Desde que terminó la última dictadura militar del siglo XX y sobre todo después del Juicio a las Juntas, la democracia argentina tenía la posibilidad de disolver a las Fuerzas Armadas o de someterlas a profundas reformas. Sucedió lo peor: ni una cosa ni la otra. Durante veinte años los sucesivos gobiernos civiles impusieron restricciones presupuestarias al funcionamiento militar pero acogieron la hipótesis de los dos demonios, que suponía diversas formas de conciliación con el terrorismo de Estado, y les dieron la espalda a los veteranos combatientes de Malvinas. Desde la sociedad, las Madres, Abuelas y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, junto con los defensores de los derechos humanos, primero, y luego con buena parte de la sociedad, tuvieron que hacerse cargo de la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad, a pesar de las defecciones y declinaciones de gobernantes y tribunales. Esta enorme tarea, cargada de dolor y frustraciones, no dejó espacio para ninguna otra consideración.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, demoraron años en hacer público algún tipo de revisión autocrítica, pero aun después mantuvieron un espíritu de cuerpo que les dio cobijo a los terroristas de Estado, pese a que todos ellos negaron, con cobardía y cinismo, las propias responsabilidades en lo que denominaron “guerra antisubversiva”. Los culpables directos jamás dieron un paso al frente ni admitieron nada, convirtiendo lo que alguna vez pudo ser una decisión político-militar de altos mandos en un código mafioso de silencio y deshonor institucional. A medida que fueron renovándose las generaciones, los efectivos más nuevos comenzaron a aceptar las tremendas evidencias sobre los años de plomo pero demandaron, por su lado, que la historia institucional se quiebre en antes y después de Malvinas, por lo cual el único legado que aceptan cargar en sus mochilas es la gesta de combate en el Atlántico Sur. No todos, como se vio en días recientes, ya que media docena de jóvenes oficiales asistió de uniforme a un acto político, realizado a propósito frente al monumento a los caídos en Malvinas, donde con el pretexto de honrar la memoria de los muertos por la “subversión” los organizadores pretendían reivindicar la obra del terrorismo de Estado.

Hay quienes minimizan el significado de esas presencias por el escaso número, pero no existen en el conocimiento público suficientes datos para distinguir si se trata de casos excepcionales o de una misión de avanzada. En cualquier caso, ¿cómo es posible? Preguntas similares se hicieron un tiempo atrás cuando se reveló que en una base de la Armada había un sistema de espionaje de actividades civiles, en contra de la ley vigente. Las sorpresas, en muchos casos, son más fingidas que reales, ya que pocos pueden creer en serio que la cultura castrense se haya regenerado por sí misma, sin adecuadas políticas de Estado tanto en la formación como en los recursos y el destino de los ciudadanos uniformados.

A raíz de la severidad del tono que usó el presidente Néstor Kirchner para reafirmar, desde una tribuna del Colegio Militar, que el compromiso con los derechos humanos deberá formar parte del pensamiento militar, algunos críticos de su gestión comentaron que el tono de confrontación es inadecuado en el Comandante en Jefe, rango que le confiere la Constitución, porque se dirige a sus subordinados y no a ningún adversario político. Otros estiman que la crítica implícita en su mensaje es una generalización injusta, puesto que las tres fuerzas se han subordinado a la autoridad civil, como corresponde. En rigor, comparando con lo que sucedió en las dos décadas anteriores, éste es el primer gobierno de la democracia que intenta formular una política militar más o menos integral. Por lo pronto, el presupuesto operativo fue aumentado en 150 por ciento y en el Ministerio de Defensa hay equipos cívico-militares trabajando en una reforma completa de la asignación de tareas y línea de mandos para terminar con la división feudal de jurisdicciones que, en tiempos de la dictadura, llegó a colmos ridículos y que, en Malvinas, mostró su absoluta ineficacia operativa. También para adecuar a las fuerzas a los requerimientos contemporáneos de las actuaciones militares.

El plan, del que se conocen poco más que los títulos, incluye una revisión curricular y funcional de los once liceos (uno de aviación, dos navales y ocho de ejército), lo que despertó desmesuradas reacciones, incluso de algunos gobernadores que no quieren que se los transfieran como sucedió con las escuelas públicas, ya que los cambios indispensables no pueden empezar sino en la cuna de la formación castrense. Una currícula basada en los principios y valores de la democracia republicana es indispensable para toda reforma que se proponga modificar a fondo las doctrinas y conductas castrenses que recorrieron el siglo pasado.

También es cierto que éste es el primer gobierno que se hace cargo de lo que sucedió hace 24 años en Malvinas, por un lado dándoles atención más adecuada a los veteranos sobrevivientes (de la guerra y de los suicidios) y abriendo el diálogo de civiles y militares, de diplomáticos y guerreros, para intercambiar puntos de vista sobre lo que pasó y lo que podría hacerse en el futuro para reivindicar la soberanía aún irredenta. El último de estos encuentros tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la ciudad de Córdoba y el intercambio de opiniones debió interrumpirse a las tres horas por razones de horario, pero los presentes, ciudadanos militares y civiles, pueden atestiguar que daba para mucho más. La experiencia está en sus comienzos, de modo que no caben conclusiones prematuras, pero indica que es posible encontrarse desde distintas líneas de partida para decir lo propio y escuchar al otro. Por supuesto que estas líneas del programa reformista atienden los asuntos que ganaron espacio informativo en los últimos días, ya que una visión completa demandará, sin duda, alcances más vastos y complejos.

A todo esto, suponiendo que así sean los objetivos primarios alcanzados, ¿para qué? Un país sin conflictos fronterizos ni hipótesis guerreras, inspirado por la integración regional, el multilateralismo y la coexistencia pacífica, ¿necesita fuerzas armadas? En primer lugar, el mundo actual vive conflictos absolutamente novedosos, aunque no precisamente por el narcoterrorismo que invoca el militarismo conservador para justificar sus agresiones salvajes. Los especialistas coinciden en algunas apreciaciones sobre el futuro y casi todas se refieren a la necesidad de que las naciones en desarrollo tendrán que preparar sus defensas, pacíficas y de las otras, para evitar el saqueo por la fuerza del dinero o de las armas de los recursos naturales más primarios, por ejemplo el agua dulce, uno de los recursos más escasos en el planeta. Es el caso de la cuenca guaraní, una de las mayores fuentes de agua dulce del mundo, apenas poblada por paupérrimos campesinos indígenas, a escasa distancia de la base de marines que Estados Unidos instaló en territorio paraguayo con permiso temporal de inmunidad para sus tropas, concedido por el Congreso de ese país, con la excusa de vigilar la zona de la triple frontera contra el narcoterrorismo. Este año realizaron ejercicios, en la zona de la cuenca, batallones del ejército nacional.

Llegado a este punto, hay que regresar, de manera inevitable, a las cuestiones pendientes de los derechos humanos, porque seguirán alzándose como una barrera para la auténtica reconciliación de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas. Cuanto antes haya respuestas a las angustias de los que perdieron seres queridos en las tinieblas del terrorismo de Estado, o sea que cada historia pueda cerrarse en paz, aunque la memoria del dolor no se extinga jamás, más pronto el país estará en condiciones de usar el recurso legítimo de sus Fuerzas Armadas y éstas podrán encontrar también el reconocimiento que anhelan muchos de sus jóvenes miembros que siguen acudiendo a sus filas, ahora hombres y mujeres, por vocación de servicio. El país en su conjunto, también los actuales uniformados, fueron traicionados por un régimen canalla que todavía no recibió el castigo que se merece. La justicia será paz y honor.