La fuerza, por indicación de Godoy, acusó al juzgado de Rawson del extravío de equipos secuestrados en la Base Almirante Zar. Los investigadores dicen que es un modo de entorpecer la pesquisa.
La Armada se presentó ante el conjuez federal Luis López Salaberry, que investiga el espionaje político de esa fuerza en la Base Almirante Zar, y deslizó una acusación al juzgado por extraviar durante los allanamientos a la Base dos equipos que encriptan mensajes secretos. La denuncia fue ordenada por el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, y se planteó en duros términos: “El ilícito pone en peligro la seguridad de las comunicaciones y menoscaba la integridad de la estructura de inteligencia militar”. En los tribunales de Rawson consideran que esa querella va en sintonía con los intentos de los imputados de entorpecer la causa, iniciada por el CELS. “Nos interesa evaluar si esto es una mera obligación burocrática o si hay una intención que va más allá y busca entorpecer la investigación”, sostuvo el titular del CELS, Gastón Chillier.
La defensa de los acusados viene haciendo todo tipo de presentaciones judiciales para trabar la causa en la que sostiene que el proceso es inconstitucional y los marinos deberían ser juzgados en el fuero castrense. El conjuez ya desestimó algunos de estos planteos, como la querella que intentaron iniciar por “violación del secreto militar” contra el cabo Carlos Alegre, quien denunció el espionaje ilegal. La semana pasada, López Salaberry frenó las indagatorias hasta que se desencripten los archivos que continúan sin ser abiertos. Para eso ordenó una pericia, que arrojará resultados probablemente en agosto. Ese mes retomaría las indagatorias.
Estos archivos, según la defensa de los imputados, contienen secretos militares. Es el argumento del reclamo por la desaparición de dos módulos del sistema Placom, que sirven para desencriptar los mensajes secretos. Tanto el ex jefe del área de inteligencia de la base, el capitán de corbeta Gustavo Monzani, como el ex director de inteligencia naval, contraalmirante Pablo Rossi –dos de los imputados–, dijeron que estos módulos los perdió el juzgado en los allanamientos. Hubo dos operativos: el 17 y el 21 de marzo de este año. En las actas del secuestro no aparecen los dos equipos, que miden entre 10 y 15 centímetros.
La Armada libró un oficio para preguntar si el juzgado los tenía secuestrados y el conjuez López Salaberry respondió que no. A pesar de esto, el almirante Godoy ordenó al comandante de la Base Almirante Zar, Miguel Fajre, que se presentase ante el juez para reclamarle por la desaparición de los módulos. La denuncia dice que hasta el primer allanamiento los equipos se encontraban en la Base. “Es muy duro decir que lo perdió el juzgado, si ese objeto estuvo dos días entre allanamientos. Una cosa es que lo haga un abogado como estrategia de defensa de los imputados y otra cosa es que lo haga la propia Armada”, analizaban en los tribunales de Rawson, donde se abrió una causa paralela que deberá investigar el fiscal Fernando Gelves.
El comandante Fajre, que se ocupó de hacer la presentación, es uno de los que el cabo Alegre mencionó en una entrevista de Página/12. “En las reuniones que he mantenido con (el segundo de la Armada, vicealmirante Benito) Rótolo y Fajre, lo único que he escuchado son recriminaciones hacia mi conducta. Me dijeron que por mi culpa la Marina se está hundiendo”, sostuvo Alegre, quien denunció a la Justicia a un asistente de Fajre, el suboficial mayor Espinosa. “Me dijo que mi situación lo tenía cansado, que él no le tenía miedo a la ministra (Nilda) Garré ni al Presidente y que iba a venir con dos oficiales principales a hacerme firmar un acta de la investigación interna sí o sí.” “‘Me tenés los huevos llenos, no me voy a asustar por un simple cabuchín’”, me gritó y me invitó a pelear afuera”, contó Alegre.
La Armada fue consultada por este diario tanto por ese hecho como por la presentación judicial. En ambos casos, la respuesta fue la misma: “No hacemos comentarios. El tema está en la Justicia”. En el Ministerio de Defensa destacaron que están “observando esta situación, pero no haremos comentarios por el momento”. “Si se confirma un intento de entorpecer la investigación, nos parece grave y preocupante”, concluyó Chillier.
Informe: Werner Pertot.
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