“Tenemos que lograr convencer a los jueces”, decía, de reunión en reunión, Susana Ruiz Cerutti, la funcionaria de la Cancillería argentina que lleva la batuta en el equipo de expertos que hoy le pedirá a la Corte Internacional de Justicia que paralice la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Con un discurso planeado al detalle, un despliegue de imágenes en DVD e información nueva, la delegación explicará por qué sostiene que las plantas de Botnia y Ence provocarán un daño irreparable y, con él, la violación de los derechos humanos de los habitantes de la región. El Palacio de la Paz será sede de una audiencia pública decisiva, la primera de dos, en el rumbo del conflicto con Uruguay. El país vecino argumentará por qué no ve motivos para que el Tribunal ordene una medida cautelar. “Queremos proteger la salud y el bienestar, pero también reivindicamos el derecho al desarrollo económico”, le dijo Héctor Gros Espiell, que lidera al grupo uruguayo, a Página/12 (ver aparte).

Por primera vez, Argentina será protagonista de un juicio en la Corte Internacional (CIJ), y lo hará como denunciante. Se presentó en mayo y ahora es el momento de los alegatos. La demanda se decidió cuando el Gobierno vio agotadas todas las vías de negociación y Botnia, con luz verde de Uruguay, resolvió avanzar con las obras. Ence ahora las tiene en suspenso, a la espera de los primeros resultados del diferendo. El pedido para que el Tribunal detenga la construcción con una medida cautelar pretende evitar el daño ambiental posible hasta que termine el juicio por el tema de fondo: la acusación contra el gobierno de Tabaré Vázquez de haber violado el Estatuto del río Uruguay al permitir la instalación de las pasteras sin consultar al país con el que comparte sus aguas, donde irán a parar los desechos industriales.

Las delegaciones están citadas para primera hora de la mañana en el imponente palacio de aire medieval donde funciona la Corte, que fue donado a Naciones Unidas en 1913 por Michael Carnagie, un multimillonario norteamericano. Los jueces vestirán su uniforme de toga negra y pañuelo blanco bordado al cuello. El vestuario de las delegaciones es a libre elección. El tema generó bromas y debates relajados en el ala femenina del grupo argentino, donde reinaba la duda sobre el atuendo más apropiado.

En el público habrá abogados enviados por la finlandesa Botnia y la española Ence, que ya estuvieron analizando la estrategia con Gros Espiell y otros técnicos. Los equipos argentino y uruguayo no tienen previsto juntarse a conversar en estos días de audiencias. Como mucho, dicen, cruzarán algunos chistes en los intervalos, café de por medio.

Argentina considera que el gobierno uruguayo en los últimos tres años fue reticente a informar qué tecnología concreta usarán las plantas, las razones de su localización, cómo tratarán los efluentes y qué pasará con las emisiones gaseosas. Advierte que no se hizo un estudio de impacto ambiental independiente y que todo esto fue reconocido por el Banco Mundial, que suspendió créditos (de la Corporación Financiera Internacional) por 400 millones de dólares para las papeleras hasta tener más datos. Otro punto son los antecedentes de desastres ecológicos provocados por pasteras similares en España y Chile. Como elementos de riesgo, los especialistas ya alertaron que las plantas, juntas, producirían 1,5 millones de toneladas de pasta celulosa a pocos kilómetros de Gualeguaychú, una ciudad de 100 mil habitantes que vive del turismo, la producción agraria y pesquera.

Un elemento en el que se apoyaría hoy Argentina son las afirmaciones de funcionarios uruguayos que, en un acto en la sede del gobierno de Tabaré, reconocieron que no se “dio cumplimiento al procedimiento” del Tratado del río Uruguay porque “las dos naciones acordaron otras alternativas”. El canciller Jorge Taiana negó tal pacto y destacó la confesión uruguaya.

Para mostrar todo eso y aportar datos novedosos (que no figuran en la denuncia), la primera en hablar ante los quince jueces, por la mañana, será Ruiz Cerutti. Después le tocará a Romina Picolotti, una abogada joven, ganadora del premio Sophia (muy importante en medio ambiente) que viajó como representante de Entre Ríos. A la Cancillería le entusiasma su figura. Luego desplegarán sus artes los abogados extranjeros que conocen los códigos y costumbres de esta Corte: son el inglés Philippe Sands, el francés Alain Pellet, Laurence Boisson de Chazournes, de la Universidad de Ginebra, y Marcelo Kohen, un argentino radicado en Suiza.

Cada orador tendrá que pararse junto a un atril frente a Sus Señorías. La exposición de Uruguay, por la tarde, la inaugurará Gros Espiell, embajador en Francia. Luego lo harán un abogado norteamericano y uno inglés. En principio, no cuestionarían la competencia de la CIJ en el caso, pero alegarían que Argentina no agotó todas las instancias previas estipuladas. Y buscarán mostrar que con los estudios que proporcionaron las empresas de celulosa basta para determinar que no habrá perjuicios.

“Estamos confiados de la solidez de nuestros argumentos. No hay razones para que la Corte opte por aplicar una medida cautelar, ya denegó solicitudes por temas más graves”, dijo ayer el secretario de la Cancillería uruguaya, Jorge Luis Cancela. Los argentinos se mostraron más cautos a la hora de hacer pronósticos.

Hasta última hora hubo reuniones de logística de cada “bando” y visitas a la Corte para ultimar detalles. Algunos técnicos y funcionarios decidieron salir a ventilarse un rato y caminar por las calles de La Haya –una ciudad de medio millón de habitantes y 104 embajadas– en un día de pleno sol, un milagro que en Holanda ocurre como mucho ochenta días al año.