El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, dijo que el Gobierno no tiene ningún interés en mandar al Congreso “este año ni el que viene” el anteproyecto de reforma del Código Penal que elaboró una comisión de expertos dentro de su propia cartera. La propuesta, que está en etapa de consulta pública hasta mitad de agosto, incluye algunos puntos polémicos, como la sustitución de la prisión perpetua por una pena máxima de treinta años, la legalización del aborto en los tres primeros meses de embarazo y la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, entre otros tantos. Iribarne, además, informó que el Poder Ejecutivo no planea por ahora cubrir las vacantes en la Corte Suprema.

Las modificaciones al Código que propuso un equipo coordinado por Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal, apuntan a revertir las incongruencias del sistema penal que se profundizaron con las llamadas leyes Blumberg, al punto que ciertos delitos contra la propiedad tienen penas más severas que los que afectan a la vida. Uno de los objetivos clave es que las penas se cumplan: el razonamiento es que cuando existen castigos desmesurados los jueces no los aplican y se favorece la impunidad. El borrador, además, tipifica el genocidio, los delitos contra el orden económico y contra el medio ambiente.

A Iribarne nunca le simpatizó impulsar un proyecto surgido de un grupo creado por su antecesor, Horacio Rosatti, al que no tuvo más remedio que avalar. Pero además, en tiempos preelectorales, el Gobierno prefiere mostrar poco interés en una idea que tiene a Juan Carlos Blumberg como su principal detractor. El empresario, hoy cercano al macrismo, emparentó al proyecto con la (in)seguridad, tema de campaña de la derecha. Lo calificó como “un zafarrancho” que parece “escrito por los presos”.

El ministro, entonces, prefiere poner énfasis en una reforma de las normas procesales, que prometa acelerar los tiempos de la Justicia. Algo que, sin duda, cualquier mortal recibirá con beneplácito. Iribarne todavía apuesta a correr el eje de la discusión y creará una comisión para reformar el Código Procesal que, a diferencia de la que dirige Slokar, tendrá legisladores (tres senadores y tres diputados, cuatro K y dos opositores). Así se lo hizo saber ayer a los senadores del Frente por la Victoria, en el marco de un seminario.

A final del encuentro, Iribarne remarcó que “no es una prioridad” incitar cambios en el Código Penal. El proyecto en danza, dijo, será “sometido a consultas, lo que será un proceso largo”. “No es propósito del Poder Ejecutivo enviar este año, ni el que viene, un proyecto al Congreso”, señaló. Recién se podría pensar en un debate para el 2008.

Cerca de Slokar dicen que Iribarne, por norma, huye de los temas que levantan polvareda. Agregan que se suma “una puja ideológica” por la que se vapulea las propuestas “garantistas”. En ningún momento, aclaran, la comisión esperó resultados rápidos, sino que se preparó para un extenso y arduo debate, que se complace en haber instalado.

El ministro de Justicia avanzó sobre otro tema crucial: la Corte. Anunció que por ahora no se cubrirán las dos vacantes disponibles. “El tema facultad del Presidente de la Nación, que no juzga oportuno enviar los candidatos”, dijo. Al máximo tribunal, donde todos los supremos se quejan porque muchas causas están trabadas por falta de mayoría, el Gobierno sin embargo le ha dado mensajes que sugieren que los cargos se cubrirán. Iribarne dijo que dos miembros nuevos “no garantizan acuerdo seguro”.