Tres meses después del golpe de Estado, mientras La Escuelita se poblaba de secuestrados y el Cuerpo V se cobraba sus primeras víctimas en tiroteos fraguados, un grupo de desconocidos vestidos de civil pero que se movilizaban en vehículos militares secuestró en sus hogares a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos de La Nueva Provincia e integrantes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Durante los años previos ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario, dirigido por Diana Julio de Massot, no denunció los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del Ejército, el general Acdel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. El arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negarles su ayuda cristiana y la Justicia archivó la causa sin investigar.

Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Loyola, esterotipista y tesorero. La primera tarea juntos fue a fines de 1971: como delegados del taller reafiliaron a varios compañeros expulsados cinco años antes. No era un contexto fácil. El 25 de mayo de 1973, ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25/5/73), la nieta del fundador dejó en claro que en su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.

A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro desató la ira de la patrona, que como respuesta envió cuarenta telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Pero por orden del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.

A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del multimedio (incluía también radio y canal de televisión) resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (ya fallecido) al delegado de Trabajo. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, Massot destacó “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa (no a la Nación) la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió cumplir el convenio. En esos días el armador Manuel Molina, vocal del sindicato, fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad del diario.

El día en que La Nueva Provincia reapareció, la directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1/9/75). Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘sóviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Después condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.

La muerte embanderada

Al anochecer del 24 de marzo de 1976 Diana Julio y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa, recuerda Molina. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer a uno de los gremialistas, mientras su hijo le pateaba la bicicleta. En esos días de gloria cesantearon a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.

A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre”, cuenta Molina. Dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”.

El 20 de junio la directora planteó desde su editorial que “la guerra contra la subversión debe ser total, frontal y definitiva” y exigió trasladar “dicha realidad a la ciudadanía, sin eufemismos absurdos ni verdades a medias”. Admitió la “manera no convencional” de enfrentar al enemigo, omnipresente “en la selva, el monte, la ciudad, la universidad, el hospital, el café-concert, el periodismo, la televisión e, incluso, la Iglesia”. Cuatro días después su diario publicó un comunicado del Cuerpo V sobre la muerte de Mónica Morán, “abatida en un enfrentamiento” según el Ejército, que la había secuestrado y mantenido varias semanas en cautiverio. En ese contexto de terror estatal y doble discurso llegó la hora de los gráficos.

Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos (de los secuestradores) usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, los secuestradores les inyectaron somníferos en sus brazos para adormecerlos y no ser reconocidos. No sólo la Armada usaba este método en los vuelos de la muerte: también en La Escuelita bahiense se dopaba a las víctimas antes de trasladarlas.

Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.

Palabra de Dios

Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.

El domingo 4 de julio una familia que mateaba en “La cueva de los leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Aún no se sabe qué Fuerza intervino ni dónde transcurrieron sus cautiverios. Sí se sabe que ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con las familias. El mismo día un miembro del sindicato de prensa recibió un llamado. “Ya hicimos cagar a dos rojos –le advirtieron–. El próximo sos vos.” Logró viajar a Tandil con la ayuda de un periodista que aún trabaja en la empresa.

Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, alguien escribió la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de aquellos dos obreros que tuvieron el descaro de representar con dignidad a los empleados de la empresa

Un día después de recibir el sumario policial, el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó para siempre. En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros masacrados. Paradójicamente, están a pocas cuadras del “barrio de prensa Federico Massot”.