La Argentina empezó a escribir ayer la historia del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde un lugar protagónico: se asoció con Francia para encabezar un “grupo de presión” que promoverá la aprobación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas durante las deliberaciones inaugurales de ese cuerpo. Se trata de un instrumento legal que no sólo califica a la desaparición de personas como un crimen de lesa humanidad, sino que obliga a los países signatarios a prevenirlo y sancionarlo penalmente y también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas. “Es el momento de que esta iniciativa, que empezó como un reclamo de las organizaciones de derechos humanos, se convierta en una realidad. Adoptarla será una señal positiva y significaría un gran paso en la lucha contra la impunidad”, afirmó el canciller Jorge Taiana, quien fue uno de los oradores de la primera reunión del Consejo. Allí destacó “el cambio copernicano del actual Gobierno en materia de memoria, verdad, justicia y reparación” y reivindicó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como “sinónimo de la lucha contra la impunidad en todo el mundo”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU empezó a deliberar en la ciudad suiza de Ginebra. Fue el debut de ese organismo, que viene a reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Argentina lo integra como uno de sus 47 miembros plenos.

En la apertura de sesión del Consejo estuvieron el titular de la ONU, Kofi Annan; varios vicepresidentes y unos 40 cancilleres. Taiana y su par francés, Philippe Douste-Blazy, fueron de los más activos y se convirtieron en referentes del “grupo de presión” que la Argentina y Francia formaron con Bélgica, Chile, España y México para impulsar la aprobación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

Además de definir la desaparición de personas como delito de lesa humanidad, el texto compromete a los firmantes a buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. También los obliga a prevenir y sancionar penalmente “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales” o por grupos vinculados al Estado. La intención es que la Convención sea aprobada en esta primera reunión del Consejo de Derechos Humanos.

“La comunidad internacional se lo debe a la memoria de las personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas ante la indiferencia general”, declaró Douste-Blazy. El francés estimó que unas 40 mil personas siguen desaparecidas en el mundo, la mayor parte de ellas en América latina.

“Adoptarla será una señal positiva y significaría un gran paso en la lucha contra la impunidad y a favor de la prevención de esas graves violaciones de los derechos humanos”, señaló Taiana, quien no omitió a los 30 mil desaparecidos argentinos. Sostuvo también que contribuirá a “reconocer el derecho a no ser víctima de desaparición forzada, a confirmar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición constituyen un crimen de lesa humanidad”.

Douste-Blazy y Taiana son coautores de un artículo de opinión que se difundirá en diversas regiones del mundo para explicar los alcances de la Convención y la necesidad de su aprobación. Algunos países –como Rusia, que enfrenta a los separatistas en Chechenia– se oponen a esa Convención, que resulta sensible también frente al caso de las prisiones secretas de Estados Unidos. “No hay oposición entre seguridad y derechos humanos”, remarcó el canciller de Francia.

Taiana exhortó al pleno del Consejo a aprobar la Convención en el discurso que ofreció en la reunión inaugural y enfatizó que la Argentina “ha contribuido con gran empeño” en su redacción. Afirmó también que ese delito y otros similares son “una tragedia y una violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos que estamos obligados a prevenir”.

El canciller pidió también al nuevo Consejo que demuestre que la reforma que dio lugar a su creación “no fue cosmética y que estamos dispuestos realmente a darles mayores garantías de protección a aquellos que las requieren en cualquier parte del mundo”. En esa línea agregó que la comunidad internacional no puede perder la oportunidad de consolidar un sistema universal “fuerte, efectivo, eficiente e imparcial” de defensa de los derechos fundamentales del hombre.

Después de manifestar que el primer año de trabajo del Consejo será muy importante en ese sentido, Taiana puntualizó que “la Comisión que hoy termina sus funciones fue muchas veces politizada, ineficaz e inoperante. De hecho, mi país sufrió esa politización, cuando bajo un equilibrio bipolar que era indiferente a los derechos humanos, las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en la Argentina durante la última dictadura militar nunca fueron motivo de consideración por el pleno de esta Comisión”.

La crítica estuvo acompañada de la reivindicación a los organismos. “La lucha contra la dictadura fue encabezada por familiares de las víctimas y diversas organizaciones que nacieron por aquellos años. Las unió el horror y la valentía, y ellos dieron el ejemplo más genuino del ejercicio de la defensa de los derechos humanos desinteresada, democrática y solidaria”, dijo Taiana y añadió: “Hoy las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son un sinónimo de la lucha contra la impunidad en todo el mundo”.

El canciller subrayó, además, el “cambio copernicano del actual gobierno” en materia de derechos humanos. “Por primera vez –completó– los tres poderes del Estado han adoptado decisiones coincidentes para preservar los cuatro pilares de la lucha contra la impunidad: la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.”