El acto del 24 de mayo en el que se reivindicó a la dictadura y los incidentes del día del Ejército en el que algunos asistentes le dieron la espalda al Presidente, no son, en principio, “preocupantes”. En eso coincidieron la presidenta de la comisión de Defensa de la cámara de Senadores, Marita Perceval, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier y el fundador del Centro de Militares para la Democracia (Cemida), coronel Horacio Ballester. Los tres expertos señalaron también que debe haber un mensaje contundente de parte del poder civil y que se llegó a esta situación por falta de políticas para el área.

“Las Fuerzas Armadas no son un factor de poder y no parece que este grupo represente a la mayoría. Pero es imprescindible que haya respuestas categóricas acerca de que este tipo de reacciones no se van a tolerar. Los actos pueden ser anecdóticos, pero junto con el espionaje de Trelew demuestran que hay una agenda pendiente para democratizar las Fuerzas Armadas”, aseguró Chillier. El director del CELS hizo referencia a la denuncia presentada en marzo por el organismo de derechos humanos en base a información proporcionada por un joven integrante de la Armada que reveló que en la base almirante Zar se realizaban tareas de seguimiento a jueces, abogados y funcionarios públicos, incluida la ministra de Defensa, Nilda Garré. Este descubrimiento hizo que el ministerio asumiera en control de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Además, en breve, se procederá a reglamentar la ley de Defensa con medidas que apuntan a fortalecer el control civil de los militares (ver aparte).

Ballester acordó con el proyecto oficial de darle “mayor vida” al Estado Mayor Conjunto como coordinador de las Fuerzas Armadas. “También fue bueno –dijo el coronel– la disolución de la Policía Aeroportuaria. Y se deberían cerrar los Liceos, porque la educación tiene que estar dirigida por el ministerio del área y no por Defensa. Se dice que los liceos forman subtenientes de reserva, pero para eso se necesitan tres meses y no cinco años”. El fundador del Cemida añadió que debe dejar de estar bajo jurisdicción militar el Servicio Meteorológico Nacional y que es necesario modificar la ley de la Carta, según la cual el Ejército se hace cargo del relevamiento topográfico de la República Argentina a través del Instituto Geográfico Militar.

Más allá de las reformas técnicas, está claro que la identificación del terrorismo de Estado sigue vigente en sectores castrenses luego de casi veintitrés años de democracia. Para Perceval, este hecho está, justamente, relacionado con la falta de un proyecto definido para el sector: “Hasta ahora la política de Defensa fue la no política, si no, ¿por qué estamos reglamentando ahora una ley sancionada durante el gobierno de Alfonsín?, también hay que aggiornar los planes de estudio: son demandas que requiere un sistema de Defensa que necesita Fuerzas Armadas para la prevención de conflictos. Estamos avanzando en la ley para la Obtención de Medios para la Defensa, porque aunque la Argentina es un país no beligerante, la producción para la Defensa es estratégica”, manifestó la senadora.

Desde 1983 los militares han ido perdiendo –además de consenso en la sociedad civil a causa de que cada vez se conocen más detalles sobre los crímenes de la dictadura– poder. Carlos Menem indultó a los genocidas pero redujo el presupuesto de las Fuerzas Armadas y eliminó el servicio militar obligatorio luego de la muerte del conscripto Omar Carrasco. Chillier explicó que “a la clase política le inquietaba que las Fuerzas Armadas no fueran un factor de poder, pero no se preocupó en democratizarlas”. “Ahora –agregó el director del CELS– es importante que se tomen medidas en función de fortalecer el control civil y que se capacite a funcionarios públicos para que puedan implementar esas medidas. Finalmente, sería deseable que todo esto se haga lo más rápido posible”.