El fiscal Federico Delgado reclamó que se investigue al ex titular del PAMI durante el menemismo, Víctor Alderete, por su participación en una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas que entre sus objetivos comerciales tenía el de vender armamento. En un dictamen presentado ayer al juez federal Daniel Rafecas, el fiscal Delgado reclamó que se investiguen los delitos económicos cometidos al amparo de la dictadura. Delitos que no dudó en calificar como parte de la “comercialización del terror”. Tal como adelantó este diario el 5 de enero de 1997, una semana antes de su asunción al frente de la obra social de los jubilados Alderete había sido síndico de la firma SMC, emprendimiento que tenía entre sus socios a los represores Ramón Camps y Guillermo Suárez Mason.

Para el fiscal Delgado, la dictadura militar otorgó verdaderas “licencias para delinquir a quienes formaban parte del régimen”. Luego de estudiar una serie de empresas vinculadas con los negocios sucios de los principales personeros del terrorismo de Estado, aseguró que “para sentar las bases de un nuevo patrón de acumulación se requería de un altísimo grado de concentración del poder”.

Aunque reconoce que a los delitos económicos no puede otorgárseles la categoría de crímenes de lesa humanidad, Delgado considera que es posible perseguirlos criminalmente por formar parte del mismo “plan criminal” impulsado por la dictadura. Por esto sostiene que “se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil”.

En su dictamen, Delgado sostuvo que “los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos”. En el análisis del fiscal, represión criminal y lucro económico fueron de la mano. Incluso señala la “desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder con el deliberado objetivo de despolitizar y recluir a la ciudadanía a ‘lo privado’ para ‘normalizar’ un momento de la historia que se percibía como amenazante para el orden social vigente”.

La empresa SMC tenía un registro amplio de actividades. Entre ellas figuraban desde la exportación o importación de frutos del país hasta la aleación de armamentos. Constituida ante escribano público el 19 de marzo de 1982, pero oficializada en el Boletín Oficial del 14 de abril de ese mismo año, del emprendimiento participaron además de Suárez Mason y Camps, el ex vocero de Alfredo Yabrán, el escribano Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge, el socio habitual de éste y futuro proveedor del PAMI, Roberto De Filipis.

Cuando asumió al frente de la obra social de los jubilados, Alderete negó haber pertenecido a SMC. “Es una lucubración falsa de alguien, pero yo tengo que cuidar a cuatro millones de personas y no me voy a entretener ahora con este tipo de cosas que hacen que los funcionarios pierdan tiempo”, dijo el último incondicional que tuvo Carlos Menem. No le faltó audacia a Alderete. Su desmentida se produjo una semana después de las primeras informaciones publicadas por Página/12. El artículo firmado por Susana Viau había sido acompañado por el facsímil del Boletín Oficial del 14 de abril de 1982.

En su dictamen, Delgado recordó el rol que Alderete tuvo en SMC. También reclamó que se investigue a Magister Seguridad Integral. Para el fiscal, hay “miembros vinculados orgánica e inorgánicamente a la SIDE”, cuando la presidencia de la central de Inteligencia la ejercía el general Otto Paladino, durante la última dictadura militar. Paladino no figuraba formalmente, pero sí su esposa Haydée Raquel Calcagno de Paladino y su hija María Magdalena Paladino. Eduardo Alfredo Ruffo (un “inorgánico” de la SIDE) y Jorge Vicente Rizzaro (padre de Jorge Omar y Carlos Patricio Rizzaro, sobrinos de Aníbal Gordon) también formaban parte del emprendimiento, sobre el que Delgado sostiene que se trataba de una fachada. Además de participar en el centro clandestino de detención Orletti, todos ellos formaron parte de la banda de Gordon, acusada en varios secuestros extorsivos.