Una delegación de la Cancillería viajará hoy a La Haya para tomar conocimiento de la resolución que adoptará el jueves la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo con Uruguay por la instalación de las papeleras. La Argentina había presentado una medida cautelar tendiente a que las compañías Botnia y Ence paralicen las obras que se realizan en Fray Bentos.

La delegación estará integrada por la titular del área legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, y el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería, Horacio Basabe. En La Haya se sumarán el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi Marenco, y los abogados Marcelo Kohen y Alain Pellet. De parte de Uruguay viajará a La Haya una comitiva encabezada por el embajador Héctor Gros Espiell, quien irá acompañado por Carlos Gianelli, un técnico asesor de Estados Unidos y dos ingenieros uruguayos.

La constitución de la representación argentina la definió el canciller Jorge Taiana. Según consignaron fuentes de la Cancillería, la Argentina encara esta instancia con “cautela” y teniendo la “certeza” de que al momento de exponer sus fundamentos para sostener la medida cautelar que presentó “expuso con argumentos sólidos y concretos”.

La Corte convocó para el jueves a las 10 de la mañana –5 hora argentina– a los gobiernos de ambos países, para responderles si acepta o rechaza el pedido argentino de suspensión de las obras o si adopta otra medida alternativa. En cualquiera de los casos, la decisión de la Corte, máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, será vinculante.

Con la medida cautelar solicitada a la Corte el pasado 4 de mayo, Argentina pretende que Uruguay suspenda las obras de construcción de las plantas por 90 días para permitir la realización de estudios de impacto ambiental en la región.

En las últimas horas se conoció el rechazo que en 1996 realizó Uruguay a la instalación de la papelera española Transpapel en Fray Bentos. Según consignó el medio El Argentino de Gualeguaychú, el planteo lo realizó el entonces embajador del país oriental Edison González Lapeyre por la vigencia del estatuto que regula la utilización del Río Uruguay. Este antecedente, recién ahora conocido públicamente, ya consta en la presentación que la Argentina realizó ante la Corte de La Haya, aunque entonces los diplomáticos locales optaron por no difundirlo.

Más allá de la resolución del jueves, quedará pendiente la sentencia definitiva sobre el asunto de fondo, que es la violación del Tratado del Río Uruguay, firmado entre ambas naciones en 1975, que se estima llevará no menos de tres años. Ese tratado regula “la óptima utilización y racionalización” del río fronterizo y la preservación del medio ambiente en la región y establece un mecanismo de comunicación inmediato ante cualquier modificación en el statu quo de la región.

Pero el tema de fondo, que será sobre el que se pronuncie la Corte en el largo plazo, será el cese por parte de Uruguay de “cualquier actividad que agrave la situación” surgida tras la instalación de las pasteras Ence y Botnia sobre el Río Uruguay, recurso compartido entre ambas naciones. Si bien el Tribunal no tiene poder “de policía” para imponer su resolución, las medidas que dicta son obligatorias porque no aceptarlas implicaría quedar fuera del sistema internacional.

La Corte hizo lugar al pedido argentino. Y el 8 y 9 de junio delegaciones de ambos países se presentaron en el Palacio de Justicia en el marco de las audiencias de alegatos y réplicas en la ciudad holandesa donde también funcionan otros organismos judiciales de las Naciones Unidas.

Los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Argentina, Néstor Kirchner, no mantienen conversaciones respecto de esta controversia que siguió la vía legal por decisión de Argentina. Sin embargo, hace una semana, en ocasión de la cumbre del Mercosur realizada en Caracas, Kirchner y Vázquez sugirieron con un cordial abrazo en público que continúan abiertos los canales de diálogo.