Por una u otra vía, el Estado está jugando un rol cada vez más importante en la prestación de servicios públicos. El Gobierno no dio un giro de 180 grados a las privatizaciones menemistas, pero fijó un rumbo de creciente intervención estatal. El último ejemplo es el ingreso en Aeropuertos Argentina 2000 mediante la fórmula de capitalización de deuda. Esta semana, en Madrid, dará otro paso en la misma dirección: Néstor Kirchner avanzará en las negociaciones con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y con los dueños de Aerolíneas Argentinas para que el Estado recupere una porción del capital accionario de la compañía. La opción de mínima es el 5 por ciento, aunque el Gobierno analiza aportar capital y quedarse con el 20 por ciento. También se explorará la posibilidad de que el gobierno español vuelva a entrar en la empresa, con una participación minoritaria.

La cartera de Julio De Vido tiene en carpeta varias alternativas, que dependen de la decisión política del Presidente. Se parte del diagnóstico de que Aerolíneas atraviesa una situación muy complicada, comparable con la crisis de 2001 que casi la lleva a la desaparición, y que es preciso mover algunas fichas de manera urgente para frenar la caída. Eso lleva a que el Estado vuelva a involucrarse en su funcionamiento. La necesidad sintoniza con la concepción del Gobierno en materia de servicios públicos, que es tener una injerencia gravitante en las decisiones estratégicas.

El acuerdo base con el grupo español Marsans, controlante de Aerolíneas, es canjear deudas con el Fisco por acciones preferenciales. El Estado volvería a contar con el 5 por ciento del capital social y con la denominada “Acción de oro”, que le da derecho a veto. La empresa, a cambio, obtendría un descongelamiento tarifario –con una suba del 5 por ciento para los pasajes más baratos y mayor para los más caros–, combustible subsidiado para sostener rutas no rentables y la aprobación de sus balances de 2002 en adelante, trabados en la Justicia por acciones presentadas por el Gobierno.

Pero en Planificación hay quienes consideran que hará falta algo más para sacar a Aerolíneas del pozo. Y arriesgan que en Madrid Kir-chner podría anunciar un arreglo más amplio: consistiría en un mayor aporte de capital estatal para quedarse con un 20 o 25 por ciento de la empresa. Se evalúa, incluso, restituir a los trabajadores de Aerolíneas el 10 por ciento de las acciones que supieron detentar mediante el Programa de Propiedad Participada, que se licuó a sólo un punto por las capitalizaciones que hizo la empresa.

Lo mismo le ocurrió al Estado, que pasó del 5 al 1,34 por ciento. El Gobierno arrastra un largo fastidio por esta situación, de la que culpa a los privatizadores menemistas que dejaron un vacío legal sobre cómo preservar aquellos activos, y que fue aprovechado por el grupo controlante.

El Gobierno aspira a que su par español acompañe al Estado argentino en la recuperación de terreno sobre los actuales dueños de Aerolíneas. Existe una vieja disputa entre la administración Zapatero y el grupo Marsans por un ajuste de balance que hizo la empresa y que el gobierno no acepta. Están en juego 130 millones de euros. La idea que impulsa el gobierno de Kirchner es que España negocie integrar ese dinero a cambio de acciones. No será fácil, tanto por la resistencia que pondría la compañía como por el escaso interés que tendría el gobierno de aquel país en volver a involucrarse en Aerolíneas, y más en su estado actual. Pero en Planificación entienden que finalmente la empresa necesita dinero, y toma en cuenta dos elementos políticos: que el partido socialista español no tiene la mejor relación con el grupo Marsans, vinculado al Partido Popular, y que Rodríguez Zapatero podría tener un gesto con un aliado externo, como el gobierno kirchnerista.

Desde afuera del ámbito oficial se hace otra especulación: el eventual apoyo de España a la Argentina en el tema Aerolíneas sería a cambio de no tocar los intereses de Repsol. La apropiación de la renta petrolera volvió a ponerse en discusión luego de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia. La empresa española espera que Kirchner le ratifique a Rodríguez Zapatero que en Argentina no habrá cambios a las reglas de juego. Esto significa que no se revisarán los polémicos contratos de concesión –y prórroga– de algunas áreas de explotación, ni cambios en los permisos para exportar gas a Chile. Repsol ya consiguió la liberalización del precio del gas en boca de pozo para todos los usuarios que no sean residenciales y pretende un ajuste para éstos últimos.

La petrolera tomó como una señal inquietante la reunión que Kir-chner mantuvo hace un mes con el presidente del grupo Moreno, Fernando “Pino” Solanas. Esta asociación postula una nacionalización de hidrocarburos al estilo boliviano. Sin embargo, luego de aquel encuentro hubo uno sola entrevista adicional de esos especialistas con De Vido y no pasó mucho más.

Repsol acaba de confirmar que a lo largo del año lanzará a oferta pública entre 15 y 20 por ciento de las acciones de YPF, su filial argentina. Eso da lugar a especulaciones sobre una eventual entrada del Gobierno. Pero la empresa no lo quiere –porque busca bajar su exposición en la región– y tampoco parece ser el camino elegido por Kir-

chner. El Gobierno entiende que su papel en relación a las petroleras debe ser de control y de asociación para algunos proyectos con Enarsa. De Vido ya amenazó a Repsol, Petrobras y Chevron con duras sanciones si no aumentan sus niveles de reservas de petróleo y gas con nuevas inversiones. De todos modos, siguen sin encararse auditorías serias por parte del Estado de esas reservas, y se mantiene el esquema de creer en las declaraciones juradas de las empresas con esa información crucial.

La política del Gobierno hacia las privatizadas está repleta de esas contradicciones. Otro ejemplo elocuente vino adosado a la estatización de Aguas Argentinas. La medida tuvo un amplio consenso, tanto por los graves incumplimientos de contrato en los que había incurrido Suez como por la opción estratégica de que sea el Estado el que administre un servicio público esencial. Sin embargo, el Ejecutivo designó como presidente de AySA a Carlos Ben, quien fue hasta el día de la estatización director general adjunto de Aguas Argentinas en representación de Suez. AySA todavía no determinó si la falta de pago de la factura amerita el corte del servicio, como ocurría con los prestadores privados.

La respuesta habitual de los funcionarios es que hay tiempos y necesidades políticas que determinan algunas opciones. Lo trascendente, se justifican, es la línea directriz. En ese sentido, el Gobierno eligió soluciones diferentes para distintos casos: ordenó la estatización de compañías fundamentales por su rol, como el Correo y Aguas Argentinas, que al mismo tiempo registraban graves problemas con sus operadores privados; ideó la alternativa de capitalización de deudas en Aeropuertos y Aerolíneas, y renegoció contratos con las demás, con un mix de concesiones a las empresas a cambio de moderación con las tarifas y el retiro de sus demandas ante tribunales internacionales.