OPINION
Por Edgardo Mocca *

Un problema de estilo político

Confieso que me resulta difícil entender por qué la no reglamentación durante casi catorce años de la disposición del artículo 99 de la Constitución Nacional reformada en 1994 no constituía la muerte de la república ni el asalto fascista al poder ni el regreso de Rosas con la suma del poder público y, en cambio, todas esas calamidades nos acechan ahora que el Poder Ejecutivo ha tomado la iniciativa de tal reglamentación.

La discusión sobre si la aprobación de la propuesta empeora o mejora la calidad institucional de la República está planteada en términos equívocos. Aun en el caso en que el Congreso convirtiera en letra muerta la formulación del proyecto que obliga a un “expreso e inmediato tratamiento” (dejando deliberadamente imprecisos los tiempos) de los DNU, una vez que venciera el plazo constitucional de diez días para el pronunciamiento de la Comisión Bicameral, la práctica jurídica no cambiaría en absoluto: los decretos seguirían teniendo vigencia indefinida, igual que ahora. Eso sin contar con que pasado un tiempo prudencial sin tal tratamiento, el decreto tendría muy pobre consistencia en sede judicial; difícilmente se podría considerar que, pasado, por ejemplo, un año, seguiría siendo posible un tratamiento “inmediato”.

De modo que me parece que el alboroto opositor no da en el blanco. No es cierto que el Congreso pierda atribuciones; mal puede perder lo que no tiene. La centralidad decisoria de los gobiernos y el “ocaso de los legislativos” es un fenómeno de alcance internacional y no transcurre solamente en nuestro país. Los críticos acérrimos de esta medida podrían tomarse el trabajo de averiguar qué capacidades tiene la oposición en el parlamento británico para cambiar el contenido de las propuestas legislativas del oficialismo.

Ahora bien, de lo que sí puede hablarse es de un comportamiento gubernamental poco propenso al diálogo; algo así como una confusión entre deliberación y debilidad. El entusiasmo con que el gobierno fustiga a la oposición por sus compromisos con el pasado no es un recurso feliz, sobre todo porque muchos de sus componentes y adherentes han tenido también grandes responsabilidades en ese pasado. Parece que le resulta difícil comprender al oficialismo que el diálogo puede proveer fuerza adicional a la ya considerable fortaleza que le brinda el apoyo popular. Reproduce una lógica decisionista que se ha mantenido incólume cualquiera haya sido el signo político del gobierno en los últimos años. Se podía y se puede negociar; tanto en el tema de la revisión parlamentaria de los DNU como en el de las atribuciones del jefe de Gabinete para desviar partidas presupuestarias, asignadas por el Congreso: con un límite razonable de tiempo en un caso y de montos de dinero en el otro, se alcanzan resultados muy parecidos a través de métodos completamente distintos.

Y en la adopción de métodos sustentados en el diálogo y en el mutuo respeto político puede estar una de las claves para que la recuperación argentina logre asentarse sobre bases sólidas y duraderas.

* Politólogo.

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OPINION
Por Marcos Novaro *

Una señal para el peronismo

No todos los gobiernos han hecho uso de las delegaciones excepcionales. Cuando fue utilizada, se justificó por la emergencia, que ha sido visible para todos los gobiernos, por lo que no hubo mayor censura pública.

La novedad en el debate actual es que la emergencia es difícil de especificar. La situación económica y fiscal del gobierno actual es mucho mejor que la de Alfonsín e incluso mejor que la de Menem, que solo un año tuvo superávit fiscal. Este gobierno no sólo tiene superávit, sino también amplias mayorías parlamentarias, y acuerdos con los gobiernos provinciales.

Esto nos hace pensar para qué está reclamando los superpoderes. La cuestión es que quizá los necesita por otros motivos. Una de las razones es que estos superpoderes, si bien son resistidos por la oposición, van dirigidos a limitar el poder del peronismo. Es decir, la eficacia de la presión que los gobernadores, senadores y diputados peronistas pueden ejercer en momentos de penurias frente a un gobierno nacional. No está dirigido contra la oposición, sino contra el propio peronismo. Es un modo de asegurar que el Gobierno, cuando tenga dificultades, no tenga que negociar año a año eventuales recortes y asignaciones con los gobernadores.

En un sistema donde el poder central ha sido víctima de la presión facciosa de los gobiernos provinciales y del Senado, es razonable lo que está haciendo el Gobierno. Pero a la vez es un arma de doble filo, porque recurre más a la concentración de poder que a la negociación, como hacía Menem. A diferencia de lo que se cree, Menem fue muy generoso con su coalición. El menemismo permitió gobiernos provinciales bastante autónomos, incluyendo el de Duhalde. Kirchner no lo va a tolerar. La coalición actual depende más de su poder y no cede más que lo imprescindible. Eso funciona bien mientras la economía va bien. Cuando la economía deje de ir bien va a generar conflictos bastante fuertes. Y genera un empobrecimiento del juego político incluso dentro del peronismo, porque la dependencia de Kirchner tiende a ser total. No pueden surgir así figuras alternativas. Es probable que el peronismo se vea obligado a optar entre subordinación o ruptura.

No creo que haya que exagerar las discusiones en términos republicanos. Es excesivo lo del “fin de la república”, dado que el modo en que se manejó el presupuesto siempre ha sido muy opaco. El principal problema que he visto en la discusión es la falta de argumentos del propio gobierno: para argumentar se recurrió a esta idea de “nosotros somos oportunistas, pero los opositores también”. Es un argumento muy pobre.

* Investigador de Conicet. Autor de Historia de la Argentina Contemporánea.