El Gobierno agitó ayer el fantasma del retorno de la lucha armada para justificar el endurecimiento de su política de seguridad. Lo hizo a través de un texto leído por el ministro del Interior, Jorge Matzkin, donde se responsabilizó por los hechos a los piqueteros pese a que los dos muertos pertenecían a organizaciones de desocupados. Sin embargo, todo el andamiaje argumental de la Casa Rosada comenzó a desarticularse anoche mismo, cuando se dispuso la detención de varios efectivos de la Bonaerense sospechados de los asesinatos. El paso en falso tuvo como primera víctima al ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, quien presentó su renuncia.
En la noche del miércoles el Gobierno había decidido quitar vuelo político al caso para “proteger” la figura de Eduardo Duhalde. Pretendieron minimizarlo a un hecho policial, asegurando que las muertes respondían a una supuesta interna de los propios piqueteros.
La apuesta oficial se redobló ayer cuando el Presidente finalmente evaluó que la mejor manera de justificar el paso de una política garantista a otra de mano dura era alertando sobre la presencia de un estado que su entorno llegó a rotular como “prerrevolucionario”.
Duhalde se valió de informes de inteligencia que le acercó Carlos Soria. El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado detalló todas las instancias del plan de lucha de los piqueteros. Según el funcionario, además de los cortes en los accesos a la Capital –entre ellos el Puente Pueyrredón–, los desocupados programaban acampar el 9 de julio en Plaza de Mayo hasta obtener respuestas a sus demandas.
Matzkin convirtió ese informe en un comunicado que rozó el tono castrense. Antes de leerlo lo conversó con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y el ministro de Justicia, Jorge Vanossi.
Como nunca, el Gobierno blanqueó lo que varios de sus ministros sugirieron a lo largo de los últimos días: un cambio de política frente a la protesta social.
El texto era contundente. Según leyó el ministro del Interior, los episodios ocurridos ayer en Avellaneda “no constituyen un hecho aislado” sino que es resultado de “acciones concertadas”. Y dichas acciones “constituyen un plan de lucha organizado y sistemático, que puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos hemos elegido porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia”.
No hubo ninguna mención sobre otro accionar: el policial.
La avanzada de los apóstoles de la mano dura amenazó en algún momento la continuidad de Alvarez. El funcionario hizo un lema de su frase “no criminalizar la protesta”. Eso era exactamente lo contrario a lo que estaba haciendo el Gobierno con su comunicado de ayer.
–Hay que mostrar mano firme, que nada se nos va a escapar de las manos –explicó a Página/12 una fuente de Interior.
La arquitectura argumental de la Casa Rosada se complementó con la nota que presentó Vanossi al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. El ministro de Justicia aseguró que las organizaciones de piqueteros “amenazan con el derrocamiento de los poderes constitucionales”. La presentación fue acompañada por supuestas pruebas testimoniales.
Para no quedar atrás, el propio Matzkin anunció públicamente que haría llegar a los gobernadores de todo el país los “antecedentes” que confirman la existencia de un “plan de lucha organizado y sistemático”.
El aperitivo de los “halcones” del Gobierno quedó en manos de Alfredo Atanasof. El jefe de Gabinete desayunó con una dura arenga hacia el diputado Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, a quien calificó de “infame oportunista” a raíz de su omnipresencia durante los incidentes.
Sin embargo, horas después, el funcionario buscó despegarse de la postura dura. A través de sus voceros informó que se había tomado la tareade hacer un collage con fotografías de Clarín, La Nación y Página/12 que demostraban una “fuerte presencia” policial donde aparecieron los dos muchachos muertos.
Otras versiones indicaron que fue la Policía Federal la que hizo el descubrimiento aún antes de que hable Matzkin, por lo que en ese caso no se entiende la dureza del comunicado oficial contra los piqueteros y menos la pasividad de Alvarez, quien estuvo con el ministro del Interior antes de que éste hablara.
Cuando la televisión comenzó a marcar un camino que conducía hacia la Policía Bonaerense, más de un funcionario trocó su prédica combativa por otra más relajada.
“A las 17.15 Atanasof informó lo que se descubrió en las fotos al Presidente y éste habló con Alvarez y con Solá”, señalaron, por ejemplo, en la Jefatura de Gabinete.
Cierto o no, Felipe Solá, quien había abonado a la idea de la “interna entre piqueteros”, volvió sobre sus pasos y trabajó firmemente sobre la presunta responsabilidad de la Policía Bonaerense.
La primera medida fue pasar a disponibilidad al comisario de Avellaneda, Alfredo Franchiotti, y el resto de los policías que participaron del operativo que tuvo a cargo la seguridad de la protesta. También se dispuso el arresto preventivo de esos uniformados.
En esa línea, la renuncia de Genoud no se interpretó de otra forma que como un reconocimiento del error en el manejo de la seguridad. Su paso al costado le devolvió a Alvarez el oxígeno necesario para mantenerse en su puesto, cuando estuvo a horas de dejarlo. Lo que nadie sabe ahora es si el funcionario asumirá como propia la política de mano dura o si logrará imponer su vieja prédica garantista. El sostiene que su política de tolerancia no ha cambiado.