Como para ponerse a tono con un tema pendiente desde el año pasado, la Cámara de Diputados decidió darles preferencia para llevar al recinto a los proyectos referidos a leyes y decretos secretos. Lo propuso el diputado del ARI Adrián Pérez, autor de tres iniciativas, aunque inmediatamente le salió al cruce la kirchnerista Diana Conti para pedir que también fuera incluida en la preferencia el proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, ya aprobado por la Cámara alta, sobre un tema similar. “No sirve publicitar leyes secretas anteriores a 1983 porque los gastos reservados se autorizan a través de decretos del Poder Ejecutivo”, cuestionó Pérez al referirse a la propuesta que viene del Senado. “No será en lo inmediato pero sí hay voluntad de tratarlos próximamente”, le dijo a Página/12 el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Juan Manuel Urtubey.

El legislador explicó que la preferencia votada ayer no obliga a la comisión a darle un tratamiento de urgencia, y detalló que en la agenda de la semana próxima ya tienen previsto abordar el tema de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el de los Superpoderes. A mediados del año pasado el Congreso se hizo eco de la polémica que desató la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray cuando afirmó que ella y muchos en la administración del riojano habían cobrado sobresueldos al amparo de una ley secreta que habilitaba su pago. En junio el Senado aprobó el proyecto de Fernández de Kirchner, que resumía el de otros seis senadores oficialistas y que establecía la derogación de la ley 18.302 y el decreto 5315, que regulan la distribución de fondos reservados, además de la publicación de 141 leyes secretas firmadas entre 1891 y 1983. Pero cuando llegó a la Cámara baja se frenó en la comisión que preside Urtubey.

“Tenemos claro que el año pasado fue complicado por la campaña y porque Cristina era candidata, por eso no hubo consenso”, indicó el legislador, al tiempo que calificó la iniciativa de la primera dama como “un primer paso importante” para avanzar en el asunto. ¿Hubiera podido impulsarla el oficialismo con sus propias fuerzas? Urtubey respondió que no, porque “el año pasado no nos daba el número”.

En el inicio de la sesión de ayer, el diputado Pérez hizo su pedido de preferencia y aludió al reciente fallo de la Justicia, que declaró que las leyes secretas son constitucionales.

En la convicción de que los pagos de sobresueldos con fondos reservados se autorizan más desde la Casa Rosada que desde el Parlamento, Pérez elaboró un proyecto de ley sobre la publicidad de las leyes y los decretos secretos y otro referido a los gastos reservados. Para el legislador del ARI tienen que ser públicos todos los decretos y las leyes, con la excepción de las referidas a la defensa nacional, y hay que impedir que se puedan transformar en secretas determinadas partidas presupuestarias, a excepción de las referidas a los organismos de inteligencia. Además, consideró que hay que establecer y restringir los organismos que reciben fondos de uso discrecional porque, por ejemplo, el Congreso los recepciona y no se justifica que lo haga. Y destacó que es necesario que la Secretaría de Inteligencia rinda cuentas de sus gastos reservados a la comisión bicameral con el aval de documentación. Pérez recordó que el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz denunció que una partida de la SIDE había sido incrementada en 100 millones a través de dos decretos de necesidad y urgencia, y parte de esos fondos habría sido utilizada para la campaña electoral del presidente Néstor Kirchner. La denuncia judicial que impulsó por estos dichos aún no produjo novedades en la Justicia.