El mismo día que anunció su decisión de no frenar las obras de las papeleras en Fray Bentos, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se reunió por la noche y resolvió acelerar el debate sobre la cuestión de fondo del pleito. Para eso, le notificó a la Argentina que en un plazo máximo de seis meses deberá presentar todos sus argumentos sobre la contaminación de las celulosas y la violación del Estatuto del Río Uruguay, por las que acusa al país vecino. El gobierno de Tabaré Vázquez tendrá, luego, el mismo lapso para defenderse. Para la Casa Rosada fue una “buena noticia” y la intención es llevar la documentación antes de tiempo. Allí evalúan que mantener la controversia en primer plano ayuda a disuadir a inversores y financistas. Apuestan, además, a que el juicio termine a fines de 2007, antes de que las plantas empiecen a funcionar, y que esta posibilidad apacigüe a los vecinos de Gualeguaychú.

Recién amanecía en La Haya cuando el embajador argentino, Santos Goñi, recibió un sobre sorpresa de la Corte Internacional con el nuevo cronograma. Pocos esperaban una definición tan rápida. Habían pasado menos de veinticuatro horas desde que el tribunal dio a conocer el fallo que rechazó el pedido para frenar la construcción de las papeleras de Botnia y Ence. Esa resolución decía que Argentina no aportó pruebas suficientes de la existencia de un daño inminente e irreparable para el río Uruguay o para los intereses económicos y sociales de la zona. Pero también dejaba en claro que no está todo dicho.

Ahora los expertos de la Cancillería tendrán que fundamentar el eje de la queja: que Uruguay violó el estatuto del río compartido, de 1975, al decidir en forma unilateral la instalación de las fábricas de pasta de celulosa sobre sus márgenes, sin aplicar los mecanismos de consulta previstos. En una audiencia celebrada el mismo jueves en el Palacio de la Paz de La Haya, luego del anuncio del fallo, Argentina pidió cinco meses para elevar la argumentación escrita. Su “memoria”, en la jerga técnica. Uruguay retrucó “diez”. El tribunal saldó la diferencia en pocas horas y le dio seis meses a cada país.

Lo más probable es que el gobierno argentino utilice el plazo que él mismo sugirió, o menos también, según explicaron voceros oficiales a Página/12. Apenas se presente, empezará a correr el reloj para los uruguayos.

Un comunicado oficial difundido ayer, firmado por el presidente Néstor Kirchner, reafirma la decisión de profundizar el reclamo en La Haya. Y manifiesta la aspiración de lograr los que agentes internacionales de crédito se abstengan de apoyar los emprendimientos de las papeleras (ver aparte).

En ámbitos oficiales se entusiasman con los tiempos previstos para saldar la cuestión de fondo. ¿A qué se debe el optimismo?

- Desde el ángulo jurídico, algunos conceptos que marcó la Corte al rechazar la medida cautelar, parecieron alentadores tanto para los expertos que viajaron a Holanda, liderados por Susana Ruiz Cerru-

tti, como para los que se quedaron acá. Por ejemplo, que los jueces hayan explicitado que todavía pueden disponer, textualmente, el cese de las construcciones o el desmantelamiento de las plantas de celulosa. Y que Uruguay asume ese riesgo.

- El plazo de seis meses otorgado ayer permite mantener la atención sobre la disputa en la Corte Internacional. Esto, analizan en la Rosada, ayuda a desalentar a inversores y entidades financieras, que carecen de garantías de que las papeleras sean una inversión segura. La Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, tiene pendiente la aprobación de créditos para estas empresas y la profundización de un estudio de impacto ambiental. Incluso en esta instancia judicial, Argentina puede aportar todos los datos nuevos que tenga y estudios que se produzcan.

- La Corte enfatizó que Argentina puede solicitar otra medida cautelar con nuevos elementos. La conveniencia de hacerlo se irá evaluando con los meses. Sería una alternativa viable, sugieren, si fracasara la estrategia del “estrangulamiento financiero”.

- Según los cálculos oficiales, en menos de un año habrá terminado la etapa de presentaciones escritas del pleito en La Haya. Entonces habrá, otra vez, alegatos orales y, al fin, el tribunal definirá todo. Hasta hace pocos días se hablaba de cinco años, lo habitual en estas controversias. Ahora las especulaciones apuntan a fines del año próximo. Para ese entonces la finlandesa Botnia dice que terminará su planta, mientras que la española Ence se propone mediados de 2008. “La sentencia definitiva podría ser antes de que empiecen a operar”, sacan cuentas en la Secretaría de Medio Ambiente. Este escenario, dicen, quizás aplaque las protestas de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, que es uno de los puntos que más les preocupa.