“Es una aberración que encontremos hoy personas que cobran jubilaciones de privilegio que les fueran dadas sobre la base de que su única actividad fue formar parte de la dictadura”, denuncia el proyecto de los diputados kirchneristas Santiago Ferrigno, Diana Conti y Remo Carlotto, que busca suprimir las jubilaciones de privilegio de los funcionarios de la dictadura. Los legisladores señalan que el ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, cobra desde octubre de 1991 una jubilación de 3780 pesos. El Estado destina cerca de 72 mil pesos por mes para las pensiones de los ex ministros y ex secretarios de los dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri.

“No encontramos ninguna ley que impida expresamente el cobro de jubilaciones otorgadas con regímenes especiales a aquellos ex funcionarios civiles de la última dictadura militar, quienes gobernaron al país entre 1976 y 1983”, detalla el proyecto, que señala que las jubilaciones de privilegio fueron creadas para los jueces en los años sesenta. En 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el privilegio sumó a ministros, secretarios y subsecretarios y más adelante, a otros funcionarios. “El cúmulo de leyes que establecían regímenes especiales fueron derogadas en 1991”, destacan los diputados.

Pero los cómplices civiles del terrorismo de Estado siguen cobrando: los ex ministro de Economía de la dictadura Juan Sigaut, Roberto Alemann y el ex secretario de Hacienda Juan Alemann; los de Educación, Ricardo Bruera, Juan Rafael Llerena Amadeo; los de Agricultura Jorge Zorreguieta –padre de la princesa de Holanda, Máxima– y Jorge Aguado; todos cobran una jubilación de privilegio.

Según una investigación del periodista Santiago Fascetto, publicada por la agencia Noticias Argentinas en marzo de este año, Bruera recibe 4590 pesos al igual que su sucesor, Juan José Catalán, quien difundió un artículo sobre la “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, que se repartió entre padres y docentes. En tanto que Llerena Amadeo tiene una jubilación de 3780 por mes. Roberto Alemann, que fue ministro de Galtieri, obtuvo su jubilación de 3780 pesos. Zorreguieta cuenta con 4420 pesos por mes desde junio de 1981.

“Los regímenes especiales jubilatorios se encuentra subsistentes al no haber sido derogados por ley expresa”, describen los diputados, que recordaron que hubo un intento de derogarlas en 2002, que fue posteriormente vetado por el entonces presidente Eduardo Duhalde, “anulando solamente las jubilaciones especiales de legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, pero la medida no alcanzó a los colaboradores civiles de la última dictadura militar”.

Los diputados detallaron que se necesitan tres condiciones para poder cobrar una jubilación de privilegio: que sea otorgada por una ley especial, que supere los 3100 pesos y que el beneficiario se jubile antes de la edad que prevé el régimen general. “La mayoría de los ex funcionarios de la dictadura cumplieron las tres condiciones y les fue otorgado este beneficio antes del retorno de la democracia, salvo algunas excepciones, como el ex ministro Martínez de Hoz, que la solicitó y le fue otorgada en 1991”, aseguraron los legisladores.

Los fundamentos del proyecto de ley recuerdan la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio del año pasado. “Estos funcionarios formaron parte de un gobierno en el que se violaron gravemente los derechos humanos. Con esta ley buscamos seguir avanzando un poco más en un cierre de página digno de un período negro de nuestra historia, ya que no consideramos que constituyan derechos adquiridos ciertos privilegios que se otorgaron en un Estado que no era el de Derecho”, afirmaron los diputados, quienes estimaron que considerar las jubilaciones como derechos adquiridos es “muy discutible desde el punto de vista político y moral”.