Como parte de la estrategia de ahogo financiero a las papeleras de Fray Bentos, el Gobierno denunció a la empresa Botnia ante la Bolsa de Nueva York y la Comisión de Valores estadounidense. Los inversores “deben saber” que se arriesgan a cuantiosas pérdidas si apuestan a su proyecto, alerta en una carta enviada a las autoridades de ambas instituciones. El documento explica que la compañía finlandesa enfrenta procesos donde se le imputa “responsabilidad social y ambiental” por la instalación de una planta de celulosa frente a Gualeguaychú. Detalla que está en pleno trámite la causa que la Argentina inició contra Uruguay en la Corte Internacional (CIJ) de La Haya, que el banco holandés ING retiró su apoyo al emprendimiento y que dentro del propio país vecino fueron demandados los funcionarios que autorizaron las obras.

Desde que se conoció la decisión de la CIJ de permitir, por ahora, que continúe la construcción de las papeleras de Botnia y de la española Ence, el Gobierno se mostró decidido a insistir en dos líneas: poner energía en la demanda ante La Haya, donde aún no está definido el tema de fondo (si el gobierno de Tabaré Vázquez violó el estatuto del río Uruguay), y simultáneamente jugarse a obstaculizar el financiamiento a las empresas.

El presidente Néstor Kirchner pidió explícitamente el viernes que el “sistema financiero internacional se abstenga” de apoyar los proyectos. Más allá de la lógica del discurso público, existen distintas vías para desalentar a los inversores. Mantener al rojo vivo la causa en el tribunal internacional en Holanda, sumando allí la mayor cantidad de pruebas, es una. Presentarse en forma directa donde cotizan las acciones o ante organismos de crédito, es otra. La Comisión de Valores, además, podría difundir la advertencia argentina ante los financistas de la mayor Bolsa del mundo.

Botnia tiene pendiente el otorgamiento de créditos por cerca de 1200 millones de dólares, lo se que calcula que costará la planta Orion en Fray Bentos. Ence, que prevé ubicar su fábrica a sólo seis kilómetros, espera 600 millones de dólares. El paquete de financiamiento está ahora en suspenso, en gran medida por la presión argentina. La Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, una especie de llave maestra del dinero, evaluó que falta información sobre el posible impacto contaminante en el aire, el agua y los suelos, y acerca de la tecnología que se utilizará. Su palabra pesa en el rumbo que tome la banca privada (ver aparte).

Las presentaciones en Nueva York fueron una de las últimas movidas fuertes que hizo el Gobierno, el 30 de junio, cuando todavía ignoraba qué diría el fallo de la CIJ aunque ya lo palpitaba. También escrachó a Ence con una advertencia que dirigió a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), una de las que podría darle apoyo económico. Fue hace algo más de dos meses. Pero la realidad es que actualmente el Ejecutivo se muestra más amigable con la compañía ibérica, con la que logró iniciar conversaciones con miras a la posible relocalización de su planta, con la idea de alejar sus efectos del territorio argentino.

Con Botnia el vínculo es más belicoso. En marzo último, Kirchner y Tabaré Vázquez anunciaron un acuerdo para frenar las obras por noventa días a la espera de un estudio de impacto ambiental. Pero la finlandesa no se dio por aludida y Uruguay la respaldó con el argumento de que los bloqueos de los vecinos a los pasos fronterizos no se habían levantado de inmediato. Después, la Argentina hizo la denuncia ante La Haya, la única carta factible que le quedaba para descomprimir los ánimos de la asamblea ambientalista.

En los hechos, Botnia ya emplazó su chimenea, varios pisos de instalaciones y un puerto. Anunció que terminaría a fines del 2007. ENCE sólo tiene puerto y remueve la tierra, con la previsión de terminar en junio del 2008, mientras muestra apertura a negociar. “Buscaremos la mejor solución al menor costo”, dicen en la firma. “No es una buena ecuación tener a la Argentina armando lío todos los días”, reconocen. Las advertencias de la Argentina sobre Botnia ante la Bolsa en Wall Street y la Comisión de Valores –el organismo de control– fueron entregadas a sus máximas autoridades por el cónsul Héctor Timerman y su par en Washington, Rodolfo Cerviño. El 47 por ciento de la finlandesa pertenece a UPM-Kymmene, que cotiza en la Bolsa neoyorquina. “Es mi obligación enfatizar que la situación actual puede derivar en responsabilidades legales específicas y esto debe ser conocido por quienes negocian acciones de UPM-Kymmene”, dice el texto presentado, al que accedió Página/12. Y describe el escenario así:

- Que Botnia está “construyendo una planta en el margen izquierdo del río Uruguay con capacidad de producir más de un millón de toneladas de pasta de celulosa por año”. Que la Argentina denunció el 4 de mayo al gobierno vecino ante la Corte Internacional de Justicia por permitir unilateralmente la instalación de la planta, violando el estatuto del río Uruguay. Esa causa, subraya, está en pleno trámite.

- Recuerda que los mecanismos de consulta no sólo son obligatorios, según el acuerdo del río fronterizo, sino que son ineludibles por las normas europeas de preservación del medio ambiente con consenso mundial.

- Pone el acento, también, en que todavía no se dispone de evaluaciones serias e independientes de impacto ambiental. Y que la Corporación Financiera Internacional señaló “las falencias en los estudios” de ese tipo que presentó la empresa.

- En marzo último, recuerda, el banco internacional holandés ING Group se retiró del proyecto para solventar a las papeleras, ante las objeciones y la incertidumbre.

- En Uruguay, agrega, una fiscalía “inició una causa judicial contra los funcionarios que autorizaron las obras de Metsä-Botnia”.

Cuando no era aún secretaria de Medio Ambiente, la abogada Romina Picolotti fue encargada de buena parte de la táctica de la asfixia financiera. Lo hizo por fuera del ámbito gubernamental, como patrocinante de los vecinos de Gualeguaychú y desde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), que ahora quedó a cargo de su marido, Daniel Taillant. Rastreó qué agencias y bancos tenían solicitudes de préstamos para las papeleras de FrayBentos y qué principios de responsabilidad social están obligados a cumplir. Los demandaron, entonces, ante sus propios directores, sus accionistas y Naciones Unidas (ver detalles aparte).

La apuesta de máxima del gobierno argentino sería que las papeleras se retiraran, pero la realista es forzarlas a negociar alternativas, mostrando ante el mundo sus proyectos como opciones económicas de alto riesgo. Apenas asumió en su nuevo cargo, Picolotti dijo que “la solución” sería la “relocalización” de las pasteras. Un funcionario de la Cancillería invoca a los inversores y se entusiasma: “Ahora tenemos la tarea diaria de llenarles la cabeza”.