Por variados motivos las autoridades uruguayas recibieron con mucha prudencia el fallo del Tribunal de La Haya que no hizo lugar a la petición argentina para suspender la construcción de las “pasteras” en Fray Bentos. En Montevideo saben que la disputa está lejos del final, que el mismo Tribunal, en sus consideraciones, dejó abierta la posibilidad de otros veredictos distintos y que, por las mismas razones, los futuros beneficios para los inversores son de pronóstico reservado. En Gualeguaychú, ayer al mediodía, una impresionante caravana de autos, precedida por una asamblea comunal que terminó a medianoche del jueves, sirvió para absorber la frustración del primer round perdido y para ratificar la voluntad de seguir en la pelea, un sentimiento compartido por el Poder Ejecutivo nacional. Dentro de una semana, en la provincia de Córdoba, volverán a encontrarse los dos presidentes, Kirchner y Vázquez, en el plenario del Mercosur y aunque es improbable que vuelvan a repetir el error cometido en Chile durante la asunción de Bachelet, donde firmaron un acuerdo que luego no se pudo realizar, de nuevo tendrán la oportunidad de cruzar opiniones en la intimidad. Antes que cualquier otra chance, aún la judicial, sería preferible buscar nuevas vías para una solución consentida por el diálogo político, de mutua buena voluntad, sin vencedores ni vencidos. Ambos pueblos se lo merecen y los dos gobiernos, mientras sigan asociados en el Mercosur, tienen los deberes imperativos que surgen del espíritu y la letra de los tratados de integración.

En la política fáctica, por cierto, esto de los merecimientos y deberes más de una vez se convierten en meras abstracciones. No en vano el refrán popular asegura que “hecha la ley, hecha la trampa”. En Argentina, además, que vivió en la inestabilidad político-institucional durante más de la mitad del siglo XX, nadie puede garantizar todavía hoy, después de casi cinco lustros de formalidad democrática, que alguna norma o ley sancionada ayer no será reemplazada mañana por otra diferente. Por eso, la ciudadanía permanece más bien indiferente a los debates legislativos puesto que la experiencia indica que la oposición suele borrar con el codo lo que escribió con la mano cuando cambia de lugar y se hace oficialismo. Este tipo de flexiones y de inconsistencias es una de las causas últimas que han vaciado de adhesión popular a las instituciones representativas como las dos cámaras del Congreso nacional, y han reforzado la autoridad presidencial ya que sus decisiones suelen afectar la vida cotidiana de la población con mayor rapidez y eficacia. No es en vano que, a menudo, los reclamos populares solicitan la intervención presidencial pero nunca apelan a quienes deberían considerar como sus delegados directos, los congresistas. Tampoco es frecuente encontrar a diputados o senadores, salvo excepciones, participando de movilizaciones populares, por muy legales o legítimas que sean sus banderas.

Así, quienes tuvieron la paciencia y el tiempo de seguir las largas horas de competencia oratoria en el Senado nacional a propósito de la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de la concesión de facultades excepcionales permanentes al jefe del Gabinete de Ministros para modificar el destino de partidas del presupuesto nacional, hayan terminado con la sensación de que los senadores estaban administrándose dosis masivas de placebos. Definición del diccionario: Placebo es la sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce alguna sensación curativa en el enfermo si éste la recibe convencido de que así será. Ciertos tipos de placebos son de uso frecuente para la cura de adicciones a narcóticos y otras drogas. La convicción del Gobierno de que necesita esos instrumentos para cumplir con la gestión que le compete suena tan exagerada como la conclusión opositora que si los concedía estaba contribuyendo a consagrar un presidencialismo absolutista, autoritario, paternalista, populista y de vocación hegemónica. La diputada Elisa Carrió, por ejemplo, aseguró que el oficialismo usará esas atribuciones con fines de corrupción, pero resulta que su propia autoridad política está lastimada desde que tuvo que resignar la jefatura de su partido, ARI, que la llevaría en 2007 como candidata a la Presidencia de la Nación, porque corría el riesgo de múltiples fracturas o el trasvasamiento de algunos cofundadores a posiciones coincidentes con el gobierno que ella llama “fascista”, en descomedido uso de las ideas y de la lengua.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado se encargó de fundamentar el rechazo a los dos proyectos del Poder Ejecutivo y hasta se retiró del recinto al final de la última sesión, según sus voceros, fatigado de recibir agravios de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Algunos radicales consideran que el verdadero agravio consiste en que el Poder Ejecutivo usará las facultades excepcionales para seducir a gobernadores y a intendentes de ese partido, con lo cual agreden a los correligionarios dando por supuesto que todos tienen precio. En realidad el éxodo tiene más que ver con la tremenda crisis interna de la UCR de la que no logra recuperarse, puesto que en este país de organización federal pero de prácticas unitarias, la dependencia de las provincias y las intendencias de los presupuestos nacionales es más antigua que la convivencia democrática. Dicho de otro modo: los radicales que aceptan la “convergencia plural” están huyendo de un territorio tan yermo que el mejor candidato propio a presidente lo quieren importar del peronismo. ¿O acaso durante los treinta meses que Roberto Lavagna gestionó la economía oficial, el reparto se hacía de un modo diferente? Ojalá los próximos debates en Diputados, por los mismos temas, no sean otra aplicación de placebos, sin ningún efecto terapéutico real sobre las deficiencias del actual modelo democrático y las carencias de las representaciones institucionales.

En medio de estos fragores, la senadora y el Presidente aprovecharon la ocasión para disparar severos juicios críticos contra algunos periodistas y medios de prensa. Como los políticos son “gutemberianos” sus referencias están casi siempre dirigidas a la prensa escrita antes que a la audiovisual. ¿Será por eso que este gobierno no tuvo problemas ni críticas para extender por DNU las concesiones de radio y televisión por diez años a sus actuales propietarios? Como sucede entre los militares y los obispos, los periodistas tienen el reflejo fácil para abroquelarse en el espíritu corporativo cada vez que algunos de sus miembros están bajo ataque, excepto que sea bajo una dictadura donde la solidaridad puede costar la vida. No es el caso y más aún: ¿no están dando por el pito más de lo que vale? Cierto es que no se puede gobernar una democracia sin antagonistas y ya que la política no los provee, la Iglesia y los militares no convienen, hay que cultivarlo en algún cantero. Perón, en su tiempo, hizo famosa esta sentencia: “Me echaron con toda la prensa a favor y volví con toda la prensa en contra”. En la Unión Soviética había un estricto control sobre el periodismo escrito y electrónico, pero eso no impidió su derrumbe. Esto es: la prensa no tiene tanto poder como el que le gustaría tener y que, a veces, finge poseer. Con las críticas que vienen desde arriba suele presentarse otro peligro: hay sargentos de infantería, en ocasiones periodistas devenidos en funcionarios, que reciben el mensaje como una orden para uniformar los discursos y proceden a purgar de los medios estatales a todo el que sea sospechoso de no profesar lealtad a la palabra gubernamental. Grave error, porque así lo único que consiguen es conservar la audiencia de los convencidos, puesto que los demás prefieren a los críticos ya que el ciudadano común siempre sospecha de los poderosos, aunque los apoye en las urnas. Algunos medios y periodistas de reflejo fácil, a la primera crítica comenzaron a rasgarse las vestiduras con triviales referencias a la “prensa independiente”. Si quieren decir que no dependen de las empresas comerciales que controlan los medios de difusión de propiedad privada, que no dependen de los anunciantes comerciales y hasta de la publicidad del Estado, y que no dependen de mantener contentas a las audiencias, alguien los mantiene engañados. Todavía más: la propiedad se ha concentrado y hasta se ha extranjerizado (o transnacionalizado), como en el resto de la economía. Cualquier periodista con un mínimo de experiencia aprende ante todo lo que no puede decir o hacer en el medio que lo contrata, porque todas las empresas tienen intereses diversos, ideológicos o comerciales, propósitos de lucro y líneas editoriales, “los valores de la casa”, cuyos límites no se pueden traspasar, aunque algunas sean más flexibles o tolerantes que otras. Una mirada a la historia del último siglo probará, además, que la prensa en más de una ocasión se dejó usar como instrumento para desestabilizar a un gobierno constitucional (el gobierno de Arturo Illia es emblemático.) Nadie ignora, tampoco, que los más antiguos y principales medios callaron o consintieron durante el terrorismo de Estado, mientras un centenar de periodistas perdía la vida, y que después, en democracia, nunca hicieron la autocrítica que se les exigió a las demás corporaciones. A ver si como en el cuento de Caperucita Roja, se confunde al lobo travestido con la abuelita.

El Gobierno tiene todo el derecho a criticar a los medios y a los periodistas que respaldan sus opiniones o comentarios con la firma personal, pero si quiere probar o desmontar una conjura deberá criticar con nombre y apellido a los propietarios de esos medios, últimos responsables prácticos y legales de lo que allí se comenta o informa. De lo contrario, le pega al más débil o, en algunos casos, al sirviente más dócil. La sociedad, a su vez, tiene el derecho a recibir la mejor información, con la mayor honestidad o imparcialidad que las condiciones del medio permitan. Por eso, la mejor propuesta es democratizar siempre más los canales informativos, promoviendo los medios comunitarios, barriales, sectoriales, de organizaciones no gubernamentales, a fin de que el ciudadano no quede prisionero de una sola fuente. Con pocos DNU y algo de facultades excepcionales, si el Gobierno quiere cambiar las relaciones de la sociedad con la información, no serán demasiados los esfuerzos necesarios. Ahora, si quiere redimir a los extraviados, pierde su tiempo, porque cada uno puede extraviarse en nombre de la libertad con todo derecho. Como ya decía hace veintiséis años un informe de la Unesco sobre la comunicación social: “Un solo mundo, múltiples voces”.