Argentina envió una notificación a la Corte Internacional de La Haya para que los jueces conozcan el informe que la Universidad de la República de Uruguay difundió esta semana, en el que se advierte sobre los daños ambientales que pueden causar las plantas de celulosa de Botnia y Ence. El estudio fue realizado por siete investigadores de la Facultad de Ciencias, quienes señalaron que las pasteras pueden contaminar el río y causar trastornos reproductivos y hepáticos a los animales. La Cancillería decidió enviar la información para “llamar la atención” del tribunal sobre que también en el país vecino hay reparos contra las papeleras. En el Gobierno prevén que en los próximos días llegaría la citación desde Holanda para dar a conocer la respuesta al pedido de frenar las obras.

La Corte tiene para definir dos temas en relación con las pasteras: la solicitud de la medida cautelar para detener las construcciones y el conflicto de fondo, que consiste en establecer si el gobierno de Tabaré Vázquez violó al Tratado del Río Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de Botnia y Ence. En las audiencias públicas que se realizaron el mes pasado en La Haya, la presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins, se comprometió a responder la cautelar “lo más pronto posible”. La resolución final puede demorar hasta cinco años.

Como próximo paso, Uruguay y Argentina serán citados a una nueva audiencia en Holanda en la que los jueces les comunicarán su decisión. El fallo estaría definido antes de las vacaciones de verano europeas, que comienzan en agosto. El dictamen no será apelable, pero Argentina, si lo cree conveniente, podrá insistir con otro pedido en cualquier momento del proceso, siempre y cuando reúna nuevos elementos.

Es poco frecuente que la Corte de La Haya disponga medidas precautorias como la que planteó la demanda argentina. El tribunal, de todas formas, no tiene como únicas opciones un sí o un no, sino que puede proponer otras salidas. Por ejemplo, ordenar a ambos Estados que realicen un estudio de impacto ambiental, frenar las obras por un tiempo acotado o decirles que se sienten a negociar en función de ciertos parámetros.

La nueva secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, declaró la semana pasada que el mejor camino sería reabrir el diálogo, pero dijo también que “la solución al conflicto es que Uruguay relocalice las pasteras”. En el ámbito de la Cancillería, según pudo saber Página/12, el tema se analiza en esos mismos términos.

Allí remarcan que la pastera de mayor tamaño de Finlandia produce 500 mil toneladas de pasta de celulosa por año, mientras que las que se construyen en Fray Bentos tendrán capacidad para elaborar, sumadas, dos millones de toneladas. En el Ministerio de Relaciones Exteriores están, además, en alerta porque Uruguay estudia instalar una tercera planta que, si bien estará en el interior de su territorio, volcará sus desechos al río Negro, afluente del río Uruguay.

El informe de la Facultad de Ciencias de Uruguay, sobre cuya existencia Argentina avisó a la Corte Internacional de Justicia, advierte que las pasteras podrían causar severos perjuicios al medio ambiente. La investigación cita “estudios realizados en dieciocho sitios de Suecia, Canadá y EE.UU.”, en los que se observó que “el 80 por ciento de los peces relevados tuvo su maduración sexual afectada negativamente”.

En los estudios realizados en mamíferos, agregaron los científicos, se detectaron efectos importantes. Un análisis de laboratorio con ratas macho, a quienes se les dio de beber el agua de los efluentes de las pasteras durante quince días, mostró que las ratas tuvieron una reducción en el peso de los testículos, menor cantidad de esperma y espermatozoides con menor movilidad.

El escrito de la Cancillería argentina fue enviado a Holanda apenas se conocieron los datos de los expertos uruguayos. Los gestos de acercamiento que viene demostrando la administración de Tabaré Vázquez (ver página 3),luego de terminadas las audiencias en La Haya, son interpretados con cautela en la Casa Rosada. Allí sostienen que cualquier negociación será ardua; recuerdan incluso que aun en aquellos casos donde se logró poner coto a las pasteras como en Pontevedra (España), se trató de un proceso que llevó años, sostenido por un fuerte reclamo social.