El juez de recursos de la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, Miguel Angel Meyer, liberó ayer a dos de los ocho detenidos por el crimen del policía Jorge Sayago, pero ratificó los procesamientos con prisión preventiva a los otros seis imputados. Los beneficiados por la medida son los hermanos Omar y Pablo Mansilla, que prestaban servicios como soldadores en la empresa Indus.

El fallo es una respuesta a las apelaciones realizado por la defensa, que pidieron la nulidad de las medidas dictadas en primera instancia por la jueza de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, quien también había confiscado 40 mil pesos a los hermanos Mansilla y a José Enrique Rosales.

El magistrado ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Rosales, Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortés, Juan Domingo Bilbao y Juan Pablo Bilbao. Los detenidos habían sido acusados en primera instancia de diferentes delitos como homicidio calificado, lesiones graves y hasta coacción agravada. Los abogados de los seis presos de Puerto Deseado no descartaron la posibilidad de realizar la apelación, instancia que deberá hacerse por recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

Sayago –quien fue promovido post mortem a comisario por el entonces gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo– fue asesinado en una protesta de los empleados petroleros de la empresa YPF Repsol durante la madrugada del martes 7 febrero pasado. Tras una balacera que dejó a otros cinco policías heridos, Sayago recibió un tiro, le partieron la cabeza con un hierro y lo apuñalaron en el piso. La manifestación pedía la liberación de Mario Navarro, dirigente petrolero y del Partido Obrero, que había sido detenido horas antes en una radio de FM local.

La causa ya lleva más de siete cuerpos, alrededor de 1500 fojas y ahora “deberá volver al juzgado de primera instancia”, que continuará con la investigación “hasta convocar al juicio oral”, informaron fuentes judiciales.