–Acá no sos muy querida, piden tu cabeza –amenazó un alto funcionario de un organismo del Estado. La advertencia iba dirigida a la auditora interna de la repartición.
–No entiendo de qué me está hablando –dijo la mujer, encargada de fiscalizar las cuentas y gastos del área.
–Lo que pasa es que controlás demasiado, los informes deberías consensuarlos con nosotros –contestó el superior.
Este diálogo se produjo en febrero. A fines de mayo, la auditora fue despedida. Sólo en el último año la Oficina Anticorrupción (OA) contabilizó cinco casos similares de empleados que pretendieron cumplir con su tarea de detectar y denunciar casos de corrupción y automáticamente fueron desplazados. Algunos de ellos se nuclearon en la ONG Asociación de Acción y Protección Contra la Corrupción (Adaproc), y advierten que la legislación vigente está diseñada para que nadie controle nada y que quienes sí lo hacen sean fácilmente expulsados. Están por presentar un proyecto de ley.
En los dos años que estuvo en funciones, la contadora damnificada descubrió, por ejemplo, una obra pública en la que se pagó de más, siempre con fondos estatales, incluidos 2 millones de dólares sin rendición de cuenta alguna; otra construcción de la que no se llegó a completar ni el 20 por ciento pero se pagó la totalidad; y una contratación por 1,5 millón para la instalación de un sistema informático sólo en una tesorería. A la auditora –quien pidió reserva de su nombre ya que espera poder recuperar su puesto con un recurso de amparo– no la felicitaron por su buen trabajo sino todo lo contrario. Cuando en el organismo asumieron los directivos que puso el gobierno de Eduardo Duhalde, la entonces funcionaria quiso mantener su costumbre de participar en las reuniones de la gerencia.
–No te queremos en las reuniones, somos muy guarangos y tu presencia nos va a inhibir –puso como excusa el hombre de más jerarquía del sector.
–Me parece que todo es más transparente si participa el auditor –insistió ella, con tan poco éxito que en los primeros días de febrero le rescindieron el contrato al ingeniero con el que trabajaba en equipo. A partir de aquel momento tuvo cada vez menos acceso a los directivos de la entidad. Alcanzó a presentar un análisis de la ejecución del presupuesto del año 2001 que incluyó una advertencia sobre varias obras que se pagaron completas aunque nunca fueron terminadas. Y después recibió la visita de la jefa de personal que traía la noticia de su remoción sin explicación alguna. Su caso llegó a Adaproc esta semana y llevó a sus 12 integrantes a poner el pie en el acelerador y, además de ocuparse de situaciones individuales, trabajar sobre una propuesta de reforma legislativa que presentarán en los próximos días.
La ley y la trampa
La ley 24.156 de Administración Financiera, un producto del menemismo, fue supuestamente sancionada para establecer –entre otras cosas– formas de control en los entes públicos. Sin embargo, parece haber creado las condiciones para un des-control total. Primero, estableció que las unidades de auditoría interna de los organismos dependen de su propia autoridad y que las inspecciones se hacen después de concretar los gastos. Un decreto de 1993 estipuló que la designación de los auditores la hace esa misma autoridad máxima, que no gozarán de estabilidad en el cargo y que pueden ser removidos sin fundamento. O dicho de otro modo: cada jefe se controla a sí mismo. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) –hoy a cargo del ex funcionario de la dictadura y del gobierno menemista Julio Comadira– puede opinar sobre designaciones o informes, pero sus observaciones, por buenas que pudieran resultar, no son vinculantes. En Adaproc están convencidos de que “la falta de estabilidad laboral para los auditores favorece abiertamente la corrupción en la administración pública”. La autoridad de cada organismo, que suele cambiar con cada nuevo gobierno, puede tranquilamente designar a sus amigos, y aunque no lo haga quien quiera controlar con independencia de criterio estará bajo la amenaza constante de perder su empleo. Como mínimo “nuestro proyecto de ley –adelantan en la asociación– apunta a desarticular ese circuito de corruptela y dar estabilidad laboral”.
David Halperín, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, dice ser “partidario del viejo sistema, donde el control se hacía antes del gasto y si no correspondía era enviado al tribunal de cuentas”. “El delegado del tribunal era alguien externo –recuerda Halperín–. La ley de administración financiera trajo un concepto moderno pero poco práctico para la Argentina. Quizá sea acorde con la realidad suiza, pero no a la nuestra. No tenemos política administrativa en serio.” José Manuel Ugarte, autor de los dos únicos proyectos de ley de protección de los derechos laborales de los denunciantes o testigos de delitos cometidos en la Administración Nacional (ver aparte), está convencido de que debe haber cambios: “No veo qué control se puede ejercer si el titular del organismo nombra sus auditores. Quizá hubo buenas intenciones al adoptar el sistema, pero no sirven acá”.
Desafiar la impunidad
La ONG de los auditores fue creada a principio de año. Como informó Página/12 el 15 de junio, la entidad es presidida por Roberto Emilio Barraza, un cirujano especializado en ginecología y obstetricia que descubrió irregularidades en subsidios otorgados a varias obras sociales –donde estaban en juego cerca de 6 millones de dólares– a través de la Administración de Programas Especiales, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud. En setiembre del año pasado denunció todo en la OA y al mes siguiente fue desplazado de su cargo de auditor médico interno de la Superintendencia de Servicios de Salud. A la abogada Elsa Virgolini Krey, vicepresidenta de la institución, le dejaron sin efecto su designación como auditora en la Colonia Montes de Oca, después de que denunció contratos irregulares, y tuvo que volver a la actividad privada.
Adaproc patrocina a quienes estén dispuestos a denunciar actos corruptos, según dice su carta constitutiva. Hasta ahora presentaron dos recursos de amparo con fallos favorables que permitieron a un auditor del Posadas y otro de la Colonia Montes de Oca recuperaran su trabajo. También denuncian ante la OA toda maniobra corrupta que conozcan. En este órgano anticorrupción –cuyos miembros sobrevivieron a todos los cambios de gobierno– ya habían quedado impactados con el caso de Barraza, con su denuncia y la persecución que sufrió. En los últimos tiempos fueron acopiando más datos y más casos y están embarcados en un proyecto de reforma más amplio, que estará listo hacia fin de año, destinado a cambiar la modalidad de control en general y a proteger a los denunciantes.
Alrededor de 150 auditores internos reportan a la Sigen y, por una u otra razón, difícilmente realicen su trabajo como corresponde. Un miembro de la gestión de Rafael Bielsa, ex síndico general durante el gobierno de Fernando de la Rúa, hoy reconoce: “Las unidades de auditoría siempre fueron, en su mayoría, una costosa estructura del Estado destinada a garantizar impunidad”. Basta sumar en sólo un año varias estafas como las denunciadas por Barraza para toparse con un robo descomunal. La solución, evidentemente, no pasa por pedirle más plata al Fondo.