Lo urgente, evitar la vuelta de los cortes permanentes. Lo importante, realizar una lectura positiva de la resolución adversa a la Argentina del Tribunal Internacional de La Haya. Desde bien temprano, el Gobierno tenía en claro ayer esos dos objetivos y trabajó para alcanzarlos. Pero no tuvo los resultados esperados. Pese al esmero en divulgar que el pleito judicial por la instalación de las fábricas pasteras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos aún no ha concluido, los asambleístas de Gualeguaychú rechazaron trasladarse a Buenos Aires para reunirse con funcionarios oficiales y anunciaron para hoy una caravana sobre la Ruta 14.

La invitación a los asambleístas al Palacio San Martín era para el próximo martes. Allí los iban a recibir el jefe de Gabinete, Alberto Fernández el canciller Jorge Taiana, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Los asambleístas dijeron que si quieren reunirse con ellos, que los funcionarios se trasladen a la provincia.

Además de conversar sobre el diferendo, el encuentro iba a servir al Gobierno para ganar tiempo y licuar cualquier atisbo de medida de fuerza en Gualeguaychú. La caravana dispuesta anoche y la declaración de “persona no grata” al presidente uruguayo Tabaré Vázquez complicó los planes. El bloqueo de rutas internacionales es un problema extra para Néstor Kirchner en el marco de la estrategia regional. La próxima semana habrá un encuentro del Mercosur en Córdoba y el Presidente no quiere tener a los cortes como telón de una cumbre en la que participará su par uruguayo.

Kirchner, Taiana, Busti, Fernández y Picolotti conversaron ayer, personal y telefónicamente, sobre los pasos a seguir. Hacia fuera hubo un mensaje positivo de lo que, en clave futbolística, fue una derrota por goleada. Expresaron, por ejemplo, que el fallo deja abierta la puerta para seguir aportando elementos que modifiquen a futuro la actual decisión de la Corte respecto de la habilitación de las pasteras. En diálogo informal con Página/12, Taiana desarrolló esa lectura. “Hemos recibido garantías de que la edificación no es irreversible. El Tribunal lo dice expresamente y admite la posibilidad, en caso de probarse daño ambiental, de relocalización de las plantas, modificación del tratamiento de la materia prima o desarticulación de las construcciones”, expresó.

En el plano jurídico, el Ejecutivo no descarta –aunque no en el corto plazo– presentar una nueva medida cautelar en La Haya. El Gobierno la considera un elemento más de presión sobre las empresas y entidades financieras que facilitan los emprendimientos a la vera del río Uruguay.

Una de las cruzadas que se impuso Picolotti, aun antes de convertirse en funcionaria, fue interrumpir el auxilio financiero a las fábricas de Ence y Botnia. Con ese propósito prevé reuniones con representantes de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Hace rato que la administración kirchnerista promueve como una salida posible al conflicto la relocalización de las pasteras. Ence conversa reservadamente sobre el tema con el gobierno argentino. Lo hizo en España, en la última visita de Kirchner, y lo siguió realizando extraoficialmente en las últimas semanas. Si bien Ence nunca reconoció públicamente la posibilidad de mudarse de Fray Bentos, en privado el tema se mencionó en más de una oportunidad. La empresa, según decodifican los negociadores argentinos, no está cómoda con la pelea.