“La Argentina no ha convencido a la Corte de que las papeleras causarán un daño irreparable al medio ambiente”, sentenció, en su inglés afectado, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Rosalyn Higgins. La decepción de la delegación argentina, apoltronada en el Gran Salón del Palacio de la Paz, tuvo su espejo, a 12 mil kilómetros, en los vecinos de Gualeguaychú, ubicados a la madrugada frente a una pantalla gigante con el primer plano de la jueza, vestida con toga negra y pañuelo blanco. El tribunal rechazó por catorce votos contra uno, el pedido para frenar la construcción de las plantas de Botnia y Ence en Fray Bentos. La Cancillería se empeñó en poner énfasis en que el fallo no cierra las puertas y con nuevas pruebas el escenario podría cambiar. Para el Gobierno, la continuidad de la causa es central para obstaculizar el financiamiento a las pasteras. Pero no oculta la fuerte preocupación por la amenaza del retorno de los bloqueos a los puentes.

La resolución de la Corte Internacional permite que las empresas sigan adelante con sus obras frente a Gualeguaychú. El argumento central es que el gobierno argentino no exhibió suficientes pruebas de que la instalación de las fábricas “generaría un riesgo inminente de perjuicio irreparable para el medio acuático del Río Uruguay o para los intereses económicos y sociales de las poblaciones ribereñas”. Para el tribunal no quedó demostrado “hasta el momento” que exista una amenaza ambiental ni en la etapa de construcción ni en la puesta en funcionamiento de las plantas.

Argentina había pedido que el tribunal dictara una medida cautelar hasta que se pronunciara sobre el tema principal: si el gobierno de Tabaré Vázquez violó o no el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, al decidir en forma unilateral el emplazamiento de las dos pasteras, eludiendo toda discusión y consulta. Esa definición puede tardar hasta cinco años.

La Corte sostiene que si llegara a existir riesgo de polución tampoco “reviste carácter inminente teniendo en cuenta que la explotación de las plantas no comenzará antes de agosto de 2007 (Orion, la de Botnia) y junio de 2008 (CMB, la de Ence)”, según las previsiones empresarias. Luego hizo hincapié en que es misión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) “velar por la calidad de las aguas reglamentando y restringiendo al mínimo el nivel de contaminación”. En ese el ámbito “significativo”, señala, ambos países deberían “cooperar de buena fe”, encauzar sus diferencias y proporcionarse “información esencial”.

En La Haya, la noticia fue recibida en la sala de audiencias de enormes vitraux de colores y estilo neogótico, por una pequeño equipo encabezado por Susana Ruiz Cerrutti, jefa de la consejería legal de la Cancillería argentina. “El no de la Corte no es definitivo”, evaluó la funcionaria. “Nos dijeron que no por el momento, más teniendo en cuenta el estado de los trabajos. Ence no empezó y Botnia sólo construyó el 25 por ciento, las plantas no existen”, enfatizó. Destacó, además, un punto donde el tribunal dice, textual, que “Uruguay asume necesariamente el conjunto de riesgos” sobre lo que la Corte pueda decir en otra instancia y que no hay que excluir “la posibilidad de una decisión judicial que disponga el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de las obras” si se demostrara el daño ambiental irremediable.

En esa línea, la Cancillería difundió un comunicado en el que elogia que el fallo “no prejuzga sobre el fondo de la controversia”. Dice que

“recoge con interés la invitación a presentar una nueva solicitud de suspensión de las obras” con pruebas nuevas y el hecho de que se reconozca la aplicación de “Estatuto del río Uruguay”, que es la base del reclamo y un punto en que el país vecino, durante los alegatos de junio buscó gambetear. El Gobierno, dice el texto oficial, seguirá “promoviendo” la causa y sus intentos por “asegurar que las obras proyectadas no afecten los intereses de nuestro país”. El jefe de la delegación uruguaya, el embajador en París Héctor Gros Espiell, se mostró sorprendido pero se cuidó de no hacer demasiada alharaca. “Es muy significativo el fallo que se ha leído, el amplio fundamento jurídico del tema. Se logró una rara unanimidad”, celebró. Tampoco ocultó su temor por el retorno de los cortes a los pasos fronterizos y dijo que su país es consciente de que ahora tiene que seguir trabajando sobre la discusión central, que aún está por verse.

El único voto entre los quince miembros del tribunal que se inclinó por frenar las obras de las celulosas fue el de Raúl Vinuesa, que en realidad es un juez ad hoc, nombrado por Argentina especialmente para este caso. Dijo que sugería esa medida provisional hasta que el gobierno uruguayo notificara el absoluto cumplimiento de las obligaciones que le impone el estatuto del río compartido. Por reglamento cada parte nombró a un magistrado. Uruguay nombró al español Santiago Torres Bernárdez.

Durante la sesión la platea estuvo llena de estudiantes y diplomáticos de varias embajadas. Hubo prensa de los países en pugna, y llamó la atención la gran cantidad de periodistas finlandeses, atentos al futuro de Botnia.

Después de la solemne lectura del fallo, Ruiz Cerrutti llamó rápidamente por teléfono al canciller Jorge Taiana. Con la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, que ya estaba en Gualeguaychú con los ambientalistas, conversó cuarenta minutos. Picolotti tenía la misión de convencer a los vecinos de la inconveniencia de retomar los cortes a los puentes, tanto para el devenir del juicio en La Haya como para el que inició Uruguay en el Mercosur alegando pérdidas económicas.

La jueza Higgins llamó más tarde a los dos equipos a una reunión para discutir los próximos plazos en esta pelea judicial internacional. Cada Estado tendrá que presentar sus argumentos sobre la violación del tratado del Río Uruguay por escrito. Argentina pidió cinco meses, Uruguay reclamó diez. Ante la discrepancia, la Corte fijará los topes en unos quince días.

“Siempre supimos que no pedíamos algo fácil, pero vemos gestos positivos en el fallo”, dijo a Página/12 Raúl Estrada Oyuela, responsable de Medio Ambiente de la Cancillería. Señaló, como alentador, un punto de la que dice que la Corte “es consciente de las preocupaciones expresadas por la Argentina en cuanto a la necesidad de proteger su medio ambiente”, que “no es una abstracción, sino el espacio donde vive los seres humanos y del cual depende su calidad de vida y su salida, así como las de las futuras generaciones”. El tribunal recordó que ya lo dijo en un fallo anterior, donde advirtió que los Estados están obligados a que las “actividades desarrolladas bajo su control respeten al medio ambiente de los otros Estados”.

Estrada Oyuela dijo que el Gobierno se jugará una de las cartas más fuertes a lograr “el estrangulamiento financiero” de las papeleras a través de medidas que desalienten a los organismos de crédito a solventar sus obras. Mantener la disputa en La Haya apunta a eso, sostuvo, pero tampoco se descarta el diálogo con las compañías, sobre todo con Ence, ni la negociación diplomática.