hijo de un año, Fernando, también fue secuestrado y abandonado como “NN” por la patota policial en la Casa Cuna de la capital tucumana. Después de varios intentos fue recuperado por sus abuelos paternos. Hay sobrevivientes que en agosto de aquel año vieron a Diana en el centro clandestino de la Jefatura de la Policía, cuyo subjefe era Albornoz. Todo indica que a su marido, Raúl, lo asesinaron en 1977 en un enfrentamiento. Un compañero suyo de Montoneros vio su cadáver en la jefatura policial.

Albornoz, a quien apodan “el Etchecolatz tucumano”, está camino a ser indagado por todos los crímenes cometidos en el campo de concentración que estaba a su mando. En la misma senda están los represores Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y varios militares y policías. La causa está a cargo del juez Jorge Parache. En cuanto al matrimonio AraldiOesterheld, no sólo investiga su desaparición sino quiénes fueron los responsables del robo de su hijo Fernando y qué ocurrió con el bebé que Diana esperaba en cautiverio. A eso se suma la pesquisa por la usurpación de la vivienda, uno de los puntos más complicados.

“Yo no quiero la casa por su valor económico. Quiero que saquen a la mujer que vive ahí. Que ella y Albornoz sean juzgados”, explica Fernando a Página/12. “Además, quiero saber qué hicieron con mi mamá y con mi hermano”, agrega. Por los relatos que pudo oír y los testimonios incorporados al expediente, Fernando, hoy un fotógrafo de treinta años, supo que sus padres llegaron a Tucumán en diciembre de 1975. Vivieron en forma provisoria en el hotel Petit y en febrero se mudaron a la casa de la calle Frías Silva, alejada del centro. Primero la alquilaron y después avanzaron en la compra. El papeleo, al parecer, quedó a mitad de camino.

El hombre que les rentó y vendió la vivienda, Onésico Marini, falleció, pero su hijo se presentó ante el juez apoyando el reclamo de Fernando. Su testimonio es clave porque recuerda al detalle –tenía dieciséis años– los encuentros de su papá con los padres de Fernando. Relató, además, que en agosto de 1976 un camión de la policía se llevó las pertenencias de la familia Araldi-Oesterheld y que con posterioridad Albornoz se quedó ahí junto con su amante, también policía, que nunca se fue.

Al menos diez testigos declararon que la pareja desaparecida vivía ahí con su hijo. También están en la causa los aportes del periodista Jorge Delgado, que los conoció apenas llegaron a Tucumán. Los abuelos paternos de Fernando estuvieron allí en su primer cumpleaños. Los informes del Registro de la Propiedad dicen que el inmueble era de Marini, el vendedor. La actual ocupante inició un juicio para que se la reconozca comopropietaria por haber habitado el lugar pacíficamente pagando impuestos. La fiscalía pidió frenar el trámite, que considera una prueba contra ella.

Fernando es querellante a la par de organismos de derechos humanos. El fiscal Emilio Ferrer pidió varias veces el allanamiento y el desalojo de la casa, pero el juez Parache sostiene que las pruebas no alcanzan. Ahora el tema debe ser resuelto por la Cámara Federal tucumana. En la fiscalía de Cámara apuntan: “En Tucumán hay 700 causas contra represores, pero subsisten los obstáculos porque la sociedad apoya a Bussi”.

La apropiación de bienes de desaparecidos fue una práctica común en la provincia, pero recientemente comenzó a ser desenmascarada. Albornoz está detenido por la desaparición de Rolando Coronel y su hija Marta, cuya vivienda fue usurpada por otro miembro del Servicio de Inteligencia policial, Luis Armando de Cándido, que también está preso. Su esposa, sin embargo, una ex asesora de Bussi, sigue libre. Juan Carlos Veliz, abogado de la familia Araldi-Oesterheld dice: “Nosotros exigimos que también se investigue a la ex amante de Albornoz como cómplice de los crímenes de la dictadura”.