En Estados Unidos existe una normativa, conocida como ley de protección de whistleblowers (los que hacen sonar el silbato), que “establece que nadie puede ser objeto de represalias laborales por haber hecho denuncias de corrupción en la administración pública y algunas actividades privadas”, instruye José Manuel Ugarte, abogado experto en el tema. Ugarte es autor de dos proyectos de ley que toman ese espíritu y fueron presentados por los ex senadores radicales Antonio Berhongaray y Néstor Rostán. La propuesta –que en el Congreso fue sistemáticamente ignorada– decía que nadie puede ser cesanteado, exonerado, postergado en un ascenso, suspendido o apercibido, discriminado o sancionado, por haber hecho o estar por hacer una denuncia sobre irregularidades o delitos cometidos en la administración pública. Y estipulaba la creación de un Organismo de Protección que también debía hacer una investigación exhaustiva del caso. La idea fue recientemente reflotada por el Foro Social Para la Transparencia –integrado por 250 ONG– que incluyó una iniciativa similar dentro de un paquete de 13 propuestas a las que llamaron Leyes de Mayo, destinadas a “modificar prácticas inmorales y altamente cuestionadas por toda la sociedad” que están en la base de una “crisis de legitimidad”. El tema, de todos modos, no es de sencilla resolución. Los norteamericanos aún debaten reformas para evitar, como ha ocurrido en varias oportunidades, que las normas protectoras sirvan más como trampas para los denunciantes que como amparo efectivo.