El juez federal Rodolfo Canicoba Corral accedió a postergar por tercera vez la indagatoria del ex banquero Raúl Moneta y, de rebote, las de Benito Jaime Lucini y Pablo Lucini, propietarios del fundido Banco República. La razón invocada por el defensor de Moneta (Ezequiel Altinier) es la magnitud y complejidad del expediente al que, parece, acaba de abocarse. Pero el juez, duro de corazón, no hizo lugar a todo: sólo le concedió 26 de los 30 días de plazo requeridos. Los allegados al expediente se preguntan hasta cuándo quedarán diferidas las actuaciones si Lucini padre y Lucini hijo resuelven acogerse a los mismos beneficios. El nuevo cronograma dispone que los Lucini concurran a los tribunales de Comodoro Py el 15 y el 22 de junio, en tanto Raúl Juan Pedro Moneta deberá hacerlo, si Dios lo permite, el 27 del mismo mes.

El alegado desconocimiento de Altinier dejó estupefactos a quienes saben que el letrado es desde hace un año socio del estudio de Alejandro Mitchell, abogado de Moneta a tiempo completo. Un dato que torna escasamente verosímil el argumento. Sorprendió, asimismo, que Canicoba Corral no hubiera tomado en cuenta el hecho de que Moneta y sus familiares ya se habían beneficiado con las dos postergaciones solicitadas por sus antiguos empleados Carlos Alejandro Molina, ex gerente del Banco República, y del ex director Juan Bietti. Muy ordenado, el magistrado resolvió que, si esas audiencias se diferían, debía correrse la fecha del resto de las indagatorias. Así, la de Moneta pasó de mayo a junio y ahora a fines de mes. Tampoco esa fecha es de hierro. ¿O los Lucini no tienen derecho, ellos también, a reclamar un poco más de tiempo? ¿Y en ese caso, podría el magistrado instructor negarles a unos lo que ya ha permitido a otros?

El fiscal Gerardo Pollicita elevó el listado de indagatorias en diciembre del año pasado. En él estaban Moneta, los Lucini, todos los directores del ex Banco República y Carlos Fedrigotti, presidente del Citibank en el momento de producirse los ilícitos que se investigan: administración fraudulenta, lavado de dinero mediante la circulación de miles de millones de dólares por el triángulo que conformaban el República, el Citibank y una offshore, el Federal Bank, poco más que una casilla de correos en Bahamas y cuyos propietarios resultaron ser, aunque lo hubieran negado con énfasis, Moneta y Benito Jaime Lucini. La concreción de estas maniobras hacía necesaria, para Pollicita, la existencia de una asociación ilícita. En marzo, Canicoba Corral dispuso enviar las citaciones. Es decir que, entre pitos y flautas, hace siete meses Moneta esquiva, con enorme fortuna, la obligación de declarar. No es extraño: los bancos Mendoza y República cayeron con escándalo en 1999. En esos siete años la Justicia no logró –y casi no exigió– que Moneta explicara la oscura operatoria que condujo al sonado y previsible final.